La Asamblea Nacional reunida en Samborondón, este 25 de febrero de 2026, aprobó en segundo debate el proyecto de ley que fortalece el modelo de educación dual, que en el Ecuador no contaba con un marco legal, y que busca empatar la educación con el empleo y los sectores productivos del país.
El proyecto se denomina Ley orgánica para la reactivación económica, a través del fortalecimiento de la vinculación del sector económico productivo con la educación, y fue de autoría de la asambleísta oficialista Valentina Centeno, presentado en septiembre de 2025.
El debate sobre este marco regulatorio estuvo matizado por cuestionamientos de la oposición respecto de la constitucionalidad y alertas sobre una posible precarización laboral con los jóvenes.
Publicidad
La asambleísta Valentina Centeno (ADN) afirmó que el proyecto de ley busca enfrentar un problema persistente en el país: la falta de empleo, especialmente el desempleo, el subempleo y el empleo inadecuado. Señaló que esta iniciativa representa una alternativa para devolver la esperanza a miles de ecuatorianos que buscan oportunidades laborales reales.
Explicó que uno de los principales obstáculos para los jóvenes es la falta de experiencia, lo que les impide acceder a su primer empleo. En ese sentido, destacó que en Ecuador no existe un modelo dual lo suficientemente fortalecido que permita a los estudiantes adquirir y demostrar experiencia profesional mientras cursan sus estudios.
La propuesta plantea fortalecer a más de 209 institutos técnicos y tecnológicos, promoviendo la educación técnica y tecnológica como una opción sólida. Además, garantiza la gratuidad en la matrícula para aquellos estudiantes que posteriormente deseen continuar una carrera universitaria.
Publicidad
Actualmente, 6.300 estudiantes cursan estudios bajo modalidad dual, una cifra que Centeno considera insuficiente y que debe ampliarse. Por ello, la ley contempla la creación de comités público-privados para coordinar acciones entre el Estado, la academia y el sector productivo, así como incentivos para institutos y empresas participantes.
Además, se plantean incentivos para que el sistema funcione, incentivos con puntajes adicionales en acreditación y reconocimiento público a los institutos, a las empresas receptoras con créditos preferentes además y accesos a programas existentes.
Publicidad
La iniciativa incorpora, asimismo, un enfoque de inclusión y equidad, priorizando a mujeres, jóvenes rurales y personas con discapacidad, y deja claro que no se trata de una pasantía final, sino de una formación dual que se inicia desde los primeros semestres para desarrollar habilidades de manera integral.
La legisladora del movimiento Pachakutik, Mariana Yumbay desentonó el debate luego de la participación de los asambleístas Sergio Peña (aliado ADN) y Nathaly Farinango (ADN), quienes resaltaron la iniciativa legislativa del oficialismo. En cambio, Yumbay advirtió un vicio de inconstitucionalidad, porque el proyecto plantea incentivos tributarios para las empresas e institutos tecnológicos que se conecten con este propósito de educación dual.
Además, Yumbay afirmó que con esta ley se quiere entregar a los jóvenes a las empresas para que trabajen gratis. Dijo que está de acuerdo con la educación dual, y que así como se hace referencia el caso de Alemania y España, se deben también observar los pagos mensuales que fluctúan entre 300 euros y 800 euros mensuales. “Aquí se quiere explotar a los jóvenes, aprovecharles”, sentenció.
Yumbay cuestionó que la legislatura no observe lo que determina la Constitución, donde se establece que solo el Ejecutivo puede presentar proyectos que creen y modifiquen impuestos o aumenten el gasto público. En este proyecto, explicó, contiene incentivos tributarios o genera obligaciones presupuestarias, sin iniciativa presidencial. “Estaríamos ya frente a un vicio de inconstitucionalidad formal”, advirtió.
Publicidad
También indicó que la educación no se puede convertir en un instrumento subordinado exclusivamente a la lógica empresarial; la autonomía universitaria es un principio constitucional y cualquier imposición obligatoria del modelo dual estaría vulnerando el artículo 355 de la Constitución, subrayó.
La educación dual no puede transformarse en una puerta de entrada a la precarización laboral. Se deben garantizar condiciones mínimas, remuneración justa, afiliación a la seguridad social y prohibición expresa de sustitución de empleo formal. Además, afirmó que con este proyecto las empresas utilizarán estudiantes como mano de obra sin remuneración.
El legislador de Sucumbíos, Juan Gonzaga (IND), dijo que antes de someter a votación del proyecto de ley se debe dar respuesta a la alerta emitida por su colega Mariana Yumbay (Pachakutik) respecto de los vicios de inconstitucionalidad tomando en consideración los pronunciamientos hechos por la Corte Constitucional. Al final se abstuvo en la votación.
Las legisladoras María Paula Villacreces (Tungurahua), Esperanza Rogel (Zamora Chinchipe), María Cristina Acuña (Pastaza) resaltaron la propuesta de ley presentada por la legisladora Centeno.
Este proyecto de ley no es inconstitucional, inconstitucional seguiría siendo “no permitir que los jóvenes podamos tener oportunidades reales, seguir permitiendo que los jóvenes no contemos con esta experiencia preprofesional avalada y que permitirá tener un primer empleo digno”, sostuvo Villacreces.
Jahiren Noriega, de la bancada Revolución Ciudadana (RC), advirtió que con esta ley se sepultan los derechos laborales de los jóvenes, pues dijo que “bajo la promesa de empleabilidad para los jóvenes quieren convertir a los estudiantes universitarios en mano de obra barata bajo el nombre bonito de educación dual”.
Noriega dio lectura al artículo 11 del proyecto de ley, referente a la relación de los estudiantes con las entidades receptoras, donde se señala que la relación con los estudiantes en formación dual será exclusivamente con fines pedagógicos y de aprendizaje, sin que aquello implique ninguna relación laboral. Este apartado es peligroso porque “estamos hablando de trabajo gratuito por parte de los jóvenes hacia las empresas”, dijo la asambleísta.
Además, dio lectura al siguiente párrafo en el que señala que “las instituciones de educación están obligadas a asegurar a sus estudiantes con una póliza básica”. Este, según Noriega, no significa un esquema de protección social proporcional al tiempo que los estudiantes van a entregar en el entorno productivo.
“La educación dual por supuesto que es un modelo de estudio que se tiene a nivel internacional, un modelo pedagógico totalmente válido. Pero tal y como está planteado en esta ley solo significará precarización laboral”, subrayó la asambleísta de la RC.
Inmediatamente, la asambleísta ponente Valentina Centeno tomó la palabra para mocionar la aprobación del texto íntegro del proyecto, pero antes dijo que “aquí lamentablemente no hacen ni dejan hacer. Lamentablemente, parece que no tienen conocimiento de lo que necesitan y piden los jóvenes en territorio. Los jóvenes necesitan empleo y necesitan poder tener experiencia adquirida desde que estudian”, afirmó.
Indicó que en el mismo artículo 11 que leyó la asambleísta Noriega, en el último párrafo, está prohibido para las empresas asignación de tareas o actividades ajenas a la formación académica del estudiante. Está terminantemente prohibido no solo por ley, sino que además en cada uno de los convenios que se firmen con las empresas que esto se trate de una relación laboral, sino que es relación netamente de aprendizaje.
¿Por qué negarles ese contacto con la vida real, con la industria, con los sectores, con los servicios, con el campo?, preguntó Centeno, quien afirmó que ha quedado claro que no se trata de precarización laboral, se trata de una oportunidad para implementar un modelo adecuado a las necesidades de que los jóvenes puedan estudiar y aprender haciendo, tener experiencia desde que estudian. (I)
