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Asamblea aprueba informe sobre el caso Bernal y establece responsabilidades políticas del Gobierno

El Parlamento resolvió hacer a la CIDH una solicitud de audiencia temática para el próximo periodo de sesiones sobre femicidios en Ecuador.

La Asamblea Nacional aprobó el informe sobre el caso Bernal en el que identifica responsabilidades estatales y políticas. Foto Cortesía www.asambleanacional.gob.ec

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Con 96 votos, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó la noche de este 17 de noviembre el informe no vinculante de la Comisión por la Verdad, Justicia y Reparación en el caso María Belén Bernal Otavalo, abogada quiteña presuntamente asesinada por su pareja, el oficial de la Policía Germán Cáceres.

En el documento se concluye que hay responsabilidades estatales y políticas por todas las vulneraciones de derechos ocurridas en torno a la desaparición y femicidio de Bernal.

Las estatales recaen sobre la Presidencia de la República, la Secretaría Nacional de Seguridad Pública y del Estado, el Ministerio del Interior, la Comandancia General de Policía y la Secretaría de Derechos Humanos; y las políticas, en el presidente de la República, Guillermo Lasso; el secretario nacional de Seguridad Pública y del Estado, Diego Ordóñez; el exministro del Interior Patricio Carrillo; el comandante general de la Policía, Fausto Salinas; y la secretaria de Derechos Humanos, Paola Flores.

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Se resolvió, además, entregar el informe a la madre de María Belén Bernal Otavalo, Elizabeth Otavalo Paredes, a través de Secretaría General, y publicarlo en la página web de la Asamblea Nacional.

Asimismo, el texto establece que cada 25 de noviembre en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Asamblea –a través del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres– realice eventos de capacitación dirigidos a erradicar la violencia contra la mujer en los contextos institucionales.

El documento será notificado a las entidades señaladas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), elevando una solicitud de audiencia temática para el próximo periodo de sesiones sobre femicidios en Ecuador, y al relator especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Diego García-Sayán.

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El pleno dispuso a la Comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Control Social el seguimiento trimestral e implementación de las conclusiones y recomendaciones del informe, y en 180 días deberá presentar su reporte.

La legisladora Ana Herrera, quien fue ponente del informe de la Comisión Ocasional, insistió en que existe responsabilidad política de los altos funcionarios del Estado y que esta se configura por las omisiones en el cumplimiento del deber que correspondía a las autoridades de la Policía Nacional.

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Seis asambleístas intervinieron en el debate para exponer, entre otros temas, lo que describieron como indiferencia demostrada por las autoridades gubernamentales en torno al caso de María Belén Bernal; cuestionar la actuación de la justicia ecuatoriana que, a criterio de los legisladores, está en su peor momento de la historia; y, expresar su solidaridad con todas las sobrevivientes de los casos de violencia de género. (I)

Redacción
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