Informes de comisiones ocasionales de la Asamblea Nacional no son vinculantes, pero sus hallazgos pueden impulsar juicios políticos o aportar en la Fiscalía

La Ley Orgánica de la Función Legislativa contempla en su artículo 24 la creación de comisiones especializadas ocasionales, con opción a una sola prórroga de tiempo y que no pueden sesionar por más de doce meses. Las pueden proponer tanto el Consejo de Administración Legislativa (CAL) como los asambleístas, siempre y cuando motiven la necesidad y expongan las razones por las cuales el asunto no puede ser tratado en otra de las comisiones existentes.

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En los últimos cinco años se han creado más de una docena y varias de estas han estado relacionadas con temas o hechos de relevancia o conmoción nacional y aunque sus investigaciones no son vinculantes en caso de determinar responsabilidades políticas, pueden recomendar juicio político sobre alguna autoridad y servir de insumo para la Fiscalía, según indican exlegisladores.

La más reciente es la comisión ocasional de Verdad, Justicia y Reparación del caso María Belén Bernal, aprobada por el pleno de la Asamblea Nacional el pasado 27 de septiembre y que tiene hasta el 1 de noviembre para emitir un informe y determinar las responsabilidades políticas en la muerte de la abogada de 34 años, cuyo cuerpo fue encontrado luego de casi 12 días de haber desaparecido en el cerro Casitagua en Quito.

Henry Cucalón, abogado y exasambleísta, dice que las comisiones ocasionales siempre mezclan importancia con coyuntura y que deben tratar temas de trascendencia y del punto de vista de un análisis político, ciudadano y no jurisdiccional ni judicial.

“Son ocasionales porque son temas no permanentes, la ley no puede prever el tratamiento permanente de esa temática porque son temas que emergen”, explica, y dice sobre su validez que se debe tener en cuenta que los informes que se emitan no son vinculantes y que dependerá “de la madurez y racionalidad con la que se aborde el tema”.

Entre las comisiones ocasionales más relevantes de los últimos años está la del caso AAMPETRA, que en el 2017 se instaló para investigar los casos de abuso sexual a niños, niñas y adolescentes en escuelas y colegios del país.

El hecho que la originó fue el ocurrido entre 2010 y 2011 en la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari (AAMPETRA), del sur de Quito, en la que 41 niños y niñas de entre 9 y 10 años fueron sometidos a tratos crueles, violencia física, psicológica y sexual durante 11 meses por parte de su profesor, quien recibió una sentencia condenatoria por atentado al pudor, siendo esta la primera sentencia en materia de violencia sexual infantil en el Ecuador que contempla medidas reparatorias.

En los resultados que dejó esta comisión legislativa fue el impulso que dio a la inclusión en la consulta popular de 2018 de la pregunta para que no prescriban los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.

Un año después, en 2018, la Asamblea conformó la comisión ocasional para investigar la muerte del general Jorge Gabela, excomandante general de la Fuerza Área Ecuatoriana, asesinado en 2010 por un grupo de desconocidos que dispararon en los exteriores de su domicilio en Guayaquil.

En este caso Patricia Ochoa, viuda de Gabela, mantuvo la versión de que el asesinato de su esposo fue por las denuncias de presuntas irregularidades en la adquisición de siete helicópteros Dhruv que hizo la FAE en el 2008, en el gobierno de Rafael Correa, a la empresa hindú Hindustan Aeronautics Limited (HAL) por $ 42 millones, de los que cuatro se estrellaron y los tres restantes están inoperativos.

En la comisión ocasional se hizo la recopilación y análisis de la documentación relacionada con la muerte de Gabela y el pleno aprobó el informe de mayoría de la comisión y lo remitió a la Fiscalía. Entre sus hallazgos profundizaron la desaparición de un informe sobre la muerte del general realizado por un perito internacional, y entregado al entonces Ministerio de Justicia.

La exlegisladora del correísmo Marcela Aguiñaga formó parte de la comisión del caso Gabela y menciona que estas “son pertinentes y pueden ser una luz siempre y cuando se aborden con seriedad y no desde el show político como lamentablemente ya ha pasado en la Asamblea actual.

“El propósito de esta mesa legislativa es dar respuesta en el ámbito político a familiares y a la ciudadanía, espacio donde recibirán comparecencias de las partes involucradas, se recabará información que concluirá en un informe ante el pleno de la Asamblea; donde podrían determinarse responsabilidades políticas, recomendar juicio político sobre alguna autoridad y podría servir de insumo para la Fiscalía”, explica.

Otros hechos que derivaron en la creación de una comisión ocasional han sido el secuestro y asesinato del equipo periodístico de El Comercio en 2018 que trató la seguridad fronteriza y en 2019 para investigar los hechos relacionados con el paro nacional que vivió el país en octubre de ese año y que tenía como fin ejercer control político y fiscalización sobre las medidas tomadas durante las protestas, los hechos violentos y seguimiento del proceso de diálogo.

No obstante, este mecanismo se utilizó también hace varias décadas cuando existía el Congreso Nacional. En en 1982 y 1991 se crearon comisiones ocasionales para investigar la muerte del presidente Jaime Roldós el 24 de mayo de 1981. La primera pidió a la Policía de Suiza que realizara un peritaje a una de las turbinas del avión, el cual determinó que aquella estaba apagada al momento de la colisión.

Los diputados no pudieron determinar las causas de ese hecho, aunque mencionaron algunas posibilidades, como la falta de mantenimiento o contaminación del combustible.

Luego en 1991, a raíz de un artículo de la revista Life que señaló que los asesinatos de Omar Torrijos (presidente de Panamá) y Roldós habían sido ordenados por el general Manuel Antonio Noriega (que luego gobernó Panamá), el Congreso de Ecuador abrió una segunda indagación, liderada por el diputado Víctor Granda.

La Comisión concluyó que la tesis del accidente como hecho fortuito era “poco creíble” y planteó que, si bien no había pruebas, la muerte de Roldós pudo ser consecuencia de un atentado en el que confluyeron intereses internos y externos.

En tanto, sobre la comisión del caso Bernal, Cucalón menciona que la investigación del presunto femicidio se realizará para determinar alguna connotación que pueda tener responsabilidad del Estado, pero que jamás se podrá concluir que fue un crimen de Estado.

“Dependerá del manejo no politiquero, sino de una búsqueda de una verdad del punto de vista ciudadano, porque los asambleístas representan a los ciudadanos, lo que determinen es algo que puede aportar y no es para sentenciar, pero sí para ahondar en soluciones a una coyuntura o problemática”, subraya.

Por su parte, Aguiñaga dice que espera que la comisión “ejerza su rol de control político sin cálculos, pensando en la familia de la víctima y que el Ecuador los observa; hoy más que nunca se busca verdad, reparación y justicia”, apunta. (I)