El Gobierno de Ecuador ha dicho que el incremento de la tasa de seguridad del 50 % al 100 % a los productos que se importan desde Colombia responde a la persistente falta de cooperación del país vecino en el control de la criminalidad en la zona de frontera.
En su cuenta de la red social X, el pasado jueves, 9 de abril del 2026, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, lamentó que “no se puede llegar a acuerdos con quien no tiene el mismo compromiso para luchar contra el narcoterrorismo”.
Por su parte, su homólogo colombiano, Gustavo Petro, calificó la medida como una ‘monstruosidad’, pero este viernes, 10 de abril del 2026, igual resolvió aplicar una similar con base en el principio de reciprocidad.
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Analistas de Ecuador y Colombia consultados por EL UNIVERSO tienen opiniones divididas respecto al impacto que puedan tener las medidas en las políticas de seguridad de ambas naciones.
Para Wagner Bravo, general del Ejército en servicio pasivo y exsecretario de Seguridad Pública de Ecuador, no ha existido desde Colombia una respuesta para combatir un problema que es internacional, por lo que la decisión del presidente Noboa busca defender el bien común para los ecuatorianos, mientras que desde el vecino país Ecuador sigue recibiendo negativas para contrarrestar la violencia, la delincuencia y el narcotráfico.
“Ellos no han hecho nada por erradicar las plantaciones de hoja de coca y por contener que la cocaína que se produce pase al Ecuador. Más bien, lo que estamos teniendo son amenazas o acusaciones infundadas, como la del señor (Jorge) Glas, que ellos creen que es un preso político, cuando aquí hay juicios claros de actos de corrupción. Esta es una decisión política, pero el presidente de Colombia no ayuda, yo creo que por una ideología más del socialismo del siglo XXI”, enfatiza.
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Bravo analiza que el incremento de esta tasa de seguridad al 100 % está justificado y argumenta que, aunque hay gabinetes binacionales y la Combifron (Comisión Binacional de Frontera) para tratar temas de seguridad, además de una buena relación entre las fuerzas del orden de ambos países, esto es un “problema de decisión política que no ha aterrizado en hechos reales”.
“Por más que se haya conversado y analizado, no hay una decisión política que ayude a solucionar los problemas de violencia que tiene el Ecuador. En la coalición liderada por Estados Unidos para luchar contra el crimen organizado, no se toma en cuenta a los países que no tienen la decisión política de ayudarse entre sí, como México, Brasil o Colombia. Esto debe llamar la atención del pueblo colombiano, porque no se está atacando a Colombia, sino a las decisiones políticas que no ayudan a tener una mejor relación y seguridad en beneficio de ambos pueblos”, señala.
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El exfuncionario cree que esta medida del Gobierno ecuatoriano es necesaria pero debería ser temporal; a la vez que, añade, debería haber una presión internacional más grande que permita que Colombia “tome cartas en el asunto”.
Según Alberto Molina, coronel del Ejército en servicio pasivo y exgobernador del Guayas, con estos conflictos entre países la frontera puede volverse más porosa ya que, argumenta, “cuando no hay una actividad económica lícita, comienzan los contrabandos y hay inseguridad, porque estas bandas no solo se dedican al narcotráfico, sino que son contrabandistas asociados con bandas criminales que permiten los pasos ilegales”.
“Petro no va a hacer nada. Él ya está de salida. Como tiene vinculación con los grupos subversivos —fue miembro del M-19, como todos sabemos—, una de sus políticas ha sido la paz total, que desgraciadamente ha fracasado. Más bien hay una intensidad de los grupos subversivos, los disidentes de las FARC", resalta.
El experto sostiene que Ecuador debe reforzar más su presencia en las poblaciones fronterizas, que vaya más allá de la seguridad. “La mejor forma de tener unas fronteras seguras es con la presencia del Estado; es decir, con escuelas, carreteras, colegios, hospitales y apoyo al agricultor”, señala.
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Molina sugiere que lo que debería hacer el Gobierno ecuatoriano es esperar a que el presidente Petro deje el poder en Colombia, para luego conversar con el nuevo Gobierno de ese país, que saldrá de las elecciones del 31 de mayo.
De hecho, ese fue el anuncio que hizo el presidente Noboa en su cuenta de X la noche del pasado 9 de abril.
El mandatario sostuvo que en el futuro se podrá conversar con un Gobierno de Colombia que sí esté comprometido con combatir la delincuencia y el narcotráfico.
Desde Colombia, el analista y docente en seguridad y conflicto armado Jorge Andrés Rico Zapata refiere que, más allá de los impactos económicos, no habrá mayor repercusión, ya que la política de seguridad en Colombia, que de hecho es débil, dice, “está pasando por momentos muy críticos porque el modelo de la paz total no funciona”.
“Por ejemplo, en las mesas de negociación urbanas, como el caso de Medellín y Antioquia, estamos ante problemas graves de permisividad y búsqueda de garantías jurídicas para grandes criminales y capos del narcotráfico recluidos en una cárcel local, por parte del Gobierno, sin tener ningún mecanismo de verificación y comprobación sobre qué brindan a cambio estos criminales a favor de que disminuya el crimen y los delitos, entre ellos aquellos de conexión internacional”, manifiesta.
Añade que tampoco habrá ningún impacto positivo, además, porque en el periodo electoral en el vecino país “el incremento de presencia criminal y cooptación de los territorios con objetivos de acciones electorales a favor de lo que estos grupos deseen está en aumento”. “Continuaremos en dinámicas de crecimiento de la debilidad estatal y pocas acciones de búsqueda de mejora de las relaciones con Ecuador”, opina.
Efectos en las poblaciones de frontera
A Michelle Maffei, experta en seguridad, prevención del crimen organizado y relaciones internacionales, le preocupa que el aumento de los aranceles sea un incentivo para que el contrabando de productos se dispare.
Ejemplifica que no solamente los grupos de delincuencia organizada trafican droga, sino que otra forma también de generar capital criminal es vía tráfico de otros productos ordinarios.
“Sí, puede ser que en efecto Colombia no esté haciendo lo suficiente en su frontera, pero el punto estratégico de Ecuador es velar desde su frontera para adentro. No creo que esto va a generar una presión significativa para el Gobierno de Petro ni para el siguiente, porque ya están muy cerca de las elecciones. Entonces, sinceramente creo que es una medida más política que técnica”, puntualiza.
Lorena Villavicencio, especialista en seguridad y defensa, examina que este tipo de medidas genera más bien un impacto hacia las poblaciones fronterizas y precisa que, por la falta de acceso a fuentes formales de trabajo, estas poblaciones son vulnerables a tener fuentes de ingreso ilegales.
“Cuando se da este tipo de medidas arancelarias, aumenta el contrabando y esto genera espacios y vacíos en los que el Estado debe tener mayor control, a través de las Fuerzas Armadas”, dice.
A diferencia de Maffei, la experta considera que el incremento del arancel al 100 % sí es una medida de presión al Gobierno de Gustavo Petro, pero observa que ambos países no tienen en cuenta que los más afectados son la gente de la frontera.
Y esto, recalca, “influye en la seguridad porque incrementa el contrabando y los pasos irregulares que son propiciados por el crimen organizado”.
Al igual que Alberto Molina, Villavicencio indica que en la frontera debe haber una presencia real del Estado ecuatoriano, a través de la administración de los recursos básicos.
De su lado, Daniel Pontón, experto en seguridad y docente universitario, resalta que con el aumento de la tasa de seguridad Noboa no logra una mayor presión a Petro, y dice que el argumento que usa el Gobierno sobre la seguridad para adoptar este tipo de medidas arancelarias es más político que técnico.
El analista recuerda que el problema del control fronterizo es histórico, y no se puede cambiar de la noche a la mañana.
“No estoy justificando. Creo que Petro tiene muchos errores en su política de seguridad interna y de cultivos, pero el abandono de la frontera colombiana con Ecuador es histórico”, precisa.
Pontón apunta que “el aislacionismo puede ser contraproducente porque se rompen lazos de comunicación política y se debilitan relaciones bilaterales en materia de seguridad, que a veces funcionan automáticamente”.
Asimismo, el especialista en seguridad opina que el efecto político de esta decisión puede jugar un papel determinante en la ruptura de relaciones, por ejemplo, entre policías.
El catedrático anticipa que el incremento de la tasa de seguridad tendrá repercusiones en acciones descoordinadas, y esto, indica, “genera ventajas al crimen organizado”.
“El tema arancelario puede generar efectos en el contrabando de lado y lado, sobre todo del lado de Ecuador. Hay zonas fronterizas que se ven afectadas por el comercio, lo que repercute en el desarrollo fronterizo y aumenta las precarias condiciones de vida de ciertas poblaciones”, manifiesta. (I)
