La situación judicial del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, dio un nuevo giro este jueves 2 de abril de 2026. Aunque una sala de la Corte Provincial de Pichincha revocó la prisión preventiva en su contra dentro del caso Goleada, el funcionario continuará privado de libertad debido a otras dos causas en las que la medida sigue vigente.
La decisión fue adoptada por la Sala Especializada Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, que resolvió por unanimidad aceptar la apelación presentada por Alvarez, sus hermanos y otros procesados en el caso Goleada. En este proceso se investiga un presunto delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria, en el que hay doce personas involucradas.
Revocatoria en caso Goleada
Durante la audiencia, los jueces concluyeron que los elementos presentados por la Fiscalía General del Estado no son suficientes, por ahora, para sostener la acusación de delincuencia organizada con fines de lavado de activos.
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Según el análisis del tribunal, lo que sí se podría configurar es un posible acuerdo para la comercialización ilegal de diésel subsidiado, pero no necesariamente una estructura orientada al lavado de activos, como planteó la Fiscalía.
Con base en estos argumentos, la Sala revocó la prisión preventiva para Alvarez y otros procesados, y dispuso medidas cautelares alternativas.
Prisión por el caso Triple A
Pese a este fallo favorable en uno de los casos, el alcalde guayaquileño no recuperará su libertad. Esto se debe a que mantiene prisión preventiva en otras dos causas judiciales que siguen en curso.
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La primera es el denominado caso Triple A, en el que Alvarez es procesado junto a otras 21 personas —entre naturales y jurídicas— por el presunto delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de petróleo en gran escala.
En este proceso, el pasado 8 de marzo de 2026, un Tribunal de Garantías Penales acogió el pedido de la Fiscalía y sustituyó las medidas cautelares que tenía el alcalde por la prisión preventiva. La solicitud fue impulsada por la fiscal Ruth Amoroso, quien argumentó presuntas irregularidades en el uso del grillete electrónico que portaba Alvarez desde julio de 2025. Este caso ya se encuentra en etapa de juicio.
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Prisión por investigación por retiro del grillete
A este escenario se suma una segunda causa que también mantiene vigente la prisión preventiva. Se trata de la investigación por el presunto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, relacionada directamente con el retiro del grillete electrónico.
El 16 de marzo de 2026, el juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Samborondón, Ítalo Zambrano, acogió los elementos presentados por la Fiscalía y ordenó prisión preventiva contra Alvarez en esta causa.
Entre los elementos de convicción expuestos constan la denuncia presentada por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), informes de investigación y detención, así como versiones de los agentes que participaron en el operativo realizado el 10 de febrero, cuando el alcalde fue detenido en su domicilio.
La instrucción fiscal en este caso tiene un plazo de 90 días.
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El caso Goleada, en el que ahora se revocó la prisión preventiva, fue el primero en el que se dictó esta medida contra Alvarez. En febrero pasado, un juez especializado en delitos de corrupción y crimen organizado ordenó su detención junto a sus hermanos Antonio y Xavier.
Tras esa decisión, el alcalde fue trasladado inicialmente a la cárcel de Cotopaxi y luego, por razones de seguridad, a la cárcel de máxima seguridad conocida como Cárcel del Encuentro, en Santa Elena, donde permanece actualmente.
Sin embargo, con la resolución de este 2 de abril, la prisión preventiva en ese caso queda sin efecto, aunque en la práctica su situación jurídica no cambia debido a las otras dos causas en su contra.
(I)
