El juez anticorrupción Renán Andrade, la mañana de este viernes, 13 de junio, reinstaló la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra 22 personas naturales y jurídicas que son investigadas por el delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de petróleo.

La reinstalación de la diligencia se concretó pasadas las 09:00 de este viernes y una vez se cumplió con la incorporación de información en el expediente fiscal. La audiencia se suspendió el 27 de mayo pasado por disposición del juez de la Unidad Especializada en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado, pues se necesitaba que toda la información recabada dentro de la fase de instrucción fiscal esté ya en el expediente de Triple A y a disposición de los sujetos procesales.

A la diligencia asistieron de forma presencial Leonardo Alarcón, fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, y los abogados de la acusación particular y de las defensas de las 16 personas naturales, entre las que está el empresario Aquiles Alvarez, actual alcalde de Guayaquil, y seis personas jurídicas que han sido investigadas en estos 120 días de instrucción fiscal.

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Se ha anunciado que el alcalde guayaquileño se sume a la diligencia en el Complejo Judicial Norte, en Quito, cerca de las 11:00 de este viernes,13 de junio.

Se conoció que en esta primera parte de la diligencia se escucharán las alegaciones sobre posibles vicios que, según los acusados, generan nulidades procesales insubsanables y luego el juez Andrade analizará los pedidos de revisión de medidas cautelares solicitadas por varios de los procesados. El cronograma inicial señala que para esta primera parte de la audiencia se han reservado los días viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de junio, sin horarios definidos para su conclusión.

En ese momento la audiencia se suspenderá hasta el próximo viernes 20 de junio. Ahí se conocerá si el juez declara o no la validez procesal de todo lo actuado. De hacerlo inmediatamente se daría pasos al dictamen fiscal y a la presentación de la prueba pericial, testimonial y documental que evacuaría la Fiscalía en una eventual fase de juzgamiento. También intervendría la acusación particular y las defensas de los procesados. Para ello se ha separado la sala de audiencia para viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de junio.

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El fiscal a cargo de la investigación, Leonardo Alarcón, manifestó que un día antes del cierre de la instrucción fiscal, los sujetos procesales solicitaron diligencias que debía atender. Foto: Sugey Hajjar

El 10 de mayo pasado se completaron los 120 días de instrucción fiscal dentro del caso Triple A. El fiscal Leonardo Alarcón sostiene que existe una relación de las empresas investigadas con distribuidoras de combustible, entre las que se comercializaron, aparentemente de forma irregular, grandes cantidades de combustible sobre todo de diésel.

La Fiscalía asegura que varias estaciones que adquirieron el combustible se encuentran en zonas fronterizas mineras, por lo que se presume que el diésel subsidiado habría sido desviado a otros segmentos, para los cuales no está destinado ese beneficio, lo que se habría provocado un perjuicio al Estado ecuatoriano. Las empresas comercializadoras de combustibles bajo la lupa de la Fiscalía se habrían ubicado en los sectores automotor, industrial y naviero.

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El 16 de diciembre pasado arrancó la instrucción fiscal de Triple A contra Fernando V., José C., Lady C., Jessenia V. y Carolina T. y las personas jurídicas (empresas) Fuelcorp S. A., Codepesa S. A., Corpalubri S.A., Ternape Petroleum S. A. e Indudiesel S. A. Para el 10 de abril siguiente, el juez anticorrupción Andrade, por pedido de Fiscalía, decidió vincular a Alvarez y a otras diez personas naturales sospechosas y a la empresa Harsajudi S. A. (I)