Las fuerzas políticas ecuatorianas se muestran divididas ante los anuncios de movilizaciones para esta semana realizados por las organizaciones sociales. Unas las rechazan y piden respeto por los derechos de los que no participan en ellas y otras las aúpan y adelantan que también saldrán a las calles.

La primera movilización anunciada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y otros sectores indígenas será este 8 de marzo, que confluirá con otras acciones de los grupos feministas para la celebración del Día de la Mujer; y la siguiente se prevé para el 28 de marzo, con ocasión de la presentación en la Asamblea Nacional de un proyecto de Ley de Recursos Hídricos.

Y el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) dijo que realizará marchas el 14 de marzo. Aunque otros sectores, como el Frente Popular, se adelantaron y ya hicieron plantones el pasado 1 de marzo.

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Los voceros del Partido Social Cristiano (PSC) y el movimiento Sociedad Unida Más Acción (SUMA) señalan que el derecho a la protesta está garantizado en la Constitución de la República. Pero que esta debe estar enmarcada en el respeto a los derechos de los ciudadanos.

“Mantenemos la posición de toda la vida: el derecho a la protesta está garantizado en la Constitución, pero hay que respetar los derechos de los otros, de manera que no se atente contra las libertades o la integridad de las personas, los negocios, el trabajo de la gente. Nosotros no tenemos planificado participar porque son protestas ciudadanas, no de carácter político”, indicó Alfredo Serrano, presidente nacional del PSC, partido que ha sido crítico de Lasso.

En tanto, Guillermo Celi, director nacional de SUMA, comentó: “La protesta social en el marco de la democracia y el respeto de los bienes públicos y privados son mandato constitucional, lo que no vamos a permitir y no estamos de acuerdo es que el señor (Leonidas) Iza, que es un poncho dorado y solo defiende sus intereses y privilegios, quiera hacer politiquería en un momento en que el país está sumido en una gran depresión producto de la inseguridad, la falta de empleo y la migración”.

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Desde el Gobierno, la legisladora del movimiento oficialista Creando Oportunidades (CREO), Nathalie Arias, rechaza los anuncios. “Primero, porque aún recordamos las movilizaciones del año pasado como violentas, y por lo tanto, fuera del orden democrático y constitucional en relación con el derecho a la protesta pacífica; segundo, no solo por su naturaleza violenta sino porque constituyen una herramienta de amenaza al Ejecutivo y que se dan en un contexto en el que se busca sacar al presidente, aun cuando no existen causales. Otras consideraciones son las voces ciudadanas que se han levantado desde distintos gremios y grupos de la sociedad civil organizada, que valoramos enormemente porque más allá del respaldo al Gobierno como tal es un respaldo a la democracia, al orden constitucional y al derecho de los ecuatorianos a vivir en paz, trabajando por la reactivación”.

En cambio, Geovanny Atarihuana, director de Unidad Popular, señaló que la agrupación “estará junto a las mujeres y al Frente Popular el 8 de marzo, y junto al FUT el 14 de marzo, y en todas las movilizaciones en las que los indígenas y movimientos campesinos participen, para luchar por la vida, contra la corrupción y que se vaya Guillermo Lasso”.

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“Exigimos que la Asamblea enjuicie y destituya al presidente, y luego vendrá una sucesión constitucional. En todo caso, la solución final vendrá con un nuevo gobierno en las próximas elecciones”, sostuvo Atarihuana.

Marcela Aguiñaga, directora del movimiento Revolución Ciudadana (RC), expresó que no existe ningún acuerdo con la Conaie para respaldar sus medidas de hecho.

“A través de nuestros asambleístas, está siendo consecuente con el sentir ciudadano y su malestar con un gobierno que nada ha hecho por paliar el hambre, la inseguridad, el desempleo y la desatención. No hay ningún acuerdo con la Conaie, ellos responden por sus acciones, nosotros por las nuestras”, señaló a EL UNIVERSO.

En tanto que Alejandro Jaramillo y Javier Orti, dirigentes de la Izquierda Democrática (ID) y del partido Avanza, señalaron que sus agrupaciones aún no se reúnen para definir posturas. (I)

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