De concretarse la extradición pasiva solicitada por Estados Unidos contra el ecuatoriano Darío Javier Peñafiel Nieto, alias Topo, cabecilla del grupo de delincuencia organizada (GDO) Los Choneros, esta sería la tercera extradición de un connacional que se da desde Ecuador hacia otro país bajo el cambio constitucional que quedó aprobado en las urnas en abril de 2024, por el 64,34 % de los electores.

La consulta popular fue propuesta por Daniel Noboa al poco tiempo de ser elegido como presidente de la República para completar el periodo presidencial de Guillermo Lasso, quien decidió declarar la muerte cruzada. El objetivo de la reforma era abrir la posibilidad para que ecuatorianos buscados por la justicia ordinaria en otros países por delitos de impacto, como narcotráfico, crimen organizado y otros, puedan ser llevados desde Ecuador al país que lo requiera en extradición.

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El 22 de abril pasado, el presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Marco Rodríguez, como autoridad central en el tema de extradiciones en Ecuador, resolvió conceder una solicitud de este tipo hecha por Estados Unidos contra alias Topo. La extradición fue concedida a los seis meses de que quien es visto como mano derecha del narcotraficante José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, fuera detenido cerca de la comunidad de Limonchicta, cerca del cantón Tena, provincia de Napo, y más de quince días después que en la Corte Nacional se instaló la audiencia para conocer el proceso.

Rodríguez aseguró en su resolución que aprobó la extradición requerida por el Tribunal de Distrito Este de Nueva York (Estados Unidos) tras verificar el cumplimiento de la ley y recibir las respectivas garantías diplomáticas estadounidenses; es decir, que el solicitado no será sometido a tratos crueles o inhumanos, no recibirá pena de muerte y se respetará el debido proceso en el momento de ser juzgado por delitos de tráfico de drogas a gran escala y uso de armas de fuego.

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Alias Topo dijo no conocer de pedido de extradición hecho por Estados Unidos y no consintió el procedimiento. Mientras tanto, el defensor público de Peñafiel Nieto se opuso a la extradición afirmando que no se han adjuntado al pedido las garantías de que se respetarán sus derechos humanos, que no será sometido a tortura y a penas de muerte, e indicó que su representado tiene varias causas pendientes en Ecuador y que, mientras no se cumplan esas condenas, no podría ser extraditado.

Darío Javier Peñafiel Nieto asistió a la audiencia vía telemática desde la Cárcel del Encuentro, la cual está ubicada en la provincia de Santa Elena.

La reforma constitucional que permitió la extradición de ecuatorianos:

El reformado artículo 79 de la Constitución señala que la extradición se solicitará y se concederá de acuerdo con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales de los que es parte el Ecuador y, en lo no regulado en aquellos, por la ley.

Se fija en su segundo inciso que la extradición se concederá por los jueces establecidos en la ley, a solicitud de autoridad competente, por delitos tipificados como tales por la legislación ecuatoriana y con la condición de no aplicarse la pena de muerte y otras inhumanas, crueles o degradantes. Además, se aclara que no se concederá la extradición por delitos políticos y conexos, con la exclusión del terrorismo, los delitos contra la humanidad y otros establecidos en los convenios internacionales.

Alias Topo estaba en el radar policial ecuatoriano al ser considerado mano derecha de alias Fito, a quien conoció en una cárcel de Guayaquil y desde entonces se convirtió en un aliado del grupo delictivo. Era conocido por su accionar en actividades de minería ilegal que se desarrollan en la provincia de Orellana.

A lo largo de los años, alias Topo ha sido sentenciado por asociación ilícita, secuestro, asesinato y tráfico de armas. Cuando fue condenado, Peñafiel Nieto fue trasladado a Guayas para cumplir la pena.

Guayaquil, sábado 13 de septiembre del 2025.- Pasadas las 23 horas llegó hasta la pista de Aeropolicial Dario Peñafiel, alias 'Topo', objetivo de alto valor perteneciente al GDO Choneros Fatales. Fotos: César Muñoz/API

En 2023, tras cumplir los tres años de condena por asociación ilícita, Topo se acogió al régimen semiabierto. La justicia lo favoreció y fue liberado. Tras salir de la cárcel, Topo regresó a la Amazonía y desde allí comenzó a tomar control de ciertos cantones. Esto se produjo gracias a la confianza que generó con Fito, pero también provocó fraccionamientos y disputas.

En contra de quien fue el cabecilla de Los Choneros en la zona de Coca, en Orellana, existe una sentencia de 34 años de cárcel por el asesinato del oficial de policía Byron Morejón, en Lago Agrio. Este agente policial fue asesinado en mayo de 2024 y, por ese crimen, el 29 de julio del año siguiente un tribunal de la Corte de Sucumbíos sentenció a Peñafiel Nieto y a Julio Rosado.

En primera instancia, un juez de Lago Agrio, Byron Gavilanes, resolvió otorgar medidas alternativas a favor de alias Topo y en mayo de 2025 lo sobreseyó. Esa decisión fue apelada por la Fiscalía y magistrados de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos anularon el sobreseimiento, llamándolo a juicio.

“Tiene estrechos vínculos con el grupo armado colombiano disidente de las FARC Frente Carolina Ramírez y también es cabecilla de los Choneros-Fatales. Es importante señalar que alias Topo también es solicitado por la Corte de Justicia de Nueva York por los delitos de narcotráfico y lavado de activos. Este angelito le hará compañía a Fito muy pronto en Estados Unidos”, sostuvo el ministro John Reimberg.

El pedido de extradición de Estados Unidos en contra de alias Topo tiene origen en una decisión tomada por el Tribunal del Distrito Este de Nueva York (Brooklyn), el 4 de febrero de 2025. Esta sala estadounidense emitió una acusación formal en contra de alias Fito, jefe de Los Choneros, y dos de sus más cercanos en Ecuador, uno de ellos Peñafiel Nieto. Todos son buscados para ser juzgados en Estados Unidos por siete cargos relacionados con narcotráfico y tráfico de armas.

Alias ‘Fito’, procesado en Estados Unidos por siete delitos

Cinco meses después de esta acusación en Nueva York, el 20 de julio de 2025, alias Fito fue extraditado a Estados Unidos desde Ecuador; es decir, se transformó en el primer ecuatoriano extraditado bajo la nueva normativa que ya lo permitía.

En territorio estadounidense, quien fue el cabecilla máximo de Los Choneros es ya procesado y de arranque se ha declarado no culpable de los siete cargos imputados.

Luego de que la justicia de Estados Unidos entregó a la Corte Nacional de Ecuador las garantías solicitadas para avanzar en el proceso de extradición de Adolfo Macías Villamar, alias Fito, José Suing, presidente encargado del organismo, en julio de 2025 emitió una decisión favorable al pedido hecho por las autoridades estadounidenses.

El 15 de julio de 2025 llegaron desde Estados Unidos a la Corte Nacional las garantías solicitadas. Ese pedido se hizo la misma tarde del 11 de julio pasado, luego de la primera diligencia en este proceso de extradición pasiva. En esa audiencia, Macías Villamar aceptó la extradición propuesta desde Estados Unidos por el fiscal del Distrito Oeste de Nueva York, Joseph Nocella, quien firmó el documento con el que se oficializó a la justicia de Ecuador el pedido de extradición.

Alias Fito es procesado en territorio estadounidense por delitos de conspiración para la distribución internacional de cocaína, uso de armas de fuego para promover el narcotráfico, contrabando de armas de fuego desde Estados Unidos y conspiración para la compra de armas de fuego a través de testaferros. La aceptación de alias Fito abrió la posibilidad de una extradición simplificada, lo que significa que el proceso se acorta en lo que tiene que ver con los tiempos, pero se mantenían las exigencias en cuanto a los requisitos.

Adolfo Macías (c), alias 'Fito', junto al ministro del Interior, John Reimberg (d), luego de ser detenido por integrantes de la fuerza pública ecuatoriana. (Photo by Marcos PIN / AFP)

El caso de Luis Haro

En 2025, paralelamente al proceso contra alias Fito, la CNJ también analizó el pedido de extradición de Luis Gonzalo Haro Chávez, quien era buscado por la justicia de Estados Unidos, específicamente por una corte de Mineápolis, dentro de un proceso ante una supuesta conducta sexual delictiva en primer grado contra una menor de edad. El pedido de extradición de Haro fue el primero hecho por Estados Unidos una vez que se aprobó en abril de 2024 la extradición de ecuatorianos.

El acusado por violación sexual fue detenido el 4 de febrero de 2025 en Macas, Morona Santiago, e inmediatamente fue traído a Quito para ser puesto a órdenes del titular de la Corte Nacional. Una vez fue acusado en Estados Unidos, y existiendo en Ecuador la prohibición de que se extradite a ecuatorianos, el sospechoso se quedó en Ecuador. Pese a que fue detenido en Macas, el procesado habría estado viviendo en Pallatanga, en Chimborazo, y trabajaba como chofer de una camioneta.

Siguiendo el trámite, a Luis Haro se le realizó una primera audiencia en la que el ecuatoriano rechazó el proceso de extradición. Pese a la oposición, finalmente el chimboracense de 42 años fue entregado a las autoridades estadounidenses en extradición el 20 de noviembre de 2025. El ecuatoriano tenía miedo de que en Estados Unidos se le aplique una cadena perpetua, pero en Ecuador se definía a la extradición como un hito en la cooperación judicial con Estados Unidos, especialmente en delitos graves vinculados a violencia sexual.

Entre los temas que han entrado en debate con la posibilidad de extraditar ecuatorianos a países en los que se los requiera por delitos penales está la posibilidad de actualizar los tratados que Ecuador mantiene con los diferentes países del mundo. En este caso, el tratado más cercano a ser actualizado o reformado en el tema de extradición pasiva o activa es el que se mantiene con Estados Unidos, documento de más de 150 años de vigencia.

Carlos Estarellas, abogado especializado en derecho internacional, subraya que esta actualización es necesaria ya que el actual tratado incluye delitos que implican incluso el uso de aparatos como el telégrafo.

“Todos esos delitos, o la gran mayoría, ya no se los usa y tendrían que ponerse a negociar los nuevos delitos, delitos de narcotráfico y tantos nuevos delitos que hay ahora... Ya conocemos que muchos de los políticos que no son honestos, que son corruptos, van y se esconden en los Estados Unidos, y es difícil extraditarlos”, sostiene Estarellas. (I)