En un inicio, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional recibió los pedidos de comparecencia de un total de trece profesionales del derecho en el marco del proceso de juicio político contra el presidente de la República, Guillermo Lasso, por el presunto delito de peculado, pero hasta el momento solo diez serían los que asistirán.

La mayoría de estos juristas, en diferentes entrevistas o sus redes sociales, se han pronunciado sobre el juicio político y pese a que todos conocen los mismos cuerpos legales han llegado a opinar diferente sobre la misma Constitución.

Los asambleístas del correísmo pidieron la comparecencia de tres abogados constitucionalistas: Ismael Quintana, Rafael Oyarte y Stalin Raza, como testigos expertos, solo el último aceptó. Su participación tuvo lugar el miércoles 19 de abril, a las 14:00 y tuvo el objetivo de exponer sobre atribuciones de la Comisión de Fiscalización para juzgar la utilidad, conducencia y pertinencia de las pruebas.

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Oyarte y Quintana declinaron asistir con una carta al legislador Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, y dijeron que pedirle a una serie de abogados que manifiesten su propia opinión, sin que se haya procedido a una pericia, “no tiene ninguna trascendencia respecto de la determinación de los hechos del caso, más allá del ejercicio del derecho a la libertad de expresión del compareciente”. Mientras, Raza se mostró a gusto con la invitación.

Del lado de la defensa del mandatario, se pidió que se llame a rendir testimonio a diez profesionales del derecho con el fin de aclarar sobre la procedencia de la acusación política contra el presidente Lasso.

Los abogados convocados para comparecer entre la mañana y tarde del próximo 24 de abril son Pablo Santillán, André Benavides, Mario Cuvi Santacruz, actual viceministro de Gobernabilidad; Gonzalo Muñoz, Emilio Suárez Salazar, Ramiro García, Jorge Benavides, Juan Francisco Guerrero y Pablo Encalada Hidalgo.

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Encalada, abogado penalista, mencionó que considera que será un honor poder comparecer en el Legislativo para aclarar los temas jurídicos que se requieran.

“En un juicio hay testigos del hecho y testigos expertos (peritos). La defensa del presidente ha pedido mi comparecencia como un testigo experto en materia penal. Será un honor hacerlo en la Asamblea Nacional. Y espero poder aclarar los temas jurídicos requeridos”, indicó.

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Encalada expresó a este Diario que los llamados a comparecer entran en lo que se conoce como prueba testimonial y es completamente válido y no como se pretende hacer creer bajo los cuestionamientos a la figura del “testigo experto”.

Comentó que no será la primera vez que acuda a un llamado de la Asamblea Nacional. Pone como ejemplo sus comparecencias como experto en el caso Singue y en el de las pruebas COVID-19, que involucró al Municipio de Quito.

Respeta las posiciones de otros colegas que han declinado asistir, pero aclaró que acudir a este llamado es cumplir con un deber ciudadano y en su caso, como experto en la rama penal, considera que su participación es relevante para comprender mejor la figura del delito de peculado, del que se acusa al mandatario.

Encalada explicó que el juicio político es mucho menos normado que procesos de la rama penal o civil, por lo que la prueba testimonial es totalmente válida.

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El constitucionalista André Benavides manifestó también a este Diario que acudirá con agrado el 24 de abril para cumplir como ciudadano y también por respeto al artículo 76.7 de la Constitución, que establece la obligación que tienen los testigos de comparecer cuando son solicitados por un juez o autoridad que lo requiera.

Benavides espera que con su participación pueda coadyuvar para entender mejor cuál es el alcance del juicio político contra el presidente y reiteró que se limitará a lo que dice la Corte Constitucional y centrarse en la acusación de presunto peculado en el caso del contrato entre la empresa Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec EP) y Amazonas Tanker Pool.

Expuso que el llamar a expertos a comparecer es una figura que se utiliza cuando no hay peritos, para que puedan dar luces a los jueces. También que la prueba como tal no está regulada en Ley Orgánica de la Función Legislativa porque reitera que todo medio probatorio, en este caso testimonial, es válido.

Muñoz, otro de los juristas convocado por la defensa de Lasso, también defendió las comparecencias de expertos del derecho en el proceso y coincidió en que es una práctica que ya ha sido utilizada en otros juicios políticos a funcionarios.

“Las comparecencias de expertos en la Comisión de Fiscalización para analizar la viabilidad de un juicio político ha sido una constante. Ejemplos de muchos casos es el proceso contra el exministro (del Interior) Patricio Carrillo y el expresidente del CPCCS (Consejo de Participación Ciudadana y Control Social) Christian Cruz”, indicó. (I)