El estado de Texas implementará desde el 1 de mayo una nueva norma que exigirá a quienes soliciten licencias profesionales demostrar que se encuentran legalmente en el país, una decisión que podría afectar a miles de trabajadores en sectores clave.
La medida fue aprobada por unanimidad por la Comisión de Licencias y Regulación de Texas, entidad que supervisa oficios que van desde electricistas hasta esteticistas o criadores de animales.
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Según el organismo, el objetivo es alinear los procesos estatales con la legislación federal y reforzar los controles contra el fraude, la explotación laboral y la trata de personas.
Sin embargo, la decisión ha generado preocupación entre trabajadores y expertos, quienes advierten que podría reducir la fuerza laboral calificada y empujar a muchos a operar sin licencia.
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De acuerdo con estimaciones, en Texas viven alrededor de 1,7 millones de personas sin estatus migratorio regular, muchas de ellas empleadas en sectores como la construcción, la hotelería o los servicios personales.
La normativa se basa en la Ley de Responsabilidad Personal y Reconciliación de Oportunidades Laborales de 1996, que restringe el acceso a beneficios estatales para personas sin autorización migratoria, aunque contempla excepciones como solicitantes de asilo, refugiados o víctimas de trata.
Funcionarios del TDLR aclararon que la norma no exige ciudadanía estadounidense, pero sí cumplir con criterios legales y presentar documentación válida para obtener o renovar licencias.
El cambio se da en un contexto de endurecimiento de políticas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump, que ha promovido una aplicación más estricta de las leyes federales en este ámbito.
Durante el proceso de consulta, la agencia recibió cientos de comentarios, en su mayoría en contra de la medida, con advertencias sobre posibles efectos negativos en industrias que dependen de mano de obra especializada.
Algunos legisladores también han alertado sobre el impacto económico. Proyecciones señalan que la fuerza laboral calificada podría reducirse entre un 8% y un 10% en sectores regulados.
Desde el Gobierno estatal, en cambio, defienden la decisión como un mecanismo para garantizar el cumplimiento de la ley y priorizar el acceso a empleos para trabajadores con estatus legal. (I)