Una segunda ley antiinmigrantes causa rechazo en sectores de Estados Unidos y hasta en México. A la experiencia vista en julio, con la ley Ley SB 1718 que entró en vigencia en Florida, ahora se suma Texas, donde se espera que el gobernador Greg Abbot estampe su firma avalando la ley SB 4.

En la Cámara de Representantes de Texas se aprobaron las polémicas leyes SB 4 y SB 3, contra la migración irregular, que, señala Marca, “afectarán a más de 10 millones de personas de origen mexicano que viven en ese estado estadounidense”.

Un punto controversial de la SB 4 es que “le permitiría a la Policía detener a inmigrantes indocumentados”, destaca la prensa estadounidense.

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De acuerdo con Marca, la nueva Ley SB 4 “anula la Ley Federal de Inmigración, además de fomentar la indiscriminación y el acoso racial, al otorgar a los funcionarios estatales la capacidad inconstitucional de deportar a personas sin el proceso adecuado, sin importar si son elegibles para solicitar asilo u otras protecciones humanitarias”.

El proyecto de ley SB4, aprobado el 15 de noviembre de 2023 por la Cámara de Representantes de Texas, “busca ampliar las reglas y el rango de penalidades por el tráfico humano. La iniciativa también le daría más poder a los agentes del orden para proceder con arrestos de personas que están en el país de forma ilegal, lo que ha causado controversia”, señala igualmente Univisión.

Alcances de la ley SB4 en Texas

Atravesar la frontera en dirección a Texas se considera un delito menor. Señala Marca: La ley SB4 “convierte a un indocumentado que cruce la frontera en un potencial delincuente, al considerarse tal hecho como un delito menor, y exige a la justicia estatal ordenar el regreso de los extranjeros a suelo mexicano, antes de ser procesados en Estados Unidos.

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Si el inmigrante no cumple con la orden, el cargo se convierte en delito grave y podría enfrentar hasta 20 años de cárcel”.

En palabras de la AP, citadas en El Comercio, esta nueva ley texana da poderes, faculta, “a toda la Policía del estado, incluidos los agentes que se encuentran a cientos de kilómetros de la frontera, a arrestar a inmigrantes sospechosos de ingresar ilegalmente al país. El delito sería un delito menor y un juez podría ordenar al acusado que abandone Estados Unidos rumbo a México”.

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El Gobierno mexicano, destaca El Comercio, “emitió un comunicado en el que señaló que la norma implica una “criminalización” de la población migrante y “resultará en la separación de familias, discriminación y perfilamientos raciales”.

México precisó que “rechaza tajantemente cualquier medida que permita a autoridades estatales o locales detener y retornar a personas nacionales o extranjeras a territorio mexicano”.

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“Hay un conflicto”

El tema de la migración y la deportación “es un asunto federal y en Texas se ha creado un conflicto” de competencias.

El abogado Benny Agosto enfatiza a Univisión que un estado, en este caso Texas, no tiene derecho a hacer deportaciones. “Vamos a ver mucha pelea en la Corte entre el estado y los federales”.

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Recordó que en Arizona existió una ley similar y por un tiempo estuvo vigente hasta que la Corte Suprema dictó que no era legal ni constitucional.

Quienes rechazan la ley –añade El Comercio- sostienen que podría conducir a la discriminación racial o al arresto injusto de ciudadanos e inmigrantes estadounidenses que se encuentran en el país legalmente.

¿Desde cuándo un estado deporta a personas?”, se pregunta la representante estatal demócrata Victoria Neave Criado. “Ese no es un poder que tengan los estados. Ese es un poder que tiene el gobierno federal”.

Para el también abogado Rafael Peñalver, lo que ocurre en Texas “es una repetición de lo que ocurrió hace 10 años. Ya la Corte Suprema habló sobre esta precisa situación cuando el estado de Arizona trató de inmiscuirse en la política de inmigración, y la Corte Suprema estuvo muy clara, dijo: ‘No, el asunto de inmigración es exclusivo del gobierno federal, los estados no pueden inmiscuirse en estos temas’.

Ley SB 3

Esta, explica Marca, otorga una asignación de 1.540 millones de dólares a los legisladores de Texas para construir barreras fronterizas y otorgar fondos a la policía para cuidar la línea fronteriza.

(I)

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