La mesa directiva de la Convención encargada de redactar la nueva Constitución en Chile informó este martes que, por segundo día consecutivo, el órgano no podrá sesionar por falta de facilidades técnicas, una situación que despertó críticas contra el Gobierno. El órgano mantiene en los primeros puntos de su agenda analizar una petición de amnistía a los llamados “presos de la revuelta” de 2019.

“Llegamos muy temprano y todavía no se habían iniciado los trabajos (para habilitar las dependencias): las oficinas no están listas, no hay computadores ni impresoras”, aquejó la presidenta del órgano, Elisa Loncón.

“La Convención Constituyente debería estar reunida desde ayer. Estamos dando una mala señal al país en este proceso tan importante. Hubo meses para organizar esto y no se hizo”, agregó.

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En la víspera se suspendió la primera sesión de redacción de la nueva Carta Magna tras la ceremonia inaugural y los 155 constituyentes tuvieron que abandonar el antiguo Congreso Nacional por las malas condiciones técnicas y sanitarias, como la falta de espacio para evitar la propagación del COVID-19.

El vicepresidente del ente, Jaime Bassa, confirmó que no se produjeron mejoras respecto al día anterior y que la jornada de este martes será meramente organizativa, para tratar de conseguir más dependencias, previsiblemente instalaciones de la Universidad de Chile, y desarrollar un protocolo sanitario con autoridades médicas.

“Si las condiciones en este edificio no están esta tarde, será responsabilidad del Gobierno y sesionaremos en la casa central de la Universidad de Chile”, dijo Bassa.

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La falta de organización llevó a varios constituyentes opositores del izquierdista Frente Amplio (FA) a acusar al Ejecutivo de “negligencia” puesto que, según la normativa, la secretaria general de la Presidencia (Segpres) es la encargada de “prestar el apoyo técnico, administrativo y financiero” a la convención, refiere EFE.

“No podemos volver a exponer al país a un bochorno como este”, agregó Ossa, quien se reunirá con la Convención esta tarde para evaluar las condiciones.

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Este tropiezo se suma a la convulsa sesión inaugural del domingo, que arrancó con mucha tensión y tuvo que ser suspendida durante una hora, después de que varios constituyentes denunciaran represión policial afuera del recinto contra un grupo de manifestantes.

En tanto, está previsto que la situación de una veintena de manifestantes que siguen detenidos o con medidas cautelares desde el estallido y a quienes la izquierda considera “presos políticos” sea el tema que lidere la agenda de temas de la Convención. Los familiares de los retenidos en las marchas han pedido desde el domingo la aprobación de una ley de amnistía.

Sin embargo, para algunas personas en el país, este tipo de pedidos de parte de la mesa directiva son “exigencias que exceden sus atribuciones”, como la petición de una amnistía para los llamados “presos de la revuelta social”, al igual que el abogar por una refundación del país; no obstante, para otras personas son vistos como temas que van a asegurar el diálogo.

La amnistía, según señaló Loncón, alcanzaría también a indígenas mapuches apresados en el marco del conflicto que se mantiene vigente en el sur del país por la recuperación de tierras que consideran suyas por derechos ancestrales, hoy en manos privadas, recoge AFP.

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La liberación de los “presos de la revuelta” -de los que no hay un número certero- es un tema que varios constituyentes, especialmente de la llamada Lista del Pueblo -conformada entre quienes salieron a las calles a manifestarse- han puesto sobre la mesa desde hace semanas.

Pero para la derecha, que es minoría con 37 convencionales, “es lamentable que el primer tema a tratar sea uno en el cual la Convención no tiene atribuciones.

El proceso constituyente en el que está inmerso Chile fue la solución que encontraron los partidos para calmar una ola de protestas que estalló en 2019 y que dejó una treintena de muertos y miles de heridos, además de episodios de violencia extrema. (I)