El Título 42 es una orden de salud pública de emergencia que se estableció en EE. UU. en el año 1944. Sin embargo, nunca se había puesto marcha como una medida de control migratorio, situación que cambió en 2020, al inicio de la pandemia del COVID-19.

Bajo el Título 42, la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, por sus siglas en inglés) prohíbe la entrada de ciertas personas que “potencialmente representan un riesgo para la salud”.

Antes de 2020 las personas migrantes tenían tres posibilidades: ser expulsadas, ser detenidas o ser liberadas mientras sus casos se dirimían en las instancias judiciales de inmigración.

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Gracias al Título 42 los funcionarios fronterizos pueden expulsar inmediatamente a los migrantes que ingresan a través de Canadá y México hacia EE.UU. Los menores migrantes no acompañados están exentos de esta medida.

El Título 42 ha permitido en este tiempo la expulsión acelerada de más de 2,7 millones de migrantes, la mayoría desde el linde con México.

Tras la decisión de un juez federal de Washington, D.C. el pasado mes de noviembre, se tenía previsto que el controvertido Título 42 deje de aplicarse esta semana. No obstante, el Tribunal Supremo revirtió la decisión judicial.

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Durante la tarde del lunes, el presidente de la mayor instancia judicial del país, John Roberts, emitió una consigna pausando “hasta nueva orden” la anulación de la norma.

Texas y otros estados insisten en que el Supremo permita que se mantenga el Título 42. La decisión de hoy es un paso en esa dirección”, escribió en Twitter el gobernador de Texas, Greg Abott, quien aseguró que la norma “previene la inmigración ilegal”.

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La corte decidió conceder así una petición de los fiscales generales de Texas y otros 18 estados controlados por republicanos para mantener en vigor la normativa, que ha sido criticada por grupos defensores de los derechos humanos y por la propia administración del presidente, Joe Biden, y estaba previsto que dejara de aplicarse el miércoles.

Los fiscales consideran que el levantamiento de la norma provocaría “un daño masivo e irreparable a los estados, en particular a los que soportan las consecuencias de la inmigración irregular”, según la petición que hicieron en la mañana de este lunes al Supremo.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estadounidense ya ha confirmado que seguirá aplicando el Título 42 mientras hace las preparaciones necesarias para asegurar la frontera una vez la normativa deje de estar en vigor, al tiempo que pidió nuevos fondos al Congreso para contratar más personal y comprar equipamiento.

La decisión del juez John Roberts obliga también a las partes implicadas a presentar una respuesta hasta este martes a las 17:00 hora local (22:00 GMT).

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Cuando reciba la respuesta, el Supremo deberá decidir si permite que el Título 42 se mantenga en pie mientras las cortes de menor instancia resuelven el caso.

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Un tribunal federal en el Distrito de Columbia había fallado a mediados de noviembre la suspensión del Título 42, decisión que fue apelada por los fiscales de 19 estados y por el gobierno de Joe Biden, que, pese a sus críticas, se valió de la norma para expulsar a miles de haitianos tras la crisis fronteriza en Del Rio (Texas).

En su demanda ante el Supremo, los fiscales dan por hecho que el fin de esta política va a conllevar un aumento de cruces fronterizos, de modo que las autoridades estatales deberán “dedicar fondos adicionales a seguridad, educación y atención médica”. (I)