El presidente de Chile, José Antonio Kast, firmó este miércoles sus seis primeros decretos, el más importante de ellos relativo al reforzamiento de las medidas punitivas y de seguridad contra la migración irregular.
En una breve ceremonia con varios de sus ministros y antes de pronunciar su primer discurso oficial desde el Palacio de La Moneda, el ultraderechista también rubricó órdenes para emprender una auditoria de todos los ministerios e impulsar la reconstrucción de lugares afectados por los grandes incendios forestales recientes.
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La instrucción más relevante se denomina ‘Plan Escudo Fronterizo’, en donde ordena a los ministerios de Defensa e Interior “gestionar cambios legales para desincentivar la inmigración irregular”, “modificar las reglas del uso de la fuerza para generar más herramientas contra el ingreso clandestino” y “la construcción de barreras físicas para sectores requeridos”.
Este decreto se ajusta a declaraciones previas de Kast en las que propuso legislar como delito el ingreso irregular en el país.
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En la misma línea, el ultracatólico firmó en la misma ceremonia un segundo decreto titulado ‘Política Nacional de Cierre Fronterizo’, que insta a los ministerios de Defensa, Interior y Bienes Nacionales a “incrementar los medios militares” en la frontera norte, “mejorar la vigilancia mediante drones y sensores optrónicos” y “mejora de las comunicaciones”.
Denuncias de corrupción
Kast, que dijo durante el discurso haber recibido un país en peores condiciones de las esperadas y que denunció una corrupción sistemática sin aportar pruebas, firmó un decreto de ‘Auditoria total’ que incluye “a todos los ministerios e instituciones del Estado”.
“Un mecanismo que establece una línea de base técnica y política que permita que cualquier irregularidad sea detectada y denunciada de inmediato bajo una lógica de gestión de emergencia y probidad”, señaló el texto.
Asimismo, firmó un decreto para acabar con la “permisología”, la gestión de tramitación de permisos que según el mandatario y los grupos empresariales es la culpable de que se haya frenado la inversión en el país.
“Una instrucción presidencial para resolver 51 recursos de reclamación pendientes que enfrentan retrasos administrativos fuera de todo plazo legal, bloqueando una inversión de 16.000 millones de dólares”, señaló. (I)