El abogado de Betssy Chávez, ex primera ministra del expresidente peruano Pedro Castillo, enjuiciada como cómplice del fallido golpe de Estado que el exmandatario quiso dar desde el poder a finales de 2022, afirmó este lunes que su defendida es una “perseguida política” y aún está a la espera de confirmación de que ha recibido asilo por parte de México.
“De confirmarse que Betssy Chávez ha solicitado asilo político al Estado de México y si el Estado de México, conforme a las reglas del derecho internacional otorga el asilo, lo único que quedaría es reconocer y agradecer al Estado de México de que es consciente de que Betssy Chávez es una perseguida política”, dijo el abogado Raúl Noblecilla en un vídeo publicado en redes sociales.
Noblecilla sostuvo que Chávez es una “perseguida política, como lo es sin duda el presidente Pedro Castillo y todos los que están injustamente en ese juicio, que es una farsa total, con jueces provisionales y políticos, que lo único que quieren hacer es cumplir con el mandato de un régimen que no es democrático”.
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Tras conocer la intención del Gobierno de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum de dar asilo a Chávez, el Gobierno de transición del presidente interino José Jerí ha anunciado que rompe relaciones diplomáticas con el país norteamericano.
Chávez está acusada del delito rebelión junto a Castillo por su presunta participación en el fallido intento de golpe de Estado que dio el 7 de diciembre de 2022 el entonces gobernante, de quien era primera ministra.
La entonces presidenta del Consejo de Ministros estuvo detrás de la cámara mientras Castillo pronunciaba un mensaje a la nación donde ordenaba cerrar el Congreso e intervenir la Judicatura para gobernar temporalmente por decretos, ante el temor de una moción de censura en el Congreso tras revelarse indicios de presunta corrupción en su administración que le salpicaban directamente a él.
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La política fue liberada a inicios de septiembre pasado mientras se encontraba en una clínica de Lima, en la que fue internada por presentar signos de deshidratación tras una huelga de hambre que mantuvo durante 12 días en la prisión en la que estuvo detenida desde junio de 2023.
El Tribunal Constitucional (TC) había ordenado poco antes su excarcelación inmediata al determinar que había sido víctima de una detención arbitraria cuando la Fiscalía no solicitó a tiempo la ampliación de su prisión preventiva. (I)
