En diciembre de 2024, la ciudad de Nueva York llegó a un acuerdo para indemnizar a inmigrantes que fueron retenidos de manera indebida en sus instalaciones carcelarias entre el 1 de abril de 1997 y el 21 de diciembre de 2012 por el Departamento Correccional de la Ciudad de Nueva York.
Según lo estipulado en la demanda colectiva, presentada hace más de una década, más de 20.000 personas fueron detenidas más allá de su fecha de liberación establecida.
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Este caso se originó a raíz de la colaboración entre las autoridades neoyorquinas y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).
Durante años, la ciudad acató solicitudes de detención federal que pedían retener a ciertos inmigrantes hasta 48 horas adicionales luego de cumplir sus penas. Sin embargo, en muchos casos, el periodo de detención se extendió significativamente.
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Esta cooperación condujo a una acción legal por violación de derechos constitucionales que, posteriormente, hizo que el gobierno local desembolsará hasta 92,5 millones de dólares para compensar a todos los inmigrantes que fueron retenidos indebidamente.
El acuerdo fue aprobado preliminarmente por un juez del Tribunal Supremo del Estado de Nueva York. Los inmigrantes afectados podrán presentar un reclamo en línea dentro del plazo que se inició el pasado 14 de febrero de 2025 y finalizará el 15 de mayo de 2025 para recibir compensaciones que podrían alcanzar hasta los 10.000 dólares.
Los abogados de derechos civiles que impulsaron la demanda han señalado, si bien la compensación no borra el daño sufrido, representa un acto de justicia para aquellos que fueron encarcelados sin fundamento legal.
Asimismo, reconocieron el reto de localizar a las personas elegibles para recibir la indemnización, ya que muchas han sido deportadas, han cambiado de residencia o han fallecido.
En respuesta a la controversia, el Departamento Jurídico de la ciudad explicó que, en el pasado, operaban bajo la presunción de que cumplir con las órdenes de detención del ICE era un mandato legal.
Sin embargo, fallos judiciales posteriores dejaron en claro que tal práctica violaba los derechos de los detenidos, lo que llevó a un cambio en las políticas municipales en 2012.
Se espera que la aprobación definitiva del acuerdo tenga lugar en octubre de 2025, tras el periodo de notificación y presentación de los reclamos por parte de los afectados. (I)