Un estudio reciente sobre la calidad del agua potable en el estado de Nueva York encendió nuevas alarmas sanitarias al detectar contaminantes peligrosos, como plomo, arsénico, benceno y nitratos.
La investigación, basada en datos de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), motivó a la activista ambiental Erin Brockovich a exigir sanciones más severas contra las empresas de servicios públicos, detalla El Diario NY.
Brockovich advirtió que la situación va más allá de cifras técnicas y supone un riesgo directo para la salud pública. “Los niños están bebiendo agua adulterada con arsénico”, alertó.
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“Las familias se bañan en agua contaminada con PFAS (sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas), los ‘químicos eternos’ vinculados al cáncer, las enfermedades tiroideas y los problemas de desarrollo”, comentó la activista al tiempo de cuestionar que este tipo de información no sea comunicada de forma oportuna por las autoridades.
El informe, elaborado por la firma Afina a partir de cinco años de datos hasta febrero de 2025, ubica a Nueva York en el puesto 18 entre los estados con peor calidad de agua potable, con una puntuación de 38,9 sobre 100. Aunque contaminantes como el asbesto —detectado previamente en zonas como el valle del Hudson— han sido eliminados, persisten otros compuestos que continúan representando un riesgo significativo.
Según el análisis, el estado registró un promedio de 5,84 infracciones y 2,15 contaminantes por cada 100 residentes abastecidos. Entre los casos identificados, varios sistemas públicos de agua aún presentan rastros de benceno, nitratos y arsénico, pese a haber cumplido con monitoreos recientes. Estos hallazgos reflejan fallas persistentes en el control y la remediación de contaminantes.
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Uno de los casos más críticos es el sistema Scotia Village Water Works, en el condado de Schenectady, que abastece a unas 12.800 personas y mantiene infracciones pendientes desde 2018 relacionadas con normas sobre plomo y cobre.
En total, cerca de un tercio de los más de 8.000 sistemas públicos de agua del estado ha enfrentado medidas coercitivas en los últimos cinco años, y al menos 65 registran infracciones consideradas significativas.
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Brockovich insistió en que la falta de sanciones contundentes permite que estas irregularidades persistan. “Las empresas deben saber que envenenar a sus comunidades tendrá un costo mayor que corregir el problema”, afirmó. “Millones de estadounidenses están bebiendo agua envenenada”, agregó. (I)
