Madres solteras exigen justicia al Estado neerlandés luego de que fueron forzadas a abandonar a sus hijos

Entre 1956 y 1984, al menos 13.000 madres solteras en Países Bajos entregaron a sus hijos en adopción, y muchas, como la ya septuagenaria Trudy Scheele-Gertsen, lo hicieron forzadas por la familia y los servicios sociales. Llevan décadas exigiendo justicia y el Estado neerlandés acaba de ser responsabilizado por ello ante los tribunales.

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Scheele-Gertsen tenía apenas 21 años cuando se quedó embarazada, estaba completando sus estudios de enfermería y, aunque no contaba con tener un bebé en ese momento, sí había decidido y mostrado su intención de quedarse con su hijo, nacido en 1968. Estaba convencida de que podía sacarlo adelante con un trabajo y como madre soltera.

Su abogada, Lisa-Marie Komp, describe ahora ante los jueces cómo los estereotipos de la época le arrancaron a su bebé de los brazos. “Estaba agotada, el parto había durado una hora, estaba abrumada por todas las emociones, tenía un dolor desgarrador y estaba sangrando. En ese momento, ellas (las monjas) sacaron al niño, Willem Jan, de entre sus piernas y se lo llevaron. No la trataron como una madre, ni como una persona. Le dejaron claro que ella no tenía control de la situación”.

Scheele-Gertsen se vio presionada por sus padres, que no aceptaron que diera a luz en casa como madre soltera; por los servicios de protección infantil, que le ocultaron información que pudiera ayudarla a sobrellevar la maternidad; y por las religiosas del centro para madres solteras donde dio a luz, que la separaron de su bebé porque es hijo del “pecado”.

La denunciante, de 75 años, decidió demandar ahora al Estado y declarar una guerra por la que miles de mujeres como ella han aguardado desde la década de los años cincuenta. “Muchas creían que solo había una opción si se quedaban embarazadas, cuando en realidad había suficientes vías para criar al bebé sola, pero raramente te las decían”, aseguró Scheele-Gertsen.

“Nadie me dijo que tenía derecho a la prestación por hijos, a la pensión alimentaria del padre biológico y a la manutención de la ley de asistencia social”, lamentó.

Nueve días después del parto, la madre de Scheele-Gertsen la recogió del centro, pero no la dejaron llevarse a su hijo, al que intentó recuperar en varias ocasiones. Casi tres años después, acabó dando el paso de firmar su entrega en adopción para evitar que creciera en un centro de acogida. El pequeño encontró una familia adoptiva y rompió todos los lazos con su madre biológica.

El rencuentro tardó 48 años en producirse, en 2018, y aunque ella logró rehacer su vida y formar una familia como madre de otros tres hijos, nunca superó el trauma de no saber qué ha sido de Willem Jan y de haberse sentido “expulsada” de la sociedad neerlandesa en una época en la que el aborto todavía no era una opción legal.

Komp subrayó que la introducción de la Ley de Adopciones en 1956 no hizo más que dejar en situación de vulnerabilidad a las madres solteras, puesto que creaba el nicho para incrementar la presión sobre las madres biológicas a entregar a su bebé si no tenían un marido, y les ocultaban información sobre cómo podían criarlos de forma independiente.

Demandas contra el Estado

La organización de defensa de derechos de las mujeres Bureau Clara Wichmann respalda esta denuncia, y se ha presentado como codemandante en nombre de todas las demás mujeres que han sido separadas “ilícitamente” de sus hijos y que aún luchan contra “la vergüenza, la culpa y el miedo” que les generó esa experiencia traumática, un sentimiento que les ha impedido acudir a los tribunales estos años.

Conocidas como “Madres remotas” o “a distancia”, intentaron la vía del diálogo con el Gobierno y lograron que, en 2019, el ministro de Protección Legal, Sander Dekker, encargara investigar las circunstancias en las que dieron a sus críos en adopción, después de que denunciaran que no lo hicieron de forma voluntaria, sino forzadas por el sistema de la época.

Pero los resultados de la investigación han sido denunciados por “errores graves” en el procedimiento y fueron rechazados por las víctimas, puesto que el comité no había tenido una comunicación “lo suficiente sensible, respetuosa y decente” con los grupos de interés, y el “gobierno nuevamente pareció tratar de restar importancia o encubrir los errores” que tuvieron lugar esos años, aseguraron.

En el juicio ahora en marcha, el Estado alega la prescripción del caso y asegura que no hay evidencias de que se hubieran cometido actos ilegales. Los servicios de protección de menores actuaron “de buena fe” y el Gobierno “entiende el sufrimiento” de estas mujeres y lo considera “una página negra en la historia de Países Bajos”, señaló la abogada del Estado, Mette van Asperen. (I)