Ecuador es un país que ha recibido a migrantes que vienen huyendo de los problemas ocasionados por distintos factores en sus países. Principalmente de Colombia y Venezuela.

De acuerdo con el último informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), el 82 % de las personas con ese perfil que viven en Ecuador estaría en riesgo si tuviera que regresar a su país.

Los datos fueron obtenidos de un estudio en el que participaron 407 familias venezolanas y 391 familias colombianas asentadas en 19 provincias.

El documento destacó la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas en movilidad humana, pues el 82 % de las familias encuestadas tenía al menos una de las siguientes características: ser sobreviviente de violencia o abuso (18 %), tener una condición médica crónica (18 %), ser madre o padre soltero (12 %) o tener alguna discapacidad (11 %).

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Billy Navarrete, secretario ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, comenta que los datos de Acnur señalan que efectivamente una mayoría de los consultados temen regresar a su país por amenazas a su integridad física y estarían llenando las condiciones de lo que se denomina en términos de derechos humanos “persona refugiada”, una persona que en su país de origen el Estado no le garantiza la vida.

“Esto, trasladado a la situación colombiana, de larga data, un sangriento conflicto armado de décadas, ha provocado que un gran número de población colombiana busque refugio... el Ecuador es el mayor país de acogida de refugiados colombianos. Paralelamente se suma una segunda crisis humanitaria en 2018 en relación a la crisis venezolana, que ha provocado el éxodo y desplazamiento forzado de población venezolana por todos los países de la región, entre ellos Ecuador”, comenta Navarrete.

Añade que en Venezuela padecer una enfermedad catastrófica, haber sido funcionario público o haber manifestado críticas contra el Gobierno lo hace colocarse en riesgo de sufrir violaciones graves a los derechos humanos.

En el caso colombiano la violencia y la extorsión han sido la causa del problema, mientras en Venezuela la causa es la falta a los derechos humanos básicos.

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Dentro de los que han sufrido lo primero está Joaquín Villarraga, un colombiano que lleva 17 años en Ecuador, donde llegó huyendo de la violencia de paramilitares que secuestraron y desaparecieron a su hijo mayor.

Él se dedicaba a la compraventa de automóviles y también tenía un taller en la zona de San Andresito, en Bogotá. Pero cuando un grupo de paramilitares se adueñó de la zona comenzaron a pedir ‘vacunas’ (dinero a cambio de no hacerles nada), a lo cual ellos no accedieron y por eso ocurrió el lamentable hecho.

“Yo tengo mis raíces aquí (en Ecuador)... volver allá, a un país que hoy por hoy está lleno de zozobra, intimidaciones, delincuencia de todo tipo, me parece a mí temeroso porque cada día la violencia está mucho peor que la que yo viví desde los 5 años -cuando presenció por primera vez un asesinato-”, comenta Villarraga, quien agrega que no ve que haya una salida al problema todavía e incluso se muestra un poco crítico con la justicia para la paz, producto del proceso de paz con la guerrilla de las FARC, porque cree que las penas se están bajando demasiado.

Comenta que nunca ha sido víctima de un ataque de xenofobia, aunque sabe que hay personas que sí lo han hecho.

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En tanto, el caso de los venezolanos, Luis Giménez, presidente de la fundación Manos Venezolanas, que ayuda a migrantes en Guayaquil, comenta que como dice el estudio de Acnur, las condiciones no están dadas para que migrantes retornen a Venezuela.

Entres los factores que cita está la dificultad para conseguir ingresos, la dolarización de la economía en la práctica, la inflación que provoca el incremento de los costos de muchas cosas, incluyendo las medicinas y los alimentos.

“Solo las personas que tienen acceso a dólares o que tienen familiares extranjeros que pueden ayudarlos con remesas pueden comprar una canasta básica regular para mantenerse... cuando dos dólares es el sueldo mensual de un venezolano”, dice Giménez, quien agrega que también está el tema de la inseguridad y la represión contra quienes critican al Gobierno.

Giménez dice que pese a todo ya se puede ver un fluido de migración en reversa, que vuelve porque las condiciones actuales en que están viviendo en varios países es similar o peor a la de estar en casa, especialmente por las complicaciones de trabajo que ha dejado la pandemia.

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Además de Giménez, otro venezolano que llegó al país es Francisco Castañeda, quien arribó en 2018 luego de que los problemas políticos, económicos y sociales provocaron una afectación en sus ingresos, pese a trabajar en el sector público en servicios aduaneros y tributarios.

Tras llegar, a él y su esposa se le dificultó encontrar trabajo. A él especialmente porque tiene una discapacidad física del 85 % y por esa condición sus opciones son menores, algo que se suma a su edad (45 años), ya que es bien sabido que en Ecuador a las personas pasadas las cuatro décadas se les dificulta más encontrar trabajo.

“No me siento estable, pero agradezco la acogida y aquí tengo por lo menos para pagar el arriendo, los alimentos. Y mi esposa, que está embarazada de 23 semanas, estamos tratando que no le falte ningún elemento que tenga que ver con vitaminas y todas las recomendaciones médicas que a ella le asignen”, dice Castañeda, para quien volver a Venezuela ahorita es un riesgo.

“Regresar a Venezuela sería un suicidio porque es ir allá a morir, ya que todos los que estamos afuera es porque no teníamos las condiciones para una buena alimentación o surtir a la familia de las cosas que necesitan... no podemos regresar a una Venezuela que actualmente no conocemos”, afirma Castañeda, para quien la idea de volver podría comenzar si se presenta el escenario de un cambio político que puede provocar cambios.

Mejorar situación

En tanto, por este tipo de situación, la semana pasada Acnur y la Organización Internacional de Trabajo (OIT) firmaron un acuerdo “que busca mejorar la protección e integración laboral de las personas en situación de movilidad humana y sus comunidades de acogida en Ecuador”.

“Este acuerdo es una gran oportunidad para mejorar las condiciones y perspectivas laborales de las personas en situación de movilidad humana y las comunidades que las acogen. No solo para contribuir en su calidad de vida, sino también para fomentar la inclusión y la igualdad de trato al momento de acceder a un empleo”, dijo Giovanni Bassu, representante de Acnur en Ecuador.

A través de este convenio se promoverá la colaboración entre el Gobierno y organizaciones de empleadores y trabajadores para la creación, fortalecimiento y adaptación de políticas, programas y servicios necesarios para que las personas refugiadas y migrantes accedan a empleo, autoempleo y a otros esquemas de protección social adecuados y sostenibles, según un comunicado.

La idea también contempla la recolección de datos, análisis e intercambio de información respecto de la situación de población refugiada y migrante. (I)