El líder de los estudiantes universitarios de Bolivia fue denunciado penalmente por supuestamente convertir su cargo “en un negocio”, al llevar 33 años cursando diversas carreras sin graduarse, informó este jueves un legislador.

El caso del presidente de la Confederación Universitaria Boliviana (CUB), Max Mendoza, de 52 años y alumno de un instituto público gratuito desde 1989, se dio a conocer tras una estampida en una asamblea estudiantil que dejó cuatro muertos y 70 heridos.

“Hemos denunciado penalmente” a Mendoza por haber convertido su cargo “en un negocio”, dijo el legislador oficialista Héctor Arce, en rueda de prensa.

Mendoza “tiene 52 años, cursa estudiando 33 años en una universidad, ha reprobado más de 200 materias, tiene cero en más de 100 materias [y] tenía un sueldo de 21.860 bolivianos (unos 3.150 dólares) por mes” como dirigente estudiantil, añadió el diputado.

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En Bolivia “es negocio ser dirigente universitario, ¿para qué estudiar [y recibirse] si tiene muchos beneficios?”, afirmó.

Mendoza primero estudió administración de empresas y lleva 25 años cursando la carrera de derecho, aunque una licenciatura dura cinco años en Bolivia.

En Bolivia es sabido que las organizaciones de estudiantes de universidades públicas reciben aportes del Estado, pero no que sus dirigentes tienen “sueldo”.

La denuncia penal contra Mendoza, quien es líder de la CUB desde hace cuatro años, es por los supuestos delitos de “enriquecimiento ilícito, beneficio en razón del cargo, conducta antieconómica y peculado”.

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Según medios locales, hay más dirigentes estudiantiles eternizados en sus cargos por los beneficios que obtienen.

En una acalorada asamblea llevada a cabo el 9 de mayo en la estatal Universidad Tomás Frías de la ciudad andina de Potosí, un asistente arrojó una granada de gas lacrimógeno, lo que originó una avalancha que dejó cuatro universitarias muertas.

Mendoza fue señalado como uno de los promotores de la asamblea que buscaba favorecer a unos dirigentes leales.

El líder estudiantil no ha aparecido en público para responder a las acusaciones.

Cuatro personas han sido detenidas en el marco de la investigación de la fiscalía por las muertes de las estudiantes. (I)