El Departamento de Estado de Estados Unidos amplió desde el 30 de marzo de 2026 su programa de revisión de redes sociales para solicitantes de visa, incorporando más de una docena de nuevas categorías dentro del proceso de evaluación migratoria.
Hasta ahora, este control digital se aplicaba principalmente a quienes solicitaban visas de trabajo especializadas como la H-1B, así como a estudiantes y visitantes de intercambio bajo las categorías F, M y J. Con la nueva disposición, el alcance se extiende a grupos más amplios, incluidos prometidos de ciudadanos estadounidenses, trabajadores religiosos y personas en situaciones vulnerables, como víctimas de trata o delitos.
Entre las nuevas categorías sujetas a revisión figuran las visas K (prometidos), R (trabajadores religiosos), Q (intercambio cultural), así como T y U, destinadas a víctimas de trata y ciertos crímenes. También se incluyen dependientes y trabajadores en otras clasificaciones específicas.
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La expansión representa la tercera fase de este programa. La primera se implementó en junio de 2025 con estudiantes y visitantes de intercambio, y la segunda en diciembre del mismo año, cuando se incorporaron trabajadores H-1B y sus familiares.
Como parte del proceso, las autoridades exigen ahora que los solicitantes declaren todas sus cuentas de redes sociales utilizadas en los últimos cinco años en el formulario DS-160, incluyendo perfiles inactivos. Además, deberán mantener sus cuentas configuradas como públicas durante el trámite.
El incumplimiento de estos requisitos, como omitir perfiles o restringir su visibilidad, podría afectar la credibilidad del solicitante e incluso derivar en el rechazo de la visa, según las directrices oficiales.
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Aunque el gobierno no ha precisado con cuánto tiempo de anticipación deben hacerse públicos los perfiles antes de la entrevista consular, recomienda mantenerlos accesibles desde el momento de la solicitud hasta la decisión final.
Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, el objetivo de esta política es reforzar los filtros de seguridad y detectar posibles riesgos para la seguridad nacional o pública antes de autorizar el ingreso al país. (I)
