Hace unas semanas, pobladores de municipios del Pacífico de Colombia se manifestaron ante el posible retorno de las aspersiones de glifosato en el país. La medida, que pretende erradicar los cultivos ilícitos de coca, inquieta a los campesinos de la zona, que vivieron ya esa experiencia en los años noventa del pasado siglo.

En este sentido, hay que recordar que “hacia mediados del año 2015, el Consejo Nacional de Estupefacientes, la instancia que maneja la política pública antidrogas, ordenó la suspensión del uso del glifosato en el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la Aspersión Aérea con el Herbicida Glifosato”, recordó a DW Rodrigo Suárez, Director General de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).

El glifosato es un herbicida no selectivo de contacto que mata a las plantas sobre las cuales dicho herbicida se aplica. Se quiere volver a hacer de manera masiva, con aviones Air Tractor 802, acompañados de una flotilla de helicópteros y en medio de dispositivos bélicos para su protección aérea y terrestre en las zonas en las cuales se asperja”, dijo a DW Pedro Arenas, cofundador de Corporación Viso Mutop, un centro de estudios que acompaña comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes y que promueve reformas en la política de drogas.

“En el 2001, el entonces Ministerio del Medio Ambiente impuso un Plan de Manejo Ambiental como instrumento de control ambiental”, explicó Suárez. Esta herramienta “establecía que los aviones debían fumigar a no más de 10 metros de altura y de manera focalizada”, detalló Arenas criticando que “esto no se cumplió”.

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Violencia. Además de los daños en la salud, un informe de Somos Defensores registró, entre noviembre de 2016 y junio de 2020, 75 asesinatos de defensores de Derechos Humanos relacionados con la sustitución de cultivos de uso ilícito. Foto: AFP

Una práctica con daños colaterales

El cofundador de Corporación Viso Mutop explicó que además de perjudicar los bosques circundantes al área de coca que se pretendía eliminar, se dañaban “estanques piscícolas, fuentes de agua, cultivos de alimentos, pastos para ganado y animales de corral, entre otros bienes”. Según el experto, que lleva más de 20 años analizando los programas de aspersiones con glifosato y sus impactos en los derechos humanos de las familias cultivadoras de coca, amapola y marihuana, el problema radica en que “la Policía fumiga pero el resto del Estado no llega y por ello los cultivos se trasladan de lugar, duplicándose el fenómeno de la deforestación”.

Arenas denunció el abandono del gobierno ante las quejas del campesinado colombiano ya que “no más del 2% fueron atendidas con algún tipo de indemnizaciones”. Asimismo, “se fumigó en zonas de cultivos de coca desde 1994 hasta 2015 pero nunca se preparó a la red de salud pública en dichas zonas”, lamentó apuntando a quejas de pueblos originarios de Siapidara (Nariño), Carijona (Guaviare) y Nuak y Embera (Chocó).

Un retorno condicionado

“En 2017, la Corte Constitucional Colombiana, reiteró la orden de suspensión del Programa de erradicación y sujetó su reanudación al cumplimiento de una serie de condiciones, científico técnicas y jurídicas”, subrayó el Director General de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), institución que desde el 2011 asumió las funciones del Ministerio del Medio Ambiente para el control y seguimiento.

No obstante, “para hacer estudios que realmente demuestren que este tipo de intervenciones en políticas de drogas no hace daño se requiere de tiempo y recursos”, dijo a DW David Restrepo, director del área de Desarrollo Rural, Economías Ilícitas y Medio Ambiente de la Universidad de Los Andes. “Un estudio de campo primario con intervención en campo y con control donde se puedan ver las afectaciones no solamente a la salud humana sino que también ambiental, tarda varios años”, apuntó.

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Quema de cultivos de coca en Guasca. “El gobierno de Colombia insiste en asperjar porque cree que obtiene resultados rápidos en su propósito de erradicar plantíos de coca”, lamentó Arenas. Foto: AFP

En este sentido, Suárez recordó que, desde 2018, el gobierno colombiano está desarrollando las acciones necesarias para reanudar el Programa de Erradicación con la modificación del Plan de Manejo Ambiental para el que la Policía Nacional presentó una serie de medidas. “Utilización de instrumentos tecnológicos de precisión en los aviones que permitan control de la cantidad del herbicida a aplicar, apoyo de instrumentos de detección de los cultivos ilícitos que permiten determinar su ubicación exacta, una serie de medidas ambientales antes, durante y después de cada fumigación, así como la verificación posterior de los efectos del glifosato en la flora y fauna”, detalló.

No obstante, en “el dossier de documentos que entregó la Policía a la  Autoridad Nacional de Licencias Ambientales no había evidencia de ningún estudio”, apuntó Restrepo. “Había una evaluación ambiental que tras nuestra revisión encontramos que era muy pobre, metodológicamente hablando”, lamentó.

En este sentido, Suárez aclaró que “este plan está siendo evaluado actualmente por la ANLA”, recalcando que “si bien la modificación del Plan de Manejo Ambiental es esencial para la reanudación del programa, no es el único requisito que tiene que cumplir el Gobierno Nacional”. Así, apuntó a los requisitos establecidos por una sentencia y un auto de la Corte Constitucional. “Estos serán verificados por el Consejo Nacional de Estupefacientes, entidad encargada de decidir si se reanuda o no el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la Aspersión Aérea con el Herbicida Glifosato”, puntualizó.

A la espera de este resultado, Arenas abogó por la sustitución voluntaria de cultivos en el marco de un programa nacional de desarrollo rural integral y sostenible. “Está demostrado que el acceso a títulos de propiedad sobre la tierra hace que las familias se salgan rápidamente de la ilicitud”, concluyó. (I)