La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una de las reformas penales más estrictas de su historia: la imposición de cadena perpetua incluso a adolescentes desde los 12 años por delitos de homicidio, violación y terrorismo.
El Salvador está cerca de permitir la cadena perpetua para “homicidas, violadores y terroristas”
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este jueves la prisión perpetua para menores de 18 años “homicidas, violadores y terroristas” en este país donde el presidente Nayib Bukele mantiene una “guerra” antipandillas que cumple cuatro años.
Según el documento aprobado, la pena podrá aplicarse a quienes sean declarados culpables como autores o cómplices de estos delitos. En el caso de menores de edad, la normativa establece que podrían optar a un régimen de libertad controlada tras cumplir 25 años de prisión, mientras que los adultos deberán esperar al menos 30 años.
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Esto implica que un adolescente condenado a los 12 años podría recuperar su libertad bajo condiciones hasta los 37 años, dependiendo de agravantes que podrían extender ese plazo.
La reforma entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.
Durante el debate, la diputada Suecy Callejas insistió en aclarar que la aplicación de la pena está dirigida a adolescentes entre 12 y 18 años, en el marco de la Ley Penal Juvenil.
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Magistrados de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador señalaron que la normativa es aplicable dentro de ese rango de edad y adelantaron que presentarían observaciones técnicas. Sin embargo, estas no fueron incorporadas en el dictamen final, salvo una “vacatio legis” de 30 días antes de su entrada en vigencia.
La reforma también introduce cambios relevantes en el juzgamiento de menores vinculados a estructuras criminales, al permitir que sean procesados bajo la Ley Contra el Crimen Organizado y no bajo el régimen especial juvenil, además de eliminar medidas sustitutivas.
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La propuesta generó cuestionamientos desde la oposición. La diputada Marcela Villatoro planteó que debía precisarse el alcance de la responsabilidad penal de los cómplices y propuso excluir a quienes hayan sido obligados a participar, pero su iniciativa fue rechazada.
Organismos internacionales como el Comité de los Derechos del Niño han advertido que reformas de este tipo representan un retroceso en materia de justicia juvenil, al alejarse de un enfoque diferenciado para menores de edad. (I)
