Estados Unidos está experimentando uno de los mayores cambios respecto de la legalización del aborto. La semana pasada, la Corte Suprema reconoció que cada estado que compone al país tiene la libertad de determinar sus propias leyes sobre el aborto, de acuerdo con la voluntad del pueblo.

Con esta decisión se suprime el fallo Roe vs Wade, que es el precedente legal más discutido en la historia moderna de EE.UU. y su eliminación cambiará el estado de derecho para millones de mujeres.

Hasta ahora, Estados Unidos era uno de los seis países -incluidos China y Corea del Norte- que permitía el aborto “sin causal” durante los nueve meses de embarazo. Según datos de las Naciones Unidas, la mayoría de los países prohíben el aborto sin expresión de causa, y dentro de la minoría que permite la práctica, casi todos establecen un límite gestacional de alrededor de 12 semanas.

Los estados de Kentucky, Luisiana y Dakota del Sur prohibieron la interrupción del embarazo nada más conocerse la decisión del Tribunal Supremo de EE.UU. de anular este viernes la protección del derecho al aborto vigente desde 1973.

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De acuerdo a Kristina Hjelkrem de ADF International, Estados Unidos es el principal exportador de la agenda abortista a nivel mundial, presupuestando 597 millones de dólares para programas de “salud sexual y reproductiva” sólo para el año 2023.

Según un comunicado compartido por ADF International, a Ecuador no le corresponde de forma acrítica imitar las decisiones de las Cortes de otros países, pero sí se puede aprender de este histórico fallo.

En Ecuador, la cuestión de la legalización del aborto en casos de violación fue elevada a la Asamblea Nacional en 2 ocasiones (2013 y 2019), y en ambas oportunidades la Asamblea rechazó la despenalización.

Luego, en el año 2021, la Corte Constitucional decidió despenalizar el aborto por causa de violación. ”La decisión sobre si legalizar o no el aborto, corresponde al pueblo ecuatoriano y al debate democrático, cualquier otra “forma” de tomar esta decisión supone la imposición de una postura y el abuso del derecho por parte de instituciones no democráticas”, indica Hjelkrem. (I)