A pocas semanas de la segunda vuelta presidencial en Perú, el candidato Roberto Sánchez enfrenta un proceso judicial que podría afectar directamente su futuro político.
La Fiscalía peruana solicita una condena de cinco años y cuatro meses de prisión, además de la inhabilitación definitiva para ejercer cargos públicos, una sanción que, de concretarse, podría impedirle asumir la Presidencia incluso si resulta elegido.
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¿De qué se acusa a Roberto Sánchez?
La investigación se centra en presuntas irregularidades relacionadas con el financiamiento político y la administración partidaria. Entre los delitos imputados figuran:
- Fraude en la gestión de persona jurídica
- Falsedad documental
- Declaración jurada falsa
Según el Ministerio Público, existirían irregularidades por aproximadamente 275.000 soles correspondientes a fondos de campaña que habrían sido declarados de manera incorrecta.
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Uno de los elementos señalados por la acusación involucra a un supuesto aportante registrado con una contribución de 15.000 soles, quien posteriormente afirmó que nunca realizó ese aporte.
El caso se encuentra en etapa intermedia, una fase en la que se evalúa si la acusación reúne elementos suficientes para avanzar a juicio.
El abogado penalista Julio Rodríguez indicó, en declaraciones recogidas por Exitosa, que la audiencia judicial fue programada antes de conocerse los resultados de la primera vuelta, descartando que el avance del proceso responda a motivaciones políticas.
Por su parte, el fiscal Tomás Gálvez señaló que la investigación se ha prolongado debido a la carga procesal del Ministerio Público y no por hechos recientes.
¿Podría quedar inhabilitado si es condenado?
Especialistas señalan que, si una eventual condena supera los cinco años de prisión, el juez podría ordenar su ejecución inmediata. En ese escenario, Sánchez quedaría impedido legalmente de ocupar cargos públicos.
Esto implica que una sentencia firme coincidiendo con el calendario electoral podría impedirle ejercer funciones presidenciales, incluso después de haber sido elegido.
La defensa del candidato sostiene que, aunque firmó documentos como presidente del partido, no tenía responsabilidad directa sobre la gestión de los fondos, atribuyendo esa función a la tesorería. Sin embargo, expertos cuestionan esa posición y sostienen que firmar documentos implica asumir responsabilidad legal sobre su contenido. (I)