Tras casi dos días de conteo de votos, en Perú parece avizorarse quién ocupará la Presidencia de la República. De acuerdo con información de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con el 96,45% de los votos contados, Pedro Castillo lideraba la votación con el 50,24% mientras que Keiko Fujimori llevaba el 49,75%.

Además de la Presidencia, la hija del exmandatario Alberto Fujimori se juega su futuro judicial, por lo menos durante cinco años. La candidata y varios integrantes del partido Fuerza Popular tienen una investigación fiscal por delitos de corrupción, ya que habrían recibido millonarios aportes irregulares detectados en sus campañas electorales del 2011 y 2016 de la empresa brasileña Odebrecht y de otras compañías peruanas.

En caso de que Fujimori alcance la votación suficiente para alcanzar la Presidencia, el proceso en su contra quedará suspendido durante su mandato; no así para los otros acusados, quienes sí lo enfrentarían pese a que ya se presentó la acusación.

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La Fiscalía peruana ya dio por terminado el periodo de indagación y pidió formalmente el inicio de un juicio. Además, solicitó una pena de 30 años y 10 meses para la candidata presidencial y el cierre del partido Fuerza Popular.

La semana pasada, el juez Víctor Zúñiga había declarado infundados los pedidos que Fujimori y varios integrantes de su partido habían hecho para mantener abierta la investigación fiscal y evitar así la apertura de un juicio oral.

El juez concluyó en su resolución que la incorporación de otros medios de prueba, en una etapa posterior, “no reduce ni elimina las posibilidades reales ni razonables del investigado de probar, defenderse y formular todos los argumentos que considere pertinentes”. El hecho de que los investigados busquen incluir las nuevas pruebas en una etapa específica del proceso afectaría la autonomía del Ministerio Público (Fiscalía), lo cual no tiene amparo constitucional, explicó el magistrado.

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“No se observa que la decisión del fiscal de concluir la investigación preparatoria reduzca o impida la garantía de los derechos de prueba, defensa, presunción de inocencia, y los derechos correlativos al principio de objetividad fiscal e interdicción de la arbitrariedad, generando un estado de indefensión efectiva con consecuencias prácticas”, señaló Zúñiga en su resolución.

De esta forma, el magistrado declaró infundadas las nulidades interpuestas por Fujimori, su esposo Mark Vito y su empresa MVV Bienes Raíces, el exsecretario general de su partido Jaime Yoshiyama, así como la misma organización política Fuerza Popular. (I)