El exasesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, se entregó este viernes 17 de octubre a las autoridades federales en Maryland, un día después de ser imputado formalmente por un jurado bajo 18 cargos relacionados con la presunta retención y transmisión ilegal de información clasificada.

Bolton, de 76 años, enfrenta hasta 10 años de prisión por cada cargo, aunque podría recibir una condena menor debido a que no tiene antecedentes penales.

El exfuncionario, quien ocupó el cargo durante el primer gobierno de Donald Trump, es acusado de almacenar documentos y notas vinculadas a la defensa nacional en su vivienda, además de compartir más de mil páginas con dos familiares.

Publicidad

De acuerdo con el Departamento de Justicia, los archivos contenían datos de inteligencia sobre amenazas y reuniones con líderes extranjeros.

La investigación sostiene que Bolton usó cuentas personales para redactar y conservar resúmenes diarios de su trabajo en la Casa Blanca. Según la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, “cualquiera que abuse de su posición y ponga en riesgo la seguridad nacional será responsabilizado”.

Bolton ha rechazado todas las acusaciones y sostiene que se trata de una persecución política impulsada por Trump, con quien mantiene un conflicto público desde hace años. Su abogado, Abbe Lowell, aseguró que su cliente “no compartió ni almacenó de forma ilegal ninguna información” y que demostrará su inocencia en el proceso.

Publicidad

El exasesor no ofreció declaraciones a la prensa a su llegada al tribunal de Greenbelt, donde comparecerá por primera vez ante un juez.

Bolton se convierte así en el tercer crítico prominente de Trump en enfrentar cargos en las últimas semanas, tras los procesos contra el exdirector del FBI, James Comey, y la fiscal general de Nueva York, Letitia James. El propio Trump celebró la acusación, calificando a su exasesor como “una mala persona”.

Publicidad

El exasesor afirmó que seguirá colaborando con las autoridades, pero denunció que su caso es “otro ejemplo de la instrumentalización del Departamento de Justicia con fines políticos”. (I)