La violencia en la Amazonía ha dejado de ser un problema aislado de narcotráfico o minería ilegal para convertirse en una crisis regional que amenaza a comunidades indígenas, acelera la destrucción ambiental y evidencia la débil presencia estatal en una de las regiones más estratégicas del planeta, según advierte International Crisis Group.
En el informe ‘Proteger la Amazonía’, el grupo de análisis alerta sobre la expansión de redes criminales en territorios amazónicos de Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y Venezuela, donde el narcotráfico se combina cada vez más con la minería ilegal, la tala, el tráfico de fauna, el control de rutas fluviales y el acaparamiento de tierras.
Informa de la creciente expansión de grupos criminales brasileños hacia países vecinos para controlar cadenas de suministro y rutas del tráfico ilegal.
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“Aprovechando la debilidad de la gobernanza, estos grupos se adentran en la selva protegida en busca de nuevas rutas para el narcotráfico y zonas para la minería ilegal, dejando una huella profunda y, en ocasiones, irreparable en el medioambiente”, indica el informe.
En ese sentido, sugiere que “para frenar” la situación los gobiernos deben intensificar su cooperación y trabajar estrechamente con las comunidades indígenas" y, además, menciona que los compradores internacionales de materias primas “también desempeñan un papel fundamental para garantizar que las cadenas de suministro globales no se beneficien de la destrucción de la Amazonía”.
Violencia que silencia
Uno de los aspectos que el informe aborda con mayor énfasis es que la violencia en la Amazonía ya no se limita a enfrentamientos armados visibles, sino que ahora se manifiesta mediante control territorial, amenazas, reclutamiento forzado y desplazamientos silenciosos de comunidades indígenas y campesinas.
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Los grupos criminales imponen sus reglas, cobran extorsiones, controlan el transporte fluvial y deciden quién puede entrar o salir de determinados territorios, lo que ha llevado a muchas comunidades indígenas a vivir bajo un régimen de miedo permanente. Denunciar estas prácticas resulta prácticamente imposible debido a la ausencia del Estado y al temor a represalias armadas, conforme al informe.
La situación es especialmente crítica en regiones fronterizas como la triple frontera entre Brasil, Colombia y Perú, donde organizaciones criminales aprovechan la limitada cooperación judicial y policial para moverse entre jurisdicciones.
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La investigación sostiene que, en varios territorios, las organizaciones criminales ya sustituyen al Estado al imponer sistemas paralelos de “seguridad”, justicia y control económico.
Más de $ 200.000 en pérdidas a minería ilegal tras intervención militar en Napo
Economías criminales
El informe remarca que la economía criminal amazónica se ha vuelto mucho más sofisticada y rentable en los últimos años.
Aunque el narcotráfico continúa siendo una actividad central, el oro ilegal se ha convertido en uno de los principales motores de violencia y destrucción ambiental en la Amazonía, ya que genera ganancias rápidas, facilita el lavado de dinero y requiere menos infraestructura que el tráfico de cocaína.
La minería ilegal provoca contaminación por mercurio, destrucción de ríos y disputas armadas por el control de territorios en países como Brasil, Perú y Venezuela, donde grupos armados controlan minas ilegales y corredores de comercialización.
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El informe expone que grupos criminales aprovechan vacíos legales y la corrupción institucional para infiltrar cadenas comerciales aparentemente legales, lo que permite que el oro extraído ilegalmente se mezcle con la producción formal y llegue a los mercados internacionales.
La tala ilegal y el tráfico de madera aparecen asimismo como fuentes crecientes de ingresos para organizaciones armadas, al igual que el acaparamiento de tierras para ganadería extensiva.
En la Amazonía colombiana, por ejemplo, el informe describe cómo la construcción de carreteras ilegales y la expansión ganadera avanzaron tras la desmovilización de las FARC en 2016, en medio de disputas entre nuevos actores criminales.
Las mismas redes pueden participar simultáneamente en narcotráfico, minería ilegal, tráfico de fauna y deforestación, utilizando las mismas rutas, estructuras financieras y sistemas de corrupción.
El 46,7 % de la minería en la Amazonía es realizada dentro de territorios indígenas
Medidas insuficientes
El estudio cuestiona las estrategias centradas en militarizar la Amazonía y avisa que las operaciones militares temporales suelen desplazar a los grupos criminales de un territorio a otro sin desmantelar las economías ilícitas.
Además, de acuerdo con el documento, esas medidas estatales terminan agravando la desconfianza de las comunidades indígenas hacia las autoridades.
Organizaciones indígenas amazónicas han pedido a la ONU evitar respuestas excesivamente militarizadas y priorizar mecanismos de protección territorial y fortalecimiento comunitario.
Para International Crisis Group, la principal debilidad de los Estados en la Amazonía es la falta de presencia institucional sostenida, reflejada en la ausencia de sistemas judiciales operativos, servicios básicos, infraestructura y alternativas económicas legales en muchas regiones.
“La protección de la Amazonía depende también de reducir la violencia y fortalecer la gobernanza”, según el informe, que añade que la región podría acercarse a un “punto de no retorno” ambiental si la expansión de las economías ilegales continúa al ritmo actual. (I)