Una mujer ecuatoriana embarazada está luchando por permanecer en Estados Unidos con sus dos hijas después de que se anunciara su deportación a pesar de tener pendiente una solicitud de visa para víctimas de trata de personas, según documentos judiciales.
María Isabel Loja-Loja tenía previsto ser deportada el 2 de mayo junto con sus dos hijas como parte de la campaña de represión migratoria del gobierno de Trump, pero un juez federal en Boston emitió una orden de emergencia de última hora que bloqueó temporalmente su expulsión.
“Ecuador es muy peligroso ahora mismo, tengo miedo por mis hijas si tengo que regresar”, dijo Loja-Loja, quien tiene cuatro meses de embarazo. “Hay mucha delincuencia, tráfico de personas, robos y asesinatos”.
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La madre ecuatoriana y su abogada declararon que fue víctima de trata de personas en Estados Unidos en 2024 y que desde entonces ha estado recibiendo amenazas de presuntos traficantes de personas.
“Le tomaron fotos a sus hijos”, dijo su abogado, Todd Pomerleau. “Empezaron a enviarle mensajes de texto cuando estaba en Estados Unidos, diciéndole: ‘Te vamos a encontrar’”.
Loja-Loja, que ahora trabaja en la construcción, declaró a ABC News que antes trabajaba como secretaria para una organización en una aldea rural de Ecuador que combatía a grupos criminales y concienciaba sobre la delincuencia en su país. Debido a ese trabajo, cree que es un objetivo y que la matarían si la deportaran.
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Sistema de monitoreo
Según documentos judiciales, después de que un juez federal de inmigración y la Junta de Apelaciones de Inmigración denegaran la solicitud de asilo de Loja-Loja, la madre ecuatoriana fue puesta bajo un sistema de monitoreo GPS el mes pasado, de acuerdo a una publicación de ABC News.
El 30 de abril solicitó una visa T, que otorga estatus legal a ciertas víctimas de trata de personas. El gobierno emite 5000 visas T y 10 000 visas U al año. Sin embargo, el 1 de mayo, Loja-Loja afirmó haber recibido mensajes de un funcionario del programa de comparecencia supervisada del ICE, quien le indicó que debía presentarse en el aeropuerto para partir hacia Ecuador.
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Pomerleau, quien presentó un recurso de hábeas corpus de emergencia para bloquear la expulsión de Loja-Loja el 2 de mayo, argumenta que las autoridades federales están violando sus derechos al debido proceso al intentar deportarla antes de que se pueda resolver su solicitud de “visa T”.
Según la petición de hábeas corpus de Loja-Loja, el Departamento de Seguridad Nacional revocó en 2025 una política que permitía a los funcionarios del ICE ejercer discreción para aplazar las decisiones sobre la aplicación de las leyes de inmigración civil contra los solicitantes de visas “T” y “U”.
“Lo que estamos viendo aquí es que las víctimas de estos delitos ahora están siendo victimizadas por el gobierno”, dijo Pomerleau a ABC News. “Están buscando refugio de los traficantes, y el ICE está tratando de impedirles incluso utilizar el proceso que el Congreso ha creado”.
En un comunicado a ABC News, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional dijo que Loja-Loja “ha sido procesada para su expulsión acelerada y puesta en libertad con un dispositivo de localización GPS mientras se llevan a cabo los trámites de expulsión correspondientes”.
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“Una solicitud pendiente NO confiere ningún tipo de estatus legal en los Estados Unidos”, declaró el portavoz. “Si una persona ingresa a nuestro país ilegalmente, está sujeta a detención o deportación. Todo inmigrante indocumentado tiene derecho al debido proceso”.
La decisión de detener y deportar a presuntas víctimas de trata de personas y otros delitos motivó una demanda colectiva presentada el año pasado en California por el Centro de Derechos Humanos y Derecho Constitucional. El grupo argumenta que la política del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) permite, por primera vez, “el arresto, la detención y la deportación de inmigrantes sobrevivientes” de delitos violentos. El caso aún se encuentra en litigio.
La demanda alega que, hasta hace poco, el ICE seguía un marco normativo establecido por el Congreso que, por lo general, no aplicaba medidas coercitivas contra personas con “visados T” pendientes u otros visados para víctimas de ciertos delitos.
“Actualmente, el ICE deporta de forma rutinaria a supervivientes de la trata de personas y de delitos que tienen solicitudes pendientes para las visas U y T que el Congreso creó específicamente para protegerlos de la deportación”, dijo el grupo en un comunicado.
En los documentos presentados ante el tribunal, el gobierno ha argumentado que los cambios en la política se realizaron para cumplir con las órdenes ejecutivas que priorizan la expulsión de todos los extranjeros sujetos a deportación.
Loja-Loja declaró a ABC News que espera poder permanecer en Estados Unidos para continuar con su caso.
“Necesito protección para mis hijas, y estoy esperando otro bebé”, dijo. (I)