El Gobierno colombiano expidió este lunes un decreto que regula el posible regreso de las aspersiones aéreas de cultivos ilícitos con glifosato, suspendidas en 2015 por el potencial efecto cancerígeno del herbicida.

El documento "regula el control de los riesgos para la salud y el medio ambiente en el marco de la erradicación de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea", aunque eso no significa que se vayan a reanudar de inmediato las fumigaciones.

"El decreto recientemente expedido por el Gobierno es un paso más para que se tenga un instrumento adicional para el combate contra los cultivos ilícitos", afirmó el ministro de Defensa, Diego Molano, en una declaración en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo.

Molano detalló que "el operador de ese programa de aspersión aérea será la Policía Nacional", que lo desarrollará de forma "automatizada y controlada" y únicamente lo "aplicará en aquellas zonas donde hay cultivos extensivos, industriales y particularmente donde hay presencia de grupos al margen de la ley".

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"Será un programa desarrollado con permanente seguimiento y evaluación, con reporte a las entidades de salud, ambientales y por supuesto al Consejo Nacional de Estupefacientes", agregó.

Las fumigaciones de los cultivos de coca fueron suspendidas en 2015, durante la presidencia de Juan Manuel Santos, en acatamiento de una sentencia de la Corte Constitucional basada en el argumento de que el herbicida puede ser cancerígeno para los seres humanos y causar además daños al medioambiente.

Posteriormente, en 2017, el alto tribunal suspendió la fumigación aérea de cultivos ilícitos pero dejó abierta la posibilidad de volver a autorizar el glifosato en la lucha antidrogas si el Gobierno cumplía seis exigencias sanitarias ambientales.

Decreto no reactiva la aspersión inmediata

Según detalló el Gobierno en un comunicado, el decreto "no reactiva automáticamente el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante aspersión aérea y para el efecto es necesario que el Consejo Nacional de Estupefacientes verifique el cumplimiento de los requisitos exigidos".

Para ello son necesarios los conceptos sobre los riesgos para la salud y para el medioambiente que tienen las fumigaciones aéreas.

De ser reactivadas las fumigaciones aéreas, serán excluidas de este programa las áreas ubicadas en Parques Nacionales Naturales, Parques Naturales Regionales, páramos, humedales del sistema Ramsar y manglares, así como los cuerpos de agua y los centros poblados.

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Igualmente habrá consulta previa en caso de que la ejecución del programa de erradicación de cultivos pueda afectar directamente a las comunidades étnicas.

"El decreto señala que los eventos en salud y las quejas que se deriven de los efectos del programa de aspersión deberán atenderse de forma imparcial, independiente y comprehensiva, por una entidad distinta al ejecutor del programa", agregó la información del Ministerio de Defensa.

Protestas previas a decisión

El pasado 18 de marzo decenas de personas marcharon por las calles de la ciudad colombiana de Tumaco, en el Pacífico, para protestar ante la posibilidad de que el Gobierno vuelva a fumigar con glifosato los cultivos ilícitos que hay en el departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador, uno de los más afectados por ese problema.

Los manifestantes protestaron contra la "intransigencia del Gobierno" que anuncia el reinicio inminente de las aspersiones "desconociendo los llamados de Relatores de Naciones Unidas, de la comunidad académica, de expertos ambientales, de las organizaciones sociales y del clamor de las comunidades campesinas, indígenas y negras", que son los más afectados por la violencia.

Justamente diez relatores especiales de la ONU enviaron en diciembre pasado una carta al presidente de Colombia, Iván Duque, pidiendo que el Gobierno no retome las aspersiones aéreas con el polémico herbicida. (I)