“La pandemia ha evidenciado y exacerbado las grandes brechas estructurales de la región y, en la actualidad, se vive un momento de elevada incertidumbre en el que aún no están delineadas ni la forma ni la velocidad de la salida de la crisis”, dice Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

El organismo considera que actualmente los costos de la desigualdad en la región se han vuelto insostenibles y que es necesaria la creación de un verdadero “Estado de bienestar”. Según Cepal, el total de personas pobres en América Latina y el Caribe ascendió a 209 millones a finales de 2020, 22 millones de personas más que el año anterior.

Además del aumento en las cifras de pobreza a causa de la pandemia, Cepal dice que la situación pone al desnudo las desigualdades estructurales que caracterizan las sociedades latinoamericanas y los altos niveles de informalidad y desprotección social y la injusta división sexual del trabajo.

Para poder acortar la brecha de la desigualdad, este “Estado de bienestar” al que se refiere Cepal comprende medidas de protección social en corto plazo como el ingreso básico de emergencia (IBE), bono contra el hambre e IBE para mujeres; y a mediano y largo plazo, un ingreso básico universal que tenga como prioridad a familias con niños, niñas y adolescentes y también implementar sistemas universales, integrales y sostenibles de protección social de amplia cobertura.

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“Implementar medidas de protección social es viable y necesario para contrarrestar la pérdida de fuentes de ingresos laborales y sostener la demanda durante la pandemia. En la actualidad, es clave mantener las transferencias de ingresos, especialmente para la población en situación de pobreza y los trabajadores informales y precarios, así como el acceso universal a la atención médica, a los servicios básicos y a la alimentación adecuada...Las medidas de protección social son clave para una respuesta integral a la crisis, que considere tanto la dimensión social como la sanitaria y la económica”, dice Bárcena a este Diario.

No obstante, para el economista Jaime Carrera, director ejecutivo del Observatorio de la Política Fiscal, las economías de la región son absolutamente diferentes a las economías avanzadas que ya sostienen los estados de bienestar y dice que actualmente por efectos de la pandemia de la COVID-19 “las economías de la región se deterioraron y crecieron los déficits fiscales”, lo que hace que las limitadas ayudas sociales ya existentes no puedan sostenerse.

Carrera dice que específicamente Ecuador no tiene ninguna posibilidad de implementar dicho “Estado de bienestar”.

“Con un PIB por habitante anual de $ 5.600 jamás puede concebirse esa posibilidad. Un objetivo en esa dirección debe llevar al Ecuador a producir como Dinamarca o Suiza. El actual objetivo primario del país debe ser lograr la sostenibilidad fiscal y un entorno para un crecimiento económico elevado y sostenido y, en ese marco, canalizar las ayudas sociales que permitan reducir la pobreza.

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Pese a que la situación en la región no es la mejor, Cepal dice que los Gobiernos implementaron 263 medidas de protección social de emergencia en 2020. Estas alcanzaron al 49,4% de la población, aproximadamente 84 millones de hogares o 326 millones de personas y que sin esas medidas la incidencia de la pobreza extrema habría alcanzado el 15,8% y la pobreza el 37,2% de la población.

Entre estas medidas están los programas de transferencias monetarias, extensión de las transferencias existentes (anticipo de entregas, ampliación de montos y cobertura), entrega de alimentos, medicamentos, mascarillas, la suspensión o exoneración del pago de cuentas de los servicios básicos, la implementación del teletrabajo y también la prohibición de despidos, alivios tributarios, facilidad de pago de créditos e hipotecas.

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Chile y Perú son un ejemplo. Ambos países permitieron por medio de decretos de urgencia retirar a los afiliados dinero de los sistema de pensiones. Tanto el Banco Central de Reserva del Perú como el Banco Central de Chile pusieron en marcha medidas tendientes a proveer liquidez para viabilizar el retiro de fondos.

Bárcena menciona también que se implementaron medidas de emergencia de protección social no contributiva en transferencias monetarias (147 medidas en 30 países). “En el caso de Ecuador, se entregó el Bono de protección familiar por emergencia sanitaria, y entre los programas más grandes de la región cabe destacar el Auxílio Emergencial de Brasil, así como el Ingreso Familiar de Emergencia en Argentina y Chile y el Ingreso Solidario en Colombia”, dice la secretaria.

Por su parte, Carrera señala que las medidas de protección social eran imperativas para impedir que la misma sociedad alcance niveles de ingobernabilidad insostenibles, pero que tales medidas, producto de la pandemia, deben retirarse a medida que las economías se normalicen y crezcan.

“No debe confundirse un estado de bienestar con medidas básicas de protección social que los países deben mantener en el camino hacia la reducción de la pobreza”, apunta y agrega que estas ayudas deben ser “temporales, a fin de evitar el paternalismo”.

Cepal dice también que pese a que estos recursos otorgan un alivio importante a los hogares que han perdido sus fuentes de ingresos y no cuentan con acceso a mecanismos de protección social, hay que considerar los efectos negativos que pueden llegar a tener en la suficiencia futura de pensiones y que es importante evaluar otros mecanismos de protección. El organismo señala que las personas de los estratos de ingresos bajos y medio-bajos ha sido los más afectados por la pandemia.

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Carrera insiste en que el fortalecimiento de la protección social en la región requiere de economías sanas y en crecimiento, y de cuentas públicas ordenadas y equilibradas. “Los países deben efectuar reformas en tal dirección, lo cual exigirá grandes esfuerzos, en primer lugar, para normalizar las economías una vez vencida la pandemia, y luego para recomponer las economías y las cuentas públicas”, apunta.

No obstante, Cepal afirma que el aumento de los niveles de pobreza y pobreza extrema sería todavía mayor sin las medidas implementadas por los Gobiernos y que aunque se espera que la desigualdad del ingreso total por persona aumente en las cifras de 2020 dando lugar a un índice de Gini promedio del 2,9% más alto que el registrado en 2019. Sin las ayudas el aumento esperado del índice para la región habría sido del 5,6%.

“Para ir más lejos de un llamado a construir el Estado de bienestar basado en los buenos deseos, es importante plantear con urgencia a los países la necesidad de un nuevo pacto social como instrumento político para un cambio verdaderamente estructural”, dice Bárcena y agrega que es preciso recuperar la política como instrumento de cambio... para generar bienes públicos y pactos duraderos.

“Un nuevo pacto social para construir el Estado de bienestar debe basarse en respuestas solidarias en los costos y el financiamiento... urge que estos pactos sociales ayuden a consolidar y fortalecer sistemas de protección social universales, integrales y sostenibles. (I)