España flexibiliza la contratación y regularización de inmigrantes irregulares

Hacer más fácil la contratación en países de origen y regularizar la situación de quienes ya están en España son los objetivos de una reforma normativa aprobada este martes por el Gobierno español.

Muchos del cerca de medio millón de inmigrantes irregulares que algunas organizaciones estiman que hay en España proceden de América Latina.

Pero el mercado laboral en España necesita que estos trabajadores de fuera de la Unión Europea (UE) lleguen al país y trabajen en él de forma “regular, ordenada y segura”, en palabras del ministro español de Migraciones, José Luis Escrivá.

Actualización de reglamento

La ley española sobre Extranjería data de 2011, por lo que muchos procedimientos son, según reconoció el ministro en una rueda de prensa en Madrid, “lentos e inadecuados” para las necesidades actuales, con lo que contribuyen a la irregularidad y la economía sumergida.

Actualmente se tarda de media nueve meses para una autorización de residencia y trabajo.

El Gobierno español optó por no reformar la ley, sino solo su reglamento, aprobando una actualización mediante un decreto, sin necesidad de un trámite parlamentario más largo.

Para facilitar la incorporación al mercado de trabajo de inmigrantes que ya están en España, la reforma actualiza las figuras de arraigo laboral, social y familiar, con requisitos más sencillos.

Además de introducir novedades como el “arraigo para la formación”, que permitirá a inmigrantes que lleven dos años en España que puedan formarse en profesiones “particularmente deficitarias”.

Quienes sean incluidos en esta figura contarán con una autorización provisional de un año, prorrogable a otro, para realizar una formación para el empleo y después podrán solicitar autorización de residencia y trabajo por dos años si presentan un contrato.

Además, para favorecer la permanencia de estudiantes extranjeros, se permitirá compaginar la formación con el trabajo siempre que no se superen las treinta horas semanales.

Escrivá señaló que elimina así la “anomalía” que les hacía muy complicado incorporarse al mercado laboral tras acabar los estudios.

Unos 50.000 estudiantes de fuera de la UE están matriculados en España, algunos con perfiles de alta cualificación.

Otra novedad es que se flexibilizan requisitos para que los extranjeros puedan conseguir un permiso para trabajar por cuenta propia en España, algo tan complejo ahora que en 2021 solo lo lograron 285.

En países de origen

Además de regularizar a quienes ya están en España, otro de los objetivos es facilitar la contratación en países de origen.

Para ello, se actualiza un catálogo de trabajos que tienen difícil cobertura por parte de españoles, que el año pasado se plasmó en poco más de un centenar de contratos por esta vía, pues ahora se limita prácticamente a marinos y entrenadores deportivos.

España necesita teleoperadores, desarrolladores de software, conductores de vehículo de reparto o representantes comerciales, según la reforma aprobada.

La reforma simplifica trámites de la denominada migración circular, en la que el trabajador regresa a su país al finalizar el contrato, para conceder permisos por cuatro años que permitan trabajar nueve meses al año en España.

El ministro descartó una estimación de cuántos trabajadores podrán salir de la economía sumergida con esta reforma, al asegurar que no es el objetivo, sino modernizar todo el sistema.

Escrivá ya había advertido anteriormente de que no se busca una regularización masiva, pues en Europa no las hay desde 2008 porque lo impide el Pacto Europeo de Emigración y Asilo.

La mayor parte de los inmigrantes en situación irregular en España, siete de cada diez, proceden de América Latina, según un informe de la Fundación Por Causa, que calcula que entre 475.000 y 514.000 “sin papeles” residen en el país, con datos de 2020.

Sindicatos y organizaciones de apoyo a inmigrantes habían solicitado que la reforma vaya más allá del mercado laboral y avance en derechos de estas personas, con más medidas para la reagrupación familiar y para facilitar el acceso al empleo a solicitantes de protección internacional como el asilo.

Su demanda es que se vea a quienes vienen de forma ordenada de otros países como ciudadanos con todos los derechos, no solo como mano de obra para trabajos que no quieren los españoles. (I)