La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este viernes al gobierno del presidente Donald Trump a revocar el estatus legal de 532.000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, que contaban con permiso de permanencia temporal, conocido como parole.
La decisión del máximo tribunal, de mayoría conservadora, es temporal hasta que una corte de apelación se pronuncie sobre el fondo del caso.
Las juezas progresistas de la Corte Suprema Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor disintieron del fallo. Advierten de las “consecuencias devastadoras” de poner en peligro “las vidas y los medios de subsistencia de casi medio millón de extranjeros mientras sus reclamaciones legales están pendientes”, según el documento.
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Los migrantes “se enfrentan ahora a dos opciones insoportables. Por un lado, podrían optar por abandonar Estados Unidos y, de ese modo, enfrentarse a peligros en sus países de origen”, sufrir una “separación familiar” y, posiblemente, perder cualquier posibilidad de recurso, escribieron.
“Por otro lado, podrían permanecer en Estados Unidos (...) y arriesgarse a una expulsión inminente a manos de agentes del gobierno, con las graves consecuencias que ello conlleva”, insisten las magistradas.
En su fallo la jueza de Boston afirmó que el gobierno hace una interpretación errónea de la ley de inmigración, ya que la expulsión acelerada se aplica a los extranjeros que entran ilegalmente en Estados Unidos, no a aquellos autorizados a permanecer en el país.
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En un comunicado el Departamento de Seguridad Interior (DHS) advirtió que el fallo le permite “empezar de nuevo a expulsar a extranjeros ilegales”.
Trump se enfrenta a los jueces que bloquean su política migratoria y, aunque la ha criticado, ha depositado sus esperanzas en la Corte Suprema para llevarla adelante. (I)
