Cada año, el Congreso de Estados Unidos aprueba el presupuesto federal que rige para el siguiente año fiscal, el cual comienza el 1 de octubre y se extiende hasta el 30 de septiembre del año siguiente. A partir de esa fecha podrían modificarse las tarifas de visas, aunque el Departamento de Estado y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) aún no han confirmado cambios específicos.

La ley One Big Beautiful Bill Act (OBBBA), firmada el 4 de julio, establece la creación de una “visa integrity fee” de 250 dólares, que deberán pagar la mayoría de solicitantes de visas no inmigrantes, incluidos turistas, estudiantes y trabajadores temporales. El cobro se sumará a las tarifas de solicitud y procesamiento ya existentes y no podrá ser exonerado ni reducido.

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La disposición afecta a todas las categorías de visas no inmigrantes, como B-1/B-2, F-1, H-1B, L-1, O-1 y TN, y deberá abonarse al momento de la emisión. Los viajeros exentos de visa bajo el Visa Waiver Program no tendrán que pagar este monto.

Aunque la normativa contempla la posibilidad de que los solicitantes recuperen el dinero al expirar la visa, el proceso depende de cumplir varias condiciones, como no exceder la permanencia autorizada, no aceptar empleos no autorizados y salir del país a tiempo. Sin embargo, no existe todavía un sistema definido para los reembolsos.

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El monto de 250 dólares corresponde al mínimo legal establecido para el año fiscal 2025, pero el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tiene facultad para aumentarlo mediante regulaciones. Desde 2026, la tarifa subirá cada año con base en la inflación. (I)