Estados Unidos ha decidido cerrar el acceso a su mercado de routers de consumo fabricados en el extranjero. La Comisión Federal de Comunicaciones confirmó que estos dispositivos representan un riesgo para la seguridad nacional, por lo que no podrán obtener la autorización necesaria para su importación y venta en el país.
La disposición abarca routers WiFi destinados a hogares, pequeñas empresas y oficinas, un segmento ampliamente extendido en la infraestructura digital cotidiana.
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Al quedar incluidos en la lista de equipos considerados de riesgo, los nuevos modelos no podrán certificarse, lo que en la práctica bloquea su entrada al mercado estadounidense.
La medida se apoya en un informe de seguridad nacional que advierte sobre el uso de routers como punto de entrada para ataques informáticos, y sigue la línea del veto a Huawei en 2019, cuando Estados Unidos restringió a la empresa por motivos de seguridad nacional y marcó un giro en el control de tecnologías extranjeras.
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Según el documento, actores estatales y no estatales han explotado vulnerabilidades en dispositivos fabricados en el extranjero para ejecutar operaciones contra usuarios dentro de EE. UU.
El texto menciona campañas como el ataque Salt Typhoon de 2024, además de otras identificadas como Volt y Flax. En estos casos, los routers habrían sido utilizados para interrumpir conexiones, facilitar espionaje en redes locales y permitir el robo de información.
Las autoridades sostienen que la complejidad de las cadenas de suministro internacionales dificulta verificar la seguridad de cada componente, lo que incrementa el riesgo.
Alcance de la prohibición
La normativa no afecta a los equipos que ya cuentan con autorización. Los routers actualmente en uso o ya certificados pueden seguir operando y comercializándose.
El cambio se concentra en los nuevos productos. Ningún router de consumo podrá obtener certificación si ha sido fabricado fuera de Estados Unidos, salvo que su fabricante obtenga un permiso especial. Este requisito también aplica a dispositivos diseñados en Estados Unidos pero ensamblados en otros países.
Para acceder a una excepción, las empresas deberán presentar cada modelo a evaluación. El proceso estará a cargo del Departamento de Seguridad Nacional y del denominado Departamento de Guerra, que decidirán si el equipo cumple con los estándares exigidos. Hasta el momento no hay dispositivos aprobados bajo este esquema.
Los routers de gran escala utilizados en redes empresariales o de núcleo no forman parte de la prohibición directa. Sin embargo, están sujetos a una supervisión más estricta. Las compañías que los suministran deberán auditar sus cadenas de producción y demostrar el origen y seguridad de cada componente.
Impacto en la industria
Actualmente, casi ningún router de consumo se fabrica en territorio estadounidense, por lo que se reduce la oferta disponible en el corto plazo.
Empresas con operaciones y capacidad de producción en Estados Unidos podrían beneficiarse. Cisco Systems tiene contratos federales y presencia local, lo que podría facilitar la adaptación de su producción. Juniper Networks también avanza en trasladar parte de su ensamblaje hacia América del Norte.
En contraste, fabricantes extranjeros enfrentan mayores obstáculos. TP-Link, ampliamente distribuido en el segmento doméstico y de pequeñas oficinas, queda entre los más afectados. Lo mismo ocurre con Nokia y Ericsson, que dependen de producción en Asia.
La reducción de opciones y el traslado de la producción hacia Estados Unidos anticipan un aumento de precios. Las estimaciones iniciales sitúan el alza entre el 15 por ciento y el 30 por ciento.
Los modelos ya autorizados podrían encarecerse debido al incremento de la demanda, ya que serán los únicos disponibles sin nuevas restricciones en el corto plazo. (I)