“Soberbia, prepotencia y frustración” son los adjetivos con los que el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, acusó al Gobierno estadounidense, este sábado, debido a la advertencia de aplicar sanciones si La Habana procesa a los convocantes de la marcha pacífica del 15 de noviembre.

Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, defiende la represión ante las protestas y acusa a EE. UU. de provocarlas

Díaz-Canel compartió dos artículos de medios estatales a través de la plataforma de Twitter bajo el hashtag #LaRazonEsNuestroEscudo, donde volvió a culpar a Washington de financiar y organizar “el esquema desestabilizador” contra Cuba, refiriéndose a la solicitud de los activistas de marchar por la liberación de los presos políticos y otras demandas. Además aseguró que Estados Unidos debe prepararse para recibir la respuesta del pueblo cubano.

El Gobierno no solo negó esa petición inédita en más de 60 años al considerarla “ilícita”, sino que también advirtió a los convocantes de que se les imputarán delitos y serán procesados si mantienen la decisión de marchar.

Ante ello, Estados Unidos advirtió en la víspera que responderá, posiblemente con sanciones, si se “violan los derechos fundamentales” del pueblo cubano o se procesa a los impulsores de la marcha de noviembre.

A lo que el mandatario cubano respondió hoy que “cuando el Gobierno estadounidense se pronuncia, habla el que financia y organiza el esquema desestabilizador, que suma a cuanto grupúsculo o institución -dólares mediante- aporte una iniciativa contra la revolución”.

En otro mensaje afirmó que “el imperio quiere impunidad para sus operadores en Cuba y amenaza con más medidas” por lo que, añadió, “recibirá la respuesta digna de nuestro pueblo”.

El principal asesor para Latinoamérica del presidente estadounidense Biden, Juan González, indicó en una entrevista con EFE que los líderes de La Habana tienen “miedo” a entablar “una conversación nacional con el pueblo cubano”.

Estados Unidos ya ha sancionado a altos cargos militares cubanos por su presunto papel en la represión de las protestas del pasado 11 de julio y ha endurecido en los últimos dos años el embargo financiero y comercial vigente desde 1962. (I)