La acusación más reciente a Fernánez se remonta a sus dos periodos como presidenta (2007-15) y al anterior (2003-2007) de su esposo Néstor Kirchner, fallecido en 2010. La causa la describió como jefa de una asociación ilícita, con la que supuestamente orientó la atribución de licitaciones de obra pública en la provincia de Santa Cruz (sur), su cuna política, para favorecer al empresario Lázaro Báez.
La auditoría señaló que este grupo empresarial, entre 2003 y 2015, tenía adjudicado un 78,4% del monto vigente total de obras de la provincia; y además identificó una “desigualdad en el plazo insumido para el pago de los certificados entre las diferentes empresas contratistas”.
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Señala que de las 51 obras adjudicadas al Grupo Báez fueron terminadas 26, sólo 2 en el tiempo previsto, y en una sóla obra se cumplió con el monto pactado en el contrato original. En algunos casos se llegó a superar en un 387% el valor final de la obra respecto del contrato original.
La Fiscalía estimó en unos 1.000 millones de dólares la suma que habría sido defraudada al Estado. El proceso judicial comenzó en 2019 y se estima que el veredicto de los jueces se conocerá hacia fines de año. En caso de condena, Kirchner puede apelar.
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El fallo del Tribunal Oral Federal N.° 2, sea cual sea su resolución, puede ser apelado ante la Cámara Federal de Casación Penal. En este expediente interviene la Sala IV del tribunal, que integran los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Carlos Carbajo. La Cámara no tiene plazos para resolver las apelaciones y puede confirmar o revocar la sentencia del Tribunal Oral.
Hasta que no haya una sentencia firme de la Corte Suprema y debido a su inmunidad política como vicepresidenta y titular del Senado, no iría presa ni tampoco quedaría inhabilitada. Se habla de sentencia firme cuando ya no quedan recursos pendientes de resolución en la Justicia argentina.
Ademés, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, puede indultar a su vicepresidente. El inciso 5 del artículo 99 de la Constitución nacional, referido a las “atribuciones del presidente de la Nación”, dice que el mandatario “puede indultar o conmutar las penas por delitos sujetos a la jurisdicción federal, previo informe del tribunal correspondiente, excepto en los casos de acusación por la Cámara de Diputados”.
Kirchner ha sido sobreseída en varias causas por presuntos delitos ocurridos cuando fue presidenta, pero aún enfrenta cinco procesos.