Durante los últimos cinco años fue notorio que en Perú la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo creó una gran inestabilidad política que provocó que en el último periodo presidencial cuatro personas diferentes ocuparan el cargo de primer mandatario.

El país sudamericano tiene un sistema presidencialista, pero con particularidades que hacen que sea en la práctica algo híbrido, como un sistema semipresidencial.

Ahora el presidente electo Pedro Castillo, que asumirá el poder el 28 de julio, recibirá un país con la tercera parte de la población en la pobreza y no tendrá mayoría en el Congreso; además, los grupos de poder e inversionistas lo miran con desconfianza.

El partido de Castillo, Perú Libre (marxista-leninista), cuenta con 37 curules de las 130 que componen el Parlamento. A estas se le podrían sumar como aliados cinco de la lideresa de izquierda Veronika Mendoza, y quizá otros; pero de acuerdo a expertos, necesitará de manera vital negociar con otras tiendas, lo que se ve difícil por las diferencias ideológicas y de visión de país. Esto sin contar con que los legisladores de su bancada no son liderados por él sino por las figuras del partido, en el cual no lleva mucho tiempo.

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El propio Congreso tiene entre sus funciones: “Control político comprende la investidura del Consejo de Ministros, el debate, la realización de actos e investigaciones y la aprobación de acuerdos sobre la conducta política del Gobierno, los actos de la administración y de las autoridades del Estado, el ejercicio de la delegación de facultades legislativas, el dictado de decretos de urgencia y la fiscalización sobre el uso y la disposición de bienes y recursos públicos, el cumplimiento por el presidente de la República del mensaje anual al Congreso de la República y el antejuicio político, cuidando que la Constitución Política y las leyes se cumplan y disponiendo lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores”, según su sitio oficial.

Además, “designar al contralor general de la República, elegir al defensor del Pueblo, así como a los miembros del Tribunal Constitucional, al Directorio del Banco Central de Reserva, y ratificar al presidente del Banco Central de Reserva y al superintendente de Banca y Seguros. Le corresponde también la remoción en los casos previstos en la Constitución”.

El Legislativo también puede poner contra las cuerdas a los Gobiernos con el proceso de vacancia presidencial, que ha sido usado varias veces en los últimos años. Mientras que el Ejecutivo tiene la opción de la cuestión de confianza, si el Congreso no la aprueba o si el presidente del consejo de ministros renuncia o es removido por el presidente de la República, se produce una crisis ministerial total y el Gabinete en pleno renuncia.

En tanto, si el Congreso niega la confianza a dos Gabinetes de un mismo Gobierno, el presidente puede disolver el Parlamento, excepto en el último año (de los cinco del periodo).

Hay expertos que mencionan que para lograr estabilidad se deben reformar estos temas, especialmente la vacancia por “incapacidad moral”.

El mayor ejemplo de esto fue lo sucedido con Martín Vizcarra, quien tras asumir el cargo con la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski por presiones del Congreso y ser uno de los mandatarios más populares de los últimos años, disolvió el Congreso y luego fue vacado mientras empezaba a ser investigado por corrupción en noviembre de 2020 —en el segundo intento—. Asumió el cargo el presidente del Parlamento, Manuel Merino, quien renunció por presión social pocos días después para darle paso a su sucesor en ambos puestos: Francisco Sagasti, quien el 28 de julio entregará la banda a Castillo en medio de la transición más acelerada que se recuerde.

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David Sulmont, sociólogo político y profesor de la U. Católica de Perú, dijo al medio peruano RPP Noticias que, de acuerdo a la experiencia, un Gobierno que no tiene una relación fluida con el Congreso provoca “extrema inestabilidad” política.

El especialista añade que además hay que sumar que esta vez la mayoría de los parlamentarios no tiene experiencia, ya que con un cambio de ley en la presidencia de Vizcarra se eliminó la reelección inmediata.

Además, el Gabinete y el plan de gobierno deben obtener el voto de confianza del Congreso.

Ya se habla de que Castillo deberá asegurar 44 votos para evitar cualquier intento de destitución, algo que podría lograr si se acerca al centro, puesto que se necesitan 87 votos para aprobar un proceso de vacancia. (I)