Cómo Ecuador pasó de ser país de tránsito a un centro de distribución de la droga en América Latina (y qué papel tienen los carteles mexicanos)

Una “autopista de la cocaína hacia Estados Unidos y Europa”.

Así definió el portal especializado InsightCrime a Ecuador, apuntando al hecho de que más de un tercio de la creciente producción de cocaína en Colombia llega a Ecuador y desde los puertos ecuatorianos sale rumbo principalmente a EE.UU. y Europa.

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Washington acaba de incluir a Ecuador en su lista de países con mayor tráfico o producción de drogas.

Según expertos, en los últimos años ha sufrido un cambio de paradigma: ya no estamos hablando de un país “de tránsito” de la droga, sino de uno en el que se almacena, se procesa y se distribuye.

“El paradigma que teníamos hasta hace 10 años, que era básicamente un país de tránsito, ya cambió. Ya no lo somos”, le dice a BBC Mundo el periodista Arturo Torres, quien se ha dedicado a investigar el tema del narcotráfico en la nación andina.

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“El país ha ido dando diferentes saltos. Pasa de un país de tránsito a un país de acopio y de plataformas internacionales de distribución, y da un salto más, a un país procesador”, coincide el coronel Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia militar y ahora analista en seguridad y defensa.

Ese cambio de paradigma se nota en la mayor cantidad de droga —principalmente cocaína— decomisada, en el cada vez más habitual descubrimiento de laboratorios, pero también en el aumento de la violencia.

Esta última es particularmente visible en las cárceles.

Apenas a finales de septiembre se registró la peor masacre en la historia carcelaria de Ecuador: un enfrentamiento entre bandas rivales en el Centro de Privación de Libertad Número 1 en Guayaquil dejó 119 fallecidos y 81 heridos.

Esas bandas están ligadas con el narcotráfico, y se disputan el control territorial tanto dentro como fuera de la cárcel.

Más decomisos

“El tema del tráfico de drogas siempre ha estado ahí”, le dice a BBC Mundo el general Giovanni Ponce, jefe de Antinarcóticos de la Policía de Ecuador.

“En Colombia se producen más o menos 1.200 toneladas de droga al año. De ellas, alrededor de 450 en los departamentos de Nariño y Putumayo, que son fronterizos con Ecuador. Y de esas 450, alrededor de un 50% ingresaría por nuestra frontera, unas 200-250 toneladas”.

El aumento de la producción de cocaína en Colombia ha llevado a cifras récord de incautación, también en Ecuador.

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El incremento de las aprehensiones de droga en territorio ecuatoriano se registra desde 2018.

De hecho, “es el país de Sudamérica no productor de cocaína que más droga incauta”, dice Renato Rivera, investigador de la Red Latinoamericana de Análisis de Seguridad y Delincuencia Organizada (Relasedor).

Según cifras de la Policía Antinarcóticos ecuatoriana, en 2019 se decomisaron 79 toneladas de droga; en 2020, 128; y hasta el 6 de octubre del 2021 se habían decomisado 136 toneladas. La proyección de las autoridades es que al cierre de este año se aprehendan alrededor de 170.

“El 70% de esa droga es cocaína lo cual ya da un contexto de la importancia de ese mercado en Ecuador”, señala Rivera.

Los expertos consultados por BBC Mundo señalan varios factores que explican cómo Ecuador escaló desde ese país de tránsito a tener un mayor protagonismo en las redes de narcotráfico de América Latina.

“Efecto globo”

La fumigación y erradicación de cultivos ilícitos llevadas a cabo por las autoridades colombianas tuvieron como resultado una “transfronterización” de los mismos, sobre todo a partir de los primeros años 2000.

Es lo que se conoce como “efecto globo”, según el cual cuando se reprime la producción de drogas en una región, esta aumenta en otras.

Por ese efecto, “las acciones gubernamentales contra el narcotráfico en Colombia obligaron a trasladar gran parte de la infraestructura del crimen organizado hacia otros países, como Venezuela, desde donde sale cerca del 50% de la droga de Colombia, Ecuador por donde sale el 37,5% y Brasil, por donde sale cerca del 12,5%”, explica el coronel Pazmiño.

Dos rutas del narcotráfico atraviesan Ecuador desde Colombia.

Una es la del Pacífico, donde la droga ingresa por la provincia de Esmeraldas hasta los puertos del país, principalmente en las provincias de Manabí y Guayas.

Y la otra la ruta amazónica, a través de la cual la droga ingresa por Sucumbíos y se dirige a Brasil y otros países de la región.

“Ese tipo de acciones lo único que han hecho es trasladar una parte de ese holding delictivo hacia otros países con mejores características para que el negocio pueda seguir floreciendo”.

En 2017 Naciones Unidas alertó de que el 35% de los cultivos ilícitos estaban a menos de 10 kilómetros de la frontera con Ecuador.

Renato Rivera, resalta que cada vez se hallan más cultivos de hoja de coca en el lado ecuatoriano de la frontera, en las provincias de Esmeraldas y Sucumbíos.

“Las organizaciones criminales a veces aprovechan los vacíos legales en la delimitación del límite político que entre Ecuador y Colombia para sembrar cultivos”, dice”.

“También hay una especie de cultivos mixtos, en los que la palma africana, que se siembra mucho en la zona de Esmeraldas y de Sucumbíos, se mezcla con la hoja de coca”.

Sin embargo, para el general Pazmiño el papel de Ecuador en términos de cultivo “no es relevante” si se compara con lo que se produce del lado colombiano.

“La mayoría del cultivo se realiza en Colombia. Aquí hay unas pequeñas cantidades, pero son mínimas, yo diría irrisorias, con relación a lo que se produce en el lado colombiano”.

Desde Antinarcóticos coinciden: “Los cultivos acá realmente no existen, somos un país de tránsito y acopio de drogas”.

Pero lo que sí ha aumentado en Ecuador es el número de laboratorios de procesamiento, sobre todo cercanos a los enclaves productivos de cocaína del sur de Colombia, Nariño y Putumayo.

“Allá (en Colombia) se cultiva y se comienza a macerar esa droga. Posteriormente se lo pasa a los laboratorios y cristalizaderos que están ya en territorio ecuatoriano y luego a los centros de acopio y las plataformas internacionales de distribución para la salida al exterior”, explica Pazmiño.

Según cifras dadas a BBC Mundo por la policía, en lo que va del año se han detectado cuatro laboratorios cristalizaderos en las provincias fronterizas de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos, donde la pasta de cocaína se refina para transformarla en clorhidrato de cocaína.

Todo este contexto atrae a carteles y grupos delincuenciales extranjeros, una tendencia que se vio reforzada por otros hechos tanto internos como externos.

Cierre de la base de Manta

Mientras se da todo este desplazamiento de ese “holding delictivo” se produce un hecho que para algunos analistas es fundamental: el desmantelamiento de la base militar estadounidense en Manta, en la costa ecuatoriana, en 2009.

Desde dicha base se rastreaban aeronaves utilizadas por narcotraficantes.

Su cierre fue una promesa electoral de Rafael Correa, quien, una vez en la presidencia, anunció que no se renovaría el contrato para su utilización, argumentando que la base violaba la soberanía de Ecuador.

La prohibición de la presencia de bases extranjeras en el país fue incluida en la nueva Constitución aprobada en 2008.

Como resultado de su cierre, según InsightCrime, “la cooperación antinarcóticos con los países de oferta y demanda entre los que se encuentra Ecuador se redujo al mínimo”.

“Fue un punto importante de inflexión a partir del cual se permitió la penetración casi total del crimen organizado transnacional”, dice Pazmiño.

“Es fundamental, porque ejercía un control de las narcoavionetas que ingresaban al espacio aéreo ecuatoriano y también hacía un control sobre las lanchas rápidas que salían a abastecer a las embarcaciones en alta mar”.

El general Ponce es claro al respecto: “Se tomaron decisiones equivocadas y creo que nos está pasando la factura”.

“Con el tiempo esas decisiones han permitido que las organizaciones (delictivas) hayan ido fortaleciéndose, agrega.

Sin embargo, para Renato Rivera esa decisión tuvo una “connotación mucho más política, al estar vinculada a las relaciones con EE.UU., que de impacto en la seguridad interna o en el combate al narcotráfico que se hace desde el Estado”

“La base de Manta tenía un rol de avanzada. Se hacía un monitoreo de vigilancia aérea. Pero tras su cierre no hubo un impacto en términos de aumento de homicidios ni en la caída de la cantidad de droga incautada”, agrega.

Para el investigador de Relasedor, sin embargo, hubo un elemento que tuvo un impacto mucho mayor en la transformación del país en la cadena del narcotráfico: los efectos colaterales del acuerdo de Paz en Colombia.

La desmovilización de las FARC

En septiembre de 2016, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmaron un acuerdo de paz con el Estado colombiano. Las negociaciones con la otra guerrilla, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), están estancadas.

Las FARC controlaban las cadenas de producción y distribución de la cocaína y la desmovilización de la guerrilla generó cambios estructurales en el tráfico de la droga no solo en Colombia, sino también en Ecuador, que pasó a tener mucho más protagonismo en el esquema del narcotráfico, según Renato Rivera.

Hubo grupos disidentes dentro de las FARC que se quedaron al margen del acuerdo de paz.

“Estos grupos ya no siguen necesariamente la doctrina de las FARC y esto lleva a una especie de descentralización del negocio del narcotráfico”, dice Rivera.

Tanto Rivera como Arturo Torres apuntan a que estos grupos, que se mantienen especialmente en la frontera con Ecuador, en los departamentos colombianos de Nariño y Putumayo, se alían con los carteles mexicanos y otras organizaciones europeas, principalmente de los Balcanes occidentales, que llegan a la zona.

Es una realidad que ha incluido la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) en su reporte de 2021.

En él señala que “en los últimos años, varios otros grupos europeos han surgido como actores importantes en el envío de cantidades significativas de cocaína a Europa, también estableciendo presencia y contactos propios en América Latina”.

“Hasta cierto punto, esto puede haber sido facilitado por un panorama criminal cada vez más fragmentado en Colombia a raíz de la desmovilización de las FARC-EP”, prosigue el texto.

“La proliferación de grupos delictivos no estatales, armados y más pequeños, la ausencia de organizaciones monolíticas que controlan las diversas etapas de la cadena de fabricación y tráfico de cocaína y la mayor compartimentación de estas actividades, puede haber generado nuevas alianzas y cadenas de suministro”.

El informe se refiere en concreto a grupos de Albania, Bosnia-Herzegovina, Croacia, Montenegro y Serbia.

“Entonces no solo tienes la participación de las FARC y el ELN ahí, sino esas nuevas organizaciones colombianas, junto con organizaciones internacionales, que crea una especie de disputa territorial y un aumento de la violencia que tiene implicaciones para Ecuador”.

Entre esas organizaciones internacionales también destacan dos carteles mexicanos: el de Sinaloa, que según Torres empezó a operar en Ecuador aproximadamente en 2003 con el envío de emisarios y un perfil bajo, y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“En 2016 empezamos a tener las primeras alertas de que el CJNG está entrando con fuerza en Ecuador. Y empieza a tejer alianzas con los grupos colombianos disidentes de las FARC, y empiezan a disputarle los territorios al cartel de Sinaloa, pero de una manera discreta, sin exposiciones ni guerras abiertas”, explica Torres.

“En México ocurre lo mismo: el CJNG empieza a disputarle ya de una manera más violenta al cartel de Sinaloa y a Los Zetas el protagonismo. Y ahora mismo Ecuador se convierte en un espejo de lo que ocurre en México”.

Lucha por el territorio y aumento de la violencia

Aunque los niveles de violencia en Ecuador aún distan mucho de los de otros países de América Latina, expertos y autoridades alertan de un aumento sin precedentes de la tasa de homicidios.

En un año, la tasa de muertes violentas subió un punto, y pasó de 6,7 en 2019 a 7,7 en 2020 por cada 100.000 habitantes —el promedio de América Latina es de 17,2—, la más alta de los últimos años.

InsightCrime destaca Guayaquil como “punto crítico” de violencia en Ecuador debido a los “constantes enfrentamientos entre pandillas, las cuales pasaron de asesinar a sus víctimas en las calles y en reuniones familiares a secuestrar y matar cada vez más a sus objetivos a lo largo del año”.

Es una realidad que el general Ponce reconoce: “Hay un aumento inusitado de muertes violentas, especialmente en la provincia de Guayas y en la ciudad de Guayaquil es donde se ha concentrado la violencia”.

“Y esto está ligado a la lucha por el territorio por el tráfico de drogas”.

En los puertos de Guayaquil, según Antinarcóticos, es donde se ha decomisado más droga. “Alrededor del 95% de las aprehensiones”, dice Ponce.

Uno de los escenarios de violencia son las cárceles.

El de septiembre fue el tercer motín registrado en una prisión ecuatoriana en lo que va de 2021, tras los ocurridos en febrero y en julio, que dejaron 79 y 22 muertos, respectivamente.

Detrás de ellos está, según las autoridades, la lucha de distintas bandas delictivas ecuatorianas por el control de los centros penitenciarios.

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“Este control territorial se va aplicando en las cárceles porque se necesita dominar los espacios y reducir la capacidad operativa de la otra banda”, explica Pazmiño.

“Por eso son los enfrentamientos, los ajusticiamientos que se dan en las cárceles y que también se replican fuera, en las ciudades, justamente por donde pasa la mayor cantidad de las rutas hacia los centros de acopio”.

Vínculos con el narco mexicano

InsightCrime explica que los grupos criminales ecuatorianos tradicionalmente operan de manera fragmentada, actuando fundamentalmente como subcontratistas de organizaciones criminales extranjeras.

“El aumento de la violencia criminal en general en Ecuador es por las disputas territoriales que hay entre las organizaciones criminales por las rutas y los servicios de seguridad que están empleando las organizaciones mexicanas”, agrega Rivera.

Según los expertos, en Ecuador hay varias organizaciones locales trabajando con los carteles mexicanos.

Entre ellas están Los Choneros, que han cooperado históricamente con el cartel de Sinaloa; y Los Lobos, Los Lagartos y Los Tiguerones con el CJNG.

“Estas trabajan sobre todo dando seguridad en las rutas ilegales y las caletas del narcotráfico cercanas a los puertos de Manabí y Guayas”, dice Rivera.

Para el general Ponce, sin embargo, aún son muy pocos los casos debidamente investigados que muestran esa relación.

“En lo histórico, tenemos señalados, desde el 2013 al 2021, alrededor de 11 casos en los cuales las investigaciones han determinado que efectivamente había un tipo de relación con el cártel de Sinaloa”, dice.

“En 2020 se encontró por primera vez alguna relación con el CJNG. Son muy pocos los casos debidamente investigados”, subraya.

Aunque “sí parece claro que los carteles envían emisarios a Ecuador, que les ayudan a hacer las coordinaciones para mover la droga”, agrega.

¿Pero es realmente Ecuador un nuevo escenario del enfrentamiento directo entre el cartel de Sinaloa y el CJNG?

Según Rivera, no hay suficientes estudios para determinar que esta disputa tiene un impacto en la violencia criminal en Ecuador.

Para Arturo Torres, más que en la lucha directa entre esas dos organizaciones mexicanas, la clave está en el microtráfico.

“Donde realmente hay una confrontación es con las bandas (locales) por el microtráfico”, explica.

“Tienes en un escalón superior a los carteles que operan a través de delegados que mandan acá, no solamente los mexicanos, también los europeos. Pero ellos no se pelean, no se confrontan, porque ellos básicamente hacen negocio”.

Según el periodista, los grandes carteles lo que hacen es pagar por sus servicios a estas bandas con cocaína, que estas venden para obtener dinero.

“Las bandas son las que se disputan el microtráfico y por eso es que esa disputa va a ese nivel, la del territorio y la venta a nivel local”.

“Un kilo de cocaína acá en el país cuesta US$2.500. De ese kilo obtienen 10.000 dosis y cada dosis la expenden en US$2. Multiplicado, son US$20.000. Invirtieron 2.500 y obtuvieron una rentabilidad de 17.500″, contextualiza el jefe de Antinarcóticos.

Corrupción

Según un informe del Departamento de Estado estadounidense, la corrupción relacionada con las drogas es “un problema dentro de las fuerzas de seguridad pública en Ecuador”.

En junio de 2019, la policía detuvo al exdirector de Aviación Civil Eduardo L. C. por presunta participación en el crimen organizado en conexión con la incautación de una tonelada de cocaína en Manta.

Su hermano fue detenido en septiembre de 2019 en Belice mientras transportaba una tonelada de cocaína.

Para Arturo Torres, la corrupción en el país “se agravó mucho más con todo el dinero que genera el narcotráfico, que corrompe no solamente el sistema judicial, el sistema penitenciario, sino la policía y el ejército”, explica.

“Tiene un poder descomunal”.

“La corrupción ha permeado a todos los estamentos del Estado y por eso se llega a entender el poder que llegan a tener las bandas de introducir (en las cárceles) fusiles, armamento pesado, granadas”.

“Eso solamente se entiende en un sistema corrompido”.

“Al menos en esta parte del mundo, en toda Latinoamérica, los países atraviesan problemas de corrupción y Ecuador no es la excepción. Ninguna institución está exenta de ser permeada por organizaciones”, reconoce Ponce.