La situación de la etnia uigur, mayoría en la región autónoma de Xinjiang (noroeste), volvió a ser un problema para China esta semana ante las miradas internacionales. El lunes pasado, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, indicó que uno de los focos de preocupación en esta área es China, a quien pidió obtener este año un “acceso significativo” a la región de Xinjiang, donde “siguen apareciendo informes de graves violaciones de los derechos humanos”.

Varias organizaciones de activistas acusan a ese país de internar al menos a un millón de musulmanes de la etnia uigur en Xinjiang en “campos de reeducación”. Pekín niega esta cifra y habla de “centros de formación profesional” para apoyar el empleo y combatir el extremismo religioso.

Sin embargo, activistas de derechos humanos piden a la ONU que adopte una línea más dura.

A la declaración de Bachelet se le sumó que el jueves Estados Unidos prohibiera la importación de materiales para paneles solares de una empresa china e impuso restricciones comerciales a otras cuatro firmas por presunto uso de mano de obra forzada en la conflictiva región de Xinjiang.

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“Estados Unidos cree que la mano de obra forzada patrocinada por el Estado en Xinjiang es tanto una afrenta a la dignidad humana como un ejemplo de las injustas prácticas económicas de la RPC (República Popular China)”, indicó la Casa Blanca.

En un comunicado, alegó que el uso de mano de obra forzada era parte del esfuerzo sistemático de Pekín para reprimir a millones de uigures, una práctica que incluye, según Washington, torturas, violencia sexual y detenciones masivas en campos de trabajo.

“Estos son métodos de gánster que saquean la propiedad del otro”, respondió el viernes Zhao Lijian, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China.

Para Roberto Beltrán, profesor de la cátedra Unesco de Cultura y Educación para la Paz de la UTPL, China lleva ya tiempo con polémicas con Occidente por sus acciones sobre minorías, etnias y grupos poblacionales.

“Tenemos aquí la clásica disputa de una etnia que mantiene una posición independentista frente a una potencia como es China. El derecho internacional y organismos internacionales poco han podido hacer frente a este tipo de embate, pues hay una imposición del Gobierno chino. Se habla de campos de detención, de un manejo con desconocimiento de los derechos humanos y lo que entre comillas es reeducar para que este grupo étnico y esta población acepte el dominio chino”, dice Beltrán.

Agrega que es muy difícil cuando una potencia con el peso de China ejerce este tipo de acciones y sobre todo cuando estas sociedades como la uigur carecen de la fuerza para hacer valer su voz en el contexto internacional. “Lo que cabría es que se evidencie el caso y esto permita a la comunidad internacional tomar decisiones. Ahí todavía Naciones Unidas nos debe mucho”, apunta Beltrán, para quien la ONU debe levantar ese tipo de información

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En tanto, Santiago Pérez, profesor de la UTPL de Ciencia Política y Derecho Internacional, comenta que el problema es importante para el análisis, porque la minoría uigur está siendo adoctrinada hacia el sistema.

“Existen algunos sucesos de parte de grupos terroristas (en esta comunidad), pero lo que está haciendo el Gobierno con estos centros para combatir el extremismo es realmente adoctrinar e incluso torturar. Estos centros en pleno siglo XXI puede considerarse una encarcelación en masa”, dice Pérez, quien agrega que varios países, organizaciones y medios internacionales vienen informando de lo que pasa en estos centros en los que también son enviados personas de otras etnias además de la uigur.

Para él, la forma como los chinos intentan justificar esta lucha al estigmatizarlos como extremistas islámicos es una muestra de un régimen autoritario liderado por el presidente Xi Jinping, que sigue restringiendo las libertades y por ello, “cualquier cosa que vaya en contra del sistema o mencione el independentismo apesta”.

Sin embargo, China sigue asegurando que son “centros de formación profesional” para ayudar a la población a encontrar empleo y alejarse del extremismo islamista.

Antes de las acciones de esta semana, las autoridades estadounidenses ya habían bloqueado la importación de productos capilares, algodón, piezas informáticas o material textil fabricado en esa región. Además de sancionar a funcionarios por lo que pasa, recuerda EFE.

“Las víctimas de estas actuaciones estadounidenses, al final, serán los habitantes de Xinjiang y su derecho a subsistir y desarrollarse. Esto crea pobreza forzada, desempleo forzado”, denunció Zhao.

Piden boicot contra juegos

Varias decenas de miembros de las comunidades uigur y tibetana se manifestaron este miércoles ante el museo olímpico de Lausana contra la celebración de los Juegos de Invierno de 2022 en Pekín y pidieron el boicot, constató un periodista de la AFP.

Los militantes llegaron de Suiza, Francia, Alemania y Liechtenstein para esta movilización organizada en el Día Mundial del Olimpismo, en la ciudad sede del Comité Olímpico Internacional (COI).

China “ya fue el país organizador (de los Juegos de Verano) en 2008 y la situación de los derechos humanos no ha dejado de empeorar desde entonces”, explicó a la AFP Tashi Shitsetsang, presidenta de la Asociación de Jóvenes Tibetanos en Europa, precisando que “la situación en el Tíbet se ha deteriorado fuertemente”.

Shitsetsang denunció que el Gobierno chino ha iniciado recientemente una campaña contra “la lengua, la cultura y la identidad tibetanas y va a hacer lo mismo con los uigures”, hablando de “genocidio” en curso en Xianjiang. (I)