El pasado 6 de junio se realizaron las elecciones presidenciales en Perú y aunque en el escrutinio salió victorioso Pedro Castillo (izquierda) sobre Keiko Fujimori (derecha), las impugnaciones de esta última han retrasado la proclamación del ganador.

Esto aún lo deben decidir las autoridades electorales, a las que desde el lado de Fujimori se las ha atacado en las recientes semanas.

El conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) llegó el pasado martes al 100 % de mesas y otorgó a Castillo el 50,12 % de los votos sobre el 49,87 % de Fujimori. La diferencia es de 44.058 sufragios.

El ONPE es la institución que se encarga de organizar y ejecutar distintos procesos electorales, de referéndum y otros tipos de consulta popular. El jefe de esta institución es nombrado por el Consejo Nacional de la Magistratura.

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En tanto que el Jurado Nacional Electoral (JNE) es la autoridad que inscribe candidatos y el que decide y resuelve los recursos que se interponen a resoluciones de la ONPE. Además, ante sus resoluciones no procede ningún recurso en materia electoral. Se compone de cinco miembros designados por la Corte Suprema, Junta de Fiscales Supremos, Colegios de Abogados de Lima y decanos de las facultades de derecho públicas y privadas.

La JNE crea para cada proceso un Jurado Electoral Especial (JEE), que se encarga de procesar las impugnaciones.

Este órgano ha rechazado la gran mayoría de las más de 800 solicitudes presentadas por Fujimori para anular mesas de sufragio por haber sido presentadas fuera del plazo correspondiente o por no haber pagado la tasa correspondiente para el trámite.

De acuerdo con una publicación del diario peruano El Comercio, si el partido de Fujimori (Fuerza Popular) o el de Castillo apela cualquiera de las decisiones de la JEE, es la JNE la que tendrá la última palabra.

El medio indicó que por todo el proceso, la proclamación oficial de los resultados se haría a fines de junio o inicios de julio.

Las instituciones electorales, expertos y observadores internacionales ya han dicho repetidamente que no hay ningún indicio que pueda hacer pensar que hubo fraude.

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Además, según el diario peruano La República, la presencia de personeros de Fujimori en el conteo final de votos es una muestra de que estos aceptaron los resultados.

Sin embargo, una encuesta de la empresa Datum, recogida por EFE, reveló que el 65 % de los peruanos considera que hay “indicios” de fraude en las elecciones del pasado 6 de junio, mientras que el 47 % afirma que se debería anunciar ya al ganador y tomar el aprendizaje para las próximas elecciones.

Según la encuesta, esa percepción de indicios de fraude se eleva al 85 % entre los votantes de Fujimori y representa el 50 % entre los de Castillo, mientras que sube al 56 % entre los que votaron blanco o viciado.

Sobre la imparcialidad de los órganos electorales, puesta en duda por Fujimori y sus partidarios, la encuesta indicó que el 51 % opina que el JNE no está actuando en forma imparcial y, en forma similar, el 49 % opina que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) tampoco está actuando en forma imparcial.

Esta impresión es mayoritaria entre los votantes de Fujimori en 56 % en ambos casos, mientras que los partidarios de Castillo opinan que sí está actuando el JNE en forma imparcial (47 %) y de la misma forma la ONPE (50 %).

Pese a estas opiniones, el presidente actual, Francisco Sagasti, dijo que quien llegue al 28 de julio, día del cambio de mando, como presidente habrá ganado en un proceso limpio.

Entre impugnaciones y la cárcel

En tanto, un juez abrió una audiencia el lunes para resolver un pedido de prisión preventiva contra Fujimori por el caso Odebrecht. A la audiencia tenían previsto acudir Fujimori y su defensa, y el fiscal anticorrupción José Domingo Pérez, según el Poder Judicial.

El juez del caso tiene hasta tres días de plazo para decidir la suerte de Fujimori, pero no se descarta que lo haga en menos tiempo dada la presión existente, recoge AFP.

El requerimiento de la Fiscalía acapara la atención nacional, pues el país está en vilo a la espera de la decisión del JNE.

La hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori confía en revertir el resultado del balotaje del 6 de junio.

Mientras tanto, la tensión sigue elevada en el país, donde miles de partidarios de ambos aspirantes marcharon el sábado para defender sus votos dos semanas después de los comicios.

“No hay ningún temor de que se concrete esta prisión preventiva”, dijo Fujimori al reaccionar al pedido del fiscal, negando haber incumplido reglas de conducta impuestas por la justicia.

La candidata, que debe ir a juicio por este caso si no gana la Presidencia, permaneció 16 meses en prisión preventiva hasta mayo de 2020. En caso de ser elegida, tendría inmunidad y solo podría ser enjuiciada al final de su mandato de cinco años, en 2026.

La Fiscalía pidió 30 años y 10 meses de prisión para Fujimori, que es investigada por los delitos de lavado de activos agravado por organización criminal y obstrucción de la justicia.

La candidata salió de prisión en mayo de 2020 por la pandemia y un juzgado le dictó impedimento de viajar fuera de Perú o de comunicarse con los coimputados o testigos del caso. (I)