Abogados argentinos representan unas 3.000 demandas contra China por coronavirus

Las secuelas del COVID-19 en cada caso son distintas. Mientras que para unos han sido leves, otros aún buscan la forma de enfrentar los inconvenientes económicos o las afectaciones en su salud que la enfermedad les causó. El argentino Matías Bergalli, de 39 años y padre de cuatro hijos, se considera un sobreviviente luego de tener “una recuperación milagrosa”.El coronavirus lo postró en una cama por 16 días, según una publicación de Infobae, en la que se indica también que debido a la pandemia, el hotel donde laboraba cerró sus puertas y se quedó sin trabajo. Optó por realizar carreras en Uber, pero durante los días que estuvo enfermo no pudo hacerlo.En total, estuvo un poco más de un mes sin trabajar; que se sumó a meses de ingresos flojos y de muy pocos viajes como consecuencia del cierre de negocios y actividades. Además, su salud ya no fue la misma desde que pasó por la enfermedad: no podía correr más de 15 minutos seguidos porque se quedaba sin aire.Todo esto lo llevó a pensar en que debía haber un responsable y recordó a su primer cliente en Uber. “A mi primer pasajero no lo voy a olvidar nunca más. Dios te pone a determinadas personas en tu camino en el momento indicado y a mí me mandó a Patricio”, indica. Es Patricio Poplavsky, CEO y fundador de Poplavsky International Law Offices, un bufete de abogados especializados en distintas ramas del derecho internacional que actualmente representa a 3.000 damnificados por COVID-19 en todo el mundo. Poplavsky ahora representa legalmente a Bergalli, quien decidió demandar a China y a la Organización Mundial de la Salud (OMS) por $ 200.000, como indemnización por lo sucedido.“Del total de los casos presentados ante la justicia, el 70 % pertenece a personas que padecieron COVID y se recuperaron totalmente, el 10 % quedó con secuelas luego de transitar la enfermedad y el 20 % a familiares de víctimas fatales”, detalla Poplavsky a Infobae. La denuncia es contra la República Popular China, en cabeza de su presidente, Xi Jinping, y su gabinete de Gobierno; y la Organización Mundial de la Salud, en cabeza de su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, por violación a la Declaración Universal de Derechos Humanos en sus artículos tercero, que se refiere al derecho a la vida, y quinto, al derecho a la integridad personal.Según Poplavsky, las demandas expresan “daños materiales”, como la pérdida de ingresos, gastos médicos y los gastos de la víctima ante el encubrimiento de las autoridades o la falta de investigación; y “daños morales”, como estar aislado y alejado de seres queridos, con el padecimiento de miedo, sufrimiento, ansiedad, angustia, humillación, degradación, y la inculcación de sentimientos de inferioridad, inseguridad, frustración e impotencia a raíz del contagio.El abogado afirma que, aunque es difícil determinar los tiempos, estima que “en un plazo de cinco años puede haber resultados finales”. Desde Poplavsky International Law Offices afirman que los familiares de las víctimas fallecidas por coronavirus podrían cobrar aproximadamente $ 1′000.000; entre $ 500.000 y $ 700.000 las personas que estuvieron internadas o con mayores complicaciones, y $ 200.000 los afectados que transcurrieron la enfermedad con síntomas más leves, como es el caso de Matías Bergalli.Wim Muller, experto en derecho internacional del think tank británico Chatham House, le dijo a la BBC para que sea factible denunciar a China por su gestión del nuevo coronavirus “tendría que hacerlo otro país, que tendría que encontrar alguna forma de obligación internacional que China haya infringido”. “Lo segundo sería encontrar una corte y una jurisdicción, y eso siempre es difícil, también en el derecho internacional porque, en general, los Estados no están dispuestos a darle a un tribunal el poder de juzgar su conducta legal”, agrega.“Por ejemplo, tienes a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, pero esta depende del consentimiento previo de los Estados”. A esto se suma el que “siempre que puede”, China rechaza someterse al dictamen de cualquier tribunal externo, dice Muller.Según otros expertos, hay pocas probabilidades de que este tipo de casos triunfen porque el mayor obstáculo será el argumento de la inmunidad de jurisdicción, a la que tiene derecho China según la ley.La inmunidad de jurisdicción es un principio por el cual un Estado, al ser soberano, no puede ser enjuiciado en el extranjero. “Tú no puedes denunciar a un gobierno extranjero en las cortes de otro país, salvo unas pocas excepciones”, explica a la BBC el profesor de derecho internacional de la Universidad de Chicago Tom Ginsburg.“No soy un gran admirador del Gobierno chino, pero creo que estas demandas serán desestimadas. Están dirigidas a entidades gubernamentales chinas y tienen derecho a inmunidad”, indica Ginsburg en otra entrevista a Los Angeles Times. En esto concuerda J. Maria Glover, quien es catedrática en la Facultad de Derecho de Georgetown. “Estas demandas no van a ninguna parte por varias razones, principalmente por la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras. Están buscando a alguien a quien culpar, y hay mucha culpa, pero estos juicios tienen casi cero posibilidades de éxito en los tribunales”, afirma al mismo medio de comunicación.Ante esto, los abogados del bufete Berman Law Group, que presentó una demanda colectiva en un tribunal federal de Miami, dicen que su demanda evita la barrera de la inmunidad al citar al Partido Comunista Chino (PCCh). “No son el Gobierno ni un Estado. Son una entidad separada e independiente, por lo que no disfrutan de ninguna inmunidad “, señala a Los Angeles Times Jeremy Alters, quien trabajó en la demanda.Otros abogados de Missouri, en Estados Unidos, se basan en la misma afirmación para impulsar también una acusación contra China. “El Partido Comunista no es un Estado extranjero o una agencia o instrumentalidad de un Estado extranjero, y no tiene derecho a ninguna forma de inmunidad soberana”, dice la demanda.No obstante, los expertos en la ley de inmunidades, también conocida como FSIA, por sus siglas en inglés, dicen que ese argumento tampoco funcionará. “En China, el PCCh es el Estado”, dijo Chimene Keitner, profesora de Derecho Internacional en UC Hastings en San Francisco y exabogada del Departamento de Estado. “Los tribunales generalmente no ven los intentos de ‘alegar’ la FSIA de manera favorable”.Ante esto, el exfiscal del estado de Missouri Josh Hawley presentó un proyecto de ley federal el 14 de abril de 2020 llamado Ley de Justicia para las Víctimas del Coronavirus para “detener al Partido Comunista Chino responsable de causar la pandemia mundial COVID-19“.Explicó a Los Angeles Times que su proyecto de ley, si se promulga como ley, “despojaría a China de su inmunidad soberana y crearía una causa de acción contra el PCCh por acciones imprudentes, como silenciar a los denunciantes y retener información crítica sobre COVID-19”.Sin embargo, una publicación de junio pasado del sitio web Lawfare, que sigue de cerca el tema, afirma que es poco probable que el proyecto se convierta en ley, sobre todo por la composición actual del Congreso de los Estados Unidos, pero es posible que algunos demandantes mantengan la esperanza sobre esto.Los expertos coinciden en que este tipo de denuncias pueden ser muy complejas e, incluso, plantean la posibilidad de que solo se inicien por parte de abogados únicamente por “publicidad”. “La forma en que estos abogados de denuncias colectivas trabajan es que tienen muchas demandas activas a la vez, muchas de las cuales tienen pocas posibilidades de éxito, pero si llegan a tenerlo, suponen una buena suma”, plantea Ginsburg. “Las posibilidades pueden ser pocas, pero si funciona es $ 1 billón, así que ¿por qué no intentarlo?”, agrega. (I)

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