Nuevos compromisos de inversiones por 1.843,9 millones de dólares espera aprobar el Gobierno central

Compromisos de inversión por $ 3.060,7 millones ha aprobado el Gobierno central desde el 2018 en el marco de los estímulos tributarios previstos en la Ley Orgánica para el Fomento Productivo.El Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP) registra cada uno de estos 148 contratos de inversión firmados con los que se han generado 14.476 nuevas plazas de empleo.Los beneficios incluyen la exoneración del impuesto a la renta que se da si el negocio es en sectores estratégicos que al Gobierno central le interesa promover y hasta por un periodo de 8, 12 y 15 años si la inversión se hace en Quito y Guayaquil, fuera de las jurisdicciones urbanas de esos dos cantones más poblados del país y en los fronterizos, en su orden, entre otros estímulos.Mediante Decreto Ejecutivo No. 1130 del jueves 3 de septiembre de 2020 se dispuso prorrogar por veinticuatro meses el plazo para que nuevas inversiones productivas puedan acogerse a estos incentivos, es decir, el beneficio estará vigente hasta el 21 de agosto de 2022.Para acogerse a estos incentivos se necesita que el Comité Estratégico de Promoción y Atracción de Inversiones (CEPAI), presidido por el MPCEIP, apruebe los contratos de inversión.Javier Andrade, director de estudios técnicos de la Cámara de Industrias de Guayaquil (CIG), dice que la postergación de los beneficios es positiva ya que recién la normativa se pudo aplicar a partir de abril del 2019, después de que se aprobó el reglamento y la norma secundaria.Parte de estos montos corresponde a la inversión extranjera directa con el arribo de empresas nuevas, pero también se incluyen negocios de la actividad económica de las compañías nacionales.La inversión pública y privada fue de $ 23.252,5 millones durante el año pasado, una reducción del 13,5% con respecto al 2019 . “Ha tenido un comportamiento deficiente en los últimos siete años, salvo 2017 y 2018 cuando creció″.Uno de los factores, recalca, que afecta el ingreso de inversiones es la concepción ideológica alentada durante el régimen del expresidente Rafael Correa de que todo lo que se desarrolla desde el sector privado es malo porque tiene fines de lucro.“Esto hizo expulsar la inversión privada y repuntó la pública. Esta última es importante siempre y cuando atraiga capitales privados. Agrandar una vía o hacer las hidroeléctricas es positivo, pero lo importante es que genere un mejor contexto para la privada a la vez. Es algo que puede ir cambiando con el nuevo régimen”, indica Andrade.El edificio de Unasur, en Quito, que costó $ 50 millones, es inversión pública y generó empleo en su momento, “pero la gran pregunta es qué atrajo a largo plazo. Es un dinero que cayó en saco roto”.En el marco de la Ley Orgánica para el Fomento Productivo del 2018 se espera la firma de 61 nuevos contratos de inversión, que suman $ 1.843,9 millones y un compromiso de generar 6.553 nuevas plazas de empleo en el país en sectores como manufactura, acuacultura, turismo, energías renovables, entre otros.Gran parte de estos contratos se firmarán durante el gobierno del presidente de la República electo, Guillermo Lasso, que asumirá el 24 de mayo próximo.Facilitar la inversión no solo depende de los estímulos que den los Gobiernos Autónomos Descentralizados, ya que debe existir una sinergia con el Gobierno central que recauda la mayor cantidad de impuestos de la actividad económica.“Hay que reducir los tiempos, simplificar los trámites. Para ponerse una empresa hay que realizar trece trámites que demoran unos seis meses (según el informe Doing Business del Banco Mundial), pero en otros países como Australia y Nueva Zelanda solo demora un día y se hace todo en un solo trámite”, afirma Andrade.Aquí incluye toda la tramitología que debe hacerse en distintas instancias. municipios, ministerios, etc.Desde los GAD también hay obligaciones, señala, como la instalación de cámaras y equipos de vigilancia para monitorear lo que sucede en distintos puntos de la ciudad de Guayaquil, cuyo costo puede llegar a los $ 15.000, más el mantenimiento anual por cada uno de estos dispositivos, según la CIG.Hay negocios que han tenido que instalar hasta quince cámaras. A ello se suma el pago mensual de $ 265,95 por cada cámara que instalen las compañías, monto que financia la operación, monitoreo y los servicios que da la Corporación de Seguridad Ciudadana, según lo establece la ordenanza municipal.“En su momento se buscan los lugares más idóneos. Por ejemplo, el Municipio de Durán cobra por el servicio de recolección de basura a las industrias el 4,5% de su factura de energía eléctrica, mientras que en Guayaquil es el 12,5% del consumo. Para empresas que manejan grandes sumas pues sí significa un ahorro y deciden llevar parte de sus procesos a esos territorios”, explica Andrade.El cobro de la tasa de recolección de basura según el consumo de energía está prohibido, tras la reforma a la Ley Orgánica de Servicios Públicos y Electricidad aprobada en abril del 2019, pero se sigue dando en Ecuador, dice Andrade. (I)

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