El plan contra el crimen organizado del régimen de Daniel Noboa no es efectivo, asegura a EL UNIVERSO Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW). La reconocida defensora de derechos humanos colombiana cumple dos semanas de recorridos y entrevistas por el país en las que se empapó de la violencia y los delitos que ocurren.

Ser efectivos en la lucha contra el crimen organizado, sostiene Goebertus, implica fortalecer la capacidad de administración de justicia en la lógica de tener buena capacidad de investigación técnico-judicial, lo que no pasa en Ecuador.

“Lo que hemos visto con este llamado plan Fénix, que no se conoce realmente... es que aquí no ha habido desde la declaratoria del conflicto armado ningún fortalecimiento de la capacidad de la administración de justicia, ni de la investigación técnico-judicial”.

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“Lo que hay es un despliegue militar y como consecuencia de ello, un incremento muy significativo en las denuncias de violaciones a los derechos humanos”, asegura sobre el plan de Noboa.

La organización internacional se enfoca también en lo que denomina síntomas de autoritarismo contra los que critican al gobierno actual y hace un paralelismo con lo acontecido durante el mandato de Rafael Correa (2007-2017).

¿Cómo se observa desde el exterior el nivel de violencia que enfrenta Ecuador?

Hay mucha preocupación. Para nadie es un secreto que en este momento Ecuador tiene la tasa de homicidios más alta de América Latina. Entre 2019 y 2024 hubo un incremento de más del 400 %. Si bien 2024 parece que va a cerrar con una ligera disminución frente a 2023, otro tipo de delitos, como la extorsión y el secuestro, están creciendo de manera significativa.

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Lo que menos gente sabe es que de manera muy desafortunada la respuesta del Gobierno de Noboa no ha sido efectiva y además ha puesto en grave riesgo a los derechos humanos.

Desde enero de 2024 hasta la fecha la Fiscalía ha tenido noticias criminales que incrementan el número de violaciones de derechos humanos: ocho casos de desaparición forzada, quince denuncias por ejecuciones extrajudiciales, 83 por tortura y 223 extralimitaciones en el uso de la fuerza, que puede incluir varios tipos de abusos por parte de la fuerza pública.

A esto se suma lo que la Policía ha denominado 104 neutralizaciones, que es el lenguaje que se usa en derecho internacional humanitario para referirse a personas que han sido muertas en combates, en un contexto en el que tanto la Corte Constitucional como la propia Fiscalía han aclarado que no encuentran la evidencia para pensar que lo que existe en el país es un conflicto armado de carácter no internacional, por lo que resultaría muy difícil entender cuál es el contexto en el que se dan. Hemos insistido a la Policía y a las autoridades en que den información sobre quiénes eran estas personas y en qué contexto se dieron este tipo de muertes.

Es una situación muy preocupante porque la ciudadanía está desprotegida ante el crimen organizado y ahora se enfrenta a este tipo de abusos por parte del Gobierno.

¿Cómo evalúa usted la política pública de seguridad del régimen del presidente Noboa?

El Gobierno ha lanzado este supuesto plan Fénix, que la ciudadanía no conoce y las autoridades internacionales tampoco, que se ve consiste básicamente en la militarización, el despliegue de la fuerza armada, la militarización de cárceles.

Sin embargo, parte de lo que hemos venido haciendo en Ecuador es entrevistando jueces, fiscales y operadores judiciales y lo que nos encontramos es una inmensa falencia frente a lo que debería ser el brazo principal de la lucha contra el crimen organizado.

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Desde 2022 quince jueces, fiscales y operadores de justicia han sido asesinados, 38 más han sido amenazados. Hay tan solo dentro de la Fiscalía 600 vacantes de puestos fundamentales para luchar contra el crimen organizado que no han sido ocupados por la falta de avance en los concursos, y nos encontramos con falencias brutales en términos de capacidad de investigación técnica, judicial y forense.

Para dar un ejemplo, justo esta semana que estaba en Guayaquil los fiscales me decían que para hacer un informe de balística hay que hacer traer la máquina desde Quito con el experto, lo cual demora, por supuesto, todas las pericias. Hablaba también con una jueza de Orellana que me decía cuál balística, eso aquí no existe, todas las autopsias tienen que enviarlas a la provincia más cercana, porque allí no pueden hacerlas.

Entonces es una política de seguridad que no contempla que la única forma de luchar contra el crimen organizado es articularse debidamente con la justicia para poder luchar contra el lavado de activos, judicializar el reclutamiento de menores, el tráfico de armas y buscar realmente desmantelar. Todo esto refleja la falta de efectividad.

¿Por eso el tema de que algunos de los detenidos salen después en libertad?

Esto no es solo típico de Ecuador, hay mucha echada de culpas de las distintas autoridades. El Ejecutivo dice que es culpa de los jueces que los sueltan cuando en la vida real es que si uno no invierte en investigación técnica judicial, por supuesto que un juez al que le llega un caso de alguien capturado en flagrancia, sin previa investigación, sin evidencia suficiente, o por ejemplo, en una detención que no cumplió con las garantías básicas, pues por supuesto que lo tiene que dejar en libertad porque eso es lo que le corresponde como juez.

Si se hiciera una inversión real, no simplemente en anuncios generales de militarización o declaraciones de conflicto armado, sino en aumentar la capacidad de investigación técnica judicial y forense para el desmantelamiento del crimen organizado, donde uno no va simplemente detrás de una captura aquí o allá, sino que realmente hace investigación de contexto de macrocriminalidad, pues por supuesto que llegarían esos casos a la justicia mucho mejor soportados.

A mí me preocupa mucho cuando el Ejecutivo empieza a culpar a la justicia, cuando no ha invertido suficiente para no solo proteger a los operadores de justicia, sino darles las herramientas para poder judicializar de manera efectiva al crimen organizado.

Una bomba que explotó en agosto de 2022 en Cristo del Consuelo, en el suroeste de Guayaquil, fue un indicio del nivel de violencia alcanzado por las disputas del crimen organizado.

¿Una alta tasa de homicidios intencionales, la más elevada de la región, es justificación para establecer el estado de conflicto interno?

No, el derecho internacional humanitario es supremamente claro, existen unos niveles de organización y hostilidad que permiten llegar a la conclusión de que hay partes en un conflicto armado, pero altos niveles de violencia asociados al narcotráfico, a la minería ilegal, al crimen organizado no son iguales a un conflicto armado.

En su momento, en Italia, en el peor momento de la mafia, a nadie se le ocurría pensar que había un conflicto armado. En Chicago o Nueva York (en Estados Unidos), cuando las mafias controlaban ambas ciudades, a nadie se le ocurriría pensar que eso era un conflicto armado.

Cuando hay un conflicto armado, como el que ha existido en mi país, en Colombia, hay partes claramente identificadas, uniformadas, con una doctrina, con procedimientos de educación interna.

Con grupos que se levantan en armas.

Esto es muy distinto, lo que hay es una criminalidad brutalmente violenta, profundamente violatoria de los derechos de la ciudadanía, pero que la forma de combatirla además, efectivamente, pasa, insisto, necesariamente por entender que el Estado tiene que hacer justicia y judicializar este tipo de organizaciones, que es un enfoque muy distinto al que se puede dar en un contexto de conflicto armado.

¿Se ha reunido con funcionarios de Daniel Noboa?

Hicimos varias solicitudes de información, en varios casos tengo que decir que desafortunadamente ha bajado el nivel de respuesta por parte del gobierno de Noboa, sin embargo, destacaría que ayer (jueves 21 de noviembre) me reuní con el director del SNAI (Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores). Él señalaba que no tenía ningún reporte de torturas, pero asumió el compromiso de crear una comisión multidisciplinaria de investigación de las denuncias de tortura. Vamos a hacer un seguimiento muy importante a ese compromiso asumido por el general Luis Zaldumbide, que nos parece que es muy grave que ellos señalen que hoy no tienen denuncias de tortura, cuando la propia Fiscalía dice tener 83, pero al menos el general asume este compromiso. El Ejecutivo, a pesar de que le hemos solicitado entrevistas, no ha estado dispuesto a tener una conversación.

Más allá de las cifras de la Fiscalía, ¿han accedido a las víctimas de estas supuestas torturas para que hagan seguimiento a través de ellas de los compromisos estatales?

Hacemos seguimiento a las distintas denuncias que recibimos y en el curso del próximo año publicaremos un informe más detallado.

¿El alto nivel de violencia nunca antes visto en el país impidió dimensionar lo que realmente era por parte de la sociedad civil?

Sí, entiendo perfectamente lo que significa que en tan poco tiempo, en los últimos tres años, haya habido un deterioro tan dramático. Creo que esto invita también a una reflexión más profunda de la debilidad institucional que ya existía en Ecuador y que tal vez no se había hecho tan visible sino hasta ahora dado el crecimiento del crimen organizado.

A mí me preocupa muchísimo y desde Human Rights Watch nos preocupa esta cantidad de síntomas que se están dando que muestran la erosión del Estado de derecho en Ecuador. El hecho de que se suspenda a la vicepresidenta (Verónica Abad), una funcionaria de elección popular, a través de un procedimiento administrativo y no a través de una sentencia judicial que es lo que establece el sistema interamericano, es muy preocupante, que se inhabilite a Jan Topic es violatorio de sus derechos a la participación política y francamente no se entiende por qué pudo participar en la elección anterior y ahora no podría participar en esta.

Los líderes de la sociedad civil, periodistas con los que me he reunido a lo largo de toda esta semana, que fueron profundamente perseguidos bajo el gobierno de (Rafael) Correa (2007-2017), hoy me digan que se sienten en una situación igual o peor es francamente preocupante, porque implica que las declaraciones estigmatizantes del gobierno, que todo aquel que lo critica es tildado de colaborador del crimen organizado, que se cierran programas periodísticos por ser críticos del gobierno y que se hace además, quizás de una manera más solapada, que la forma directa a la que lo hacía Correa, pues implica una restricción del espacio cívico, de la libertad de prensa y de expresión que hablan del deterioro institucional y de la calidad de la democracia en Ecuador.

La crisis carcelaria, que ha dejado ya desde 2021 seiscientas muertes, no se soluciona simplemente a punta de militarización. Tenemos información de que ya esas fuerzas armadas se han corrompido, que ya están participando en el contrabando de ingreso de celulares, venta de drogas e incluso de tráfico de armas dentro de las cárceles, porque de nuevo el problema es pensar que una debilidad institucional como la del SNAI se resuelve simplemente con la militarización y no con una transformación estructural.

Es un momento sin duda muy difícil para Ecuador, pero implica una reflexión muy profunda sobre cómo recuperar la fortaleza, legitimidad y la independencia de instituciones democráticas hoy profundamente debilitadas.

Hay cuestionamientos por parte de ciertos ciudadanos que rechazan que las personas acusadas de delitos graves tengan derechos como el acceso a un juicio, por ejemplo.

Los derechos humanos son universales justamente por la idea de que son la garantía social que tiene cualquier persona frente a los abusos del gobierno. Lo que pasa en este tipo de contextos es que alguien dice ‘qué bien que se estén llevando a esos bandidos, qué importa que no tengan derechos, son bandidos’. Luego van por el vecino y la gente dice ‘que raro, no sabía que ese vecino era bandido, que está en el crimen organizado, pero debe ser que sí estaba y pues muy bien que le suspendan sus derechos’. Luego vienen por su hijo y uno dice ‘un momento, mi hijo es inocente’, y entonces todo se invierte. De repente ya no tengo cómo tener un procedimiento para poder probar la inocencia de mi hijo o de mi hija. De eso se tratan los derechos humanos, de tener una garantía esencial y básica todos frente al gobierno de turno, cualquiera que sea su ideología, para que el gobierno tenga un estándar mínimo de poder demostrar que esa persona efectivamente está involucrada en la comisión de delitos.

Y la forma de hacerlo no es suspender derechos, porque lo que terminó haciendo es involucrando a un montón de gente inocente. La forma de hacerlo es mejorar la capacidad de investigación para realmente llevarme a los culpables. De nada me sirve llenar las cárceles de un montón de gente, de hecho la mayoría de los casos en las cárceles ni siquiera son, en el caso de Ecuador, personas que pertenecieran al crimen organizado, han llenado las cárceles de personas involucradas a veces de delitos menores, incluso inocentes. Unos cuantos pocos del crimen organizado que ellos mismos extorsionan a las otras personas que están en las cárceles, les cobran por todo, por visitas, alimento, por tener acceso al economato sin ningún tipo de estrategia real de desmantelamiento del crimen organizado.

A veces es fácil decir estos bandidos no tienen derecho, pero la pregunta es cómo distingo entre quién es un bandido y quién no. Y la respuesta es el debido proceso, una investigación judicial que permita develar realmente si la capacidad del Estado está yendo contra el crimen organizado o si estoy capturando por dar un resultado político, pero sin efectos reales de desmantelamiento del control del crimen organizado a nivel local.

¿Eso es lo que estaría ocurriendo en Ecuador?

Gran parte de lo que hemos visto es que, si bien hay una reducción ligera de la tasa de homicidios entre 2023 y 2024, estamos viendo cómo han crecido la extorsión y el secuestro, que son típicamente delitos de control territorial. Vemos que en algunos casos donde ha bajado la tasa de homicidios, lo que ha pasado no es que se haya desmantelado una organización criminal, sino por el contrario, que una organización criminal ha tenido ahora el monopolio sobre ese territorio, entonces, deja de haber confrontación con otra y puede seguir controlando ese territorio. No es porque el gobierno haya ganado en presencia, sino porque unas u otras organizaciones logran el monopolio y reducen en algunos escenarios los niveles de violencia.

Los niveles de tráfico de drogas y de minería ilegal siguen siendo profundamente altos y preocupantes con lo cual no vemos de ninguna manera resultados que permitan concluir que haya habido un debilitamiento del crimen organizado. (I)

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