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‘Me están dejando morir’: portador de VIH demanda al Estado porque en tres hospitales le negaron un trasplante de riñón argumentando falta de protocolos

El viernes 28 de octubre se hará la audiencia del caso en el complejo judicial Florida Norte, en Guayaquil.

El hospital Teodoro Maldonado Carbo del IESS es uno de los que no han concretado la cirugía de trasplante de riñón a un portador del VIH.

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“Me están dejando morir, irrespetando mi derecho a la vida”, afirma Pedro (nombre protegido), quien espera un trasplante de riñón desde julio del 2021, tras ser diagnosticado de insuficiencia renal crónica, por lo que debe someterse a tres diálisis a la semana.

Él, de 42 años de edad, ha intentado acceder a la cirugía a través de la red pública de salud. Como paciente del Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón, del sur de Guayaquil, inició el proceso para la cirugía, pero todo ha sido cuesta arriba, refiere.

Pedro es portador del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) desde el 2017, y su actual condición es indetectable, lo que significa que no hay suficiente virus en su torrente sanguíneo para contagiar la enfermedad. De ahí que demande la cirugía de trasplante de riñón, pero solo recibe evasivas.

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Ante la negativa de intervenirlo en tres hospitales del país, Pedro inició este mes una demanda contra el Estado, representado por el Ministerio de Salud Pública (MSP), por la vulneración de derechos constitucionales. Su abogado es José Flores Sánchez.

“Es un caso interesante en cuanto a la vulneración de derechos por parte del Estado ecuatoriano. Él tiene derechos establecidos en la Constitución: el derecho a la vida, a la salud y a la dignidad. En ese sentido, demandamos una acción de protección. Es un tema humanitario, ya que todos podríamos estar en esta situación”, afirma Flores.

La respuesta sobre si es o no concedida la acción de protección se conocerá de forma oral en esta misma audiencia del viernes 28 de octubre.

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“Mi único objetivo es conseguir el ansiado trasplante y recuperar mi vida”, enfatiza el afectado.

Para la tarde del viernes 28 de octubre se tiene prevista la resolución por este caso.

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“En abril de 2020, en plena pandemia, mi salud en cuanto a mi problema renal se deterioró a tal punto que llegué a la etapa cinco, que es hemodiálisis. Por mis propios medios, busqué iniciar el proceso de trasplante de riñón bajo la guía y asesoría de la trabajadora social del hospital Abel Gilbert”.

Al inicio lo derivaron al hospital Luis Vernaza de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, donde el proceso de pretrasplante (aprobación por parte de especialistas previa a la cirugía) transcurrió con éxito, indica el afectado.

“Culminé con éxito la primera etapa de pretrasplante de riñón, citas y pruebas médicas con especialistas en nutrición, gastroenterología, psicología, imagenología, cardiología, urología y laboratorio, para aprobación al ingreso de cirugía de trasplante”, indica

Sin embargo, tras varios meses del trámite, Pedro fue convocado en octubre del 2021 por la nefróloga del hospital Vernaza designada a su caso, la que le informó que quedaba fuera del proceso, ya que los pacientes con VIH no son aceptados para este tipo de cirugías, porque no existen los protocolos a seguir cuando se interviene a personas con esta condición, según relata el paciente.

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“Busqué ayuda en entidades sociales, con mi historial clínico en mano, que derivaron en una publicación en un portal web, lo que generó la molestia de una doctora miembro de la Unidad de Trasplante del hospital Luis Vernaza, quien me convoca a una nueva reunión con el objetivo de reclamarme”, asegura Pedro.

Tras esta primera negativa, acudió al Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células (Indot), entidad adscrita al MSP, encargada de la regulación y coordinación de trasplantes a nivel nacional, con el objetivo de encontrar una solución rápida a su caso.

A través de este organismo consiguió la derivación a un hospital de Cuenca, el que también accedió inicialmente a realizar el trasplante, pero después se negó. La tercera y última derivación —de momento— fue al Teodoro Maldonado Carbo, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, donde tampoco se concretó la cirugía.

“La Coordinación Zonal 8 de Salud demoró más de tres meses en dar la respectiva derivación, pese a que peregriné varias veces de manera presencial a que me dieran una respuesta positiva, sin éxito. Adicional a que el hospital Vernaza no envió a tiempo, de manera escrita, el documento que termina el convenio de mi derivación para trasplante con esa entidad”, asegura Pedro.

Cuando ya tenía los documentos completos, en el Teodoro Maldonado Carbo no aceptaron el ingreso de la documentación bajo el mismo argumento de no existir los protocolos de cirugías de trasplante para los pacientes con VIH, agrega el paciente.

La última opción es una derivación al extranjero, donde sí hacen estos trasplantes en personas con VIH, pero el trámite no avanza. “Mientras mi vida se acaba, irrespetando mi derecho constitucional a la vida, a la salud y a la no discriminación por ser paciente portador de VIH”, acota Pedro.

Ante la denuncia presentada en la Función Judicial, ahora Pedro teme que el hospital Abel Gilbert ya no le entregue los medicamentos retrovirales para el control del VIH, que lo mantienen indetectable, y que se suspenda la derivación a una clínica donde se hace las hemodiálisis.

Su abogado Flores espera una respuesta favorable en la audiencia del 28 de octubre: “Esperamos que se dicte todo apegado a derecho, sin ninguna presión de la autoridad del poder político, porque es un acto justo, ya que obviamente es un acto de justicia dar a alguien lo que le corresponde, y en derecho, porque el Estado ecuatoriano lo ha vulnerado. Esa es la verdad”. (I)

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