Una empresa importadora que maneja flujos diarios de dinero y mercancías recibió un panfleto en el que un grupo delictivo exigía el pago de la denominada vacuna (extorsión). El mensaje se dejó a inicios de marzo último en la planta de la compañía ubicada en la zona industrial de la vía a Daule, en el noroeste de Guayaquil, que no cuenta con garita ni guardias de seguridad.

En la misiva se pedía el pago de siete mil dólares a cambio de que la banda Jalisco Nueva Generación garantice la seguridad de las mercancías que entran y salen de las bodegas de esta firma que emplea a 25 personas.

El dueño contactó a una empresa de seguridad privada en busca de asesoramiento, pero lo hizo después de responder el mensaje a los extorsionadores al número de celular que dejaron e incluso luego de pagar la suma exigida mediante un depósito bancario.

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Las compañías de seguridad privada reportan más de estos casos, en los que se cometen errores como responder al número que dejan las organizaciones del crimen organizado o acceder al pago sin siquiera denunciar el hecho.

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La contratación de un servicio de seguridad privada puede hacer una diferencia al momento de, por ejemplo, enfrentar la problemática de las vacunas o la inseguridad.

El auge delincuencial sí ha conllevado a que las empresas y negocios más pequeños protejan su patrimonio con medidas de seguridad como la contratación de guardianía privada o instalación de cámaras, pero no necesariamente se deja esto en manos de las compañías acreditadas formalmente, dice John Garaycoa, presidente de Mac Security y especialista en prevención de los delitos.

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El Servicio de Rentas Internas (SRI) registra a más compañías que reportan en su Registro Único de Contribuyentes (RUC) alguna actividad relacionada con la vigilancia y protección privada (incluyendo servicios de guardaespaldas, guardias de seguridad, transporte de valores en blindados y patrullaje en las calles).

En 2017 había un total de 1.331 de estas empresas, mientras que al 2022 hay 2.984, es decir, se observa un aumento del 55 % durante un lustro.

Sin embargo, la cantidad de firmas que ofrecen servicios de seguridad privada y que cuentan con el permiso de operaciones que otorga el Ministerio del Interior ha bajado en ese mismo periodo (primer vez y renovación), lo que refleja el nivel de informalidad que persiste en el sector.

Este pasó de 618 en 2017 a 541 durante el año pasado, según cifras de la entidad que da el aval a este tipo de compañías cada dos años.

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El permiso garantiza, por ejemplo, que los guardias sean acreditados con la realización de dos cursos (en el que se capacitan en el manejo de armas), que estén cubiertos por una póliza de seguros y cuenten con afiliación a la seguridad social, entre otros requisitos.

”Hay centros comerciales que no tienen a compañías de seguridad privada acreditadas como encargadas de custodiar las instalaciones. Esto se repite en locales más pequeños, urbanizaciones y edificios. Tenemos una competencia desleal ya que por lo costoso del servicio las urbanizaciones prefieren contratar guardias que no son parte de una compañía, en general están sin armas, máximo tienen un tolete” afirma Garaycoa.

Las firmas reguladas cumplen, por ejemplo, con los permisos de porte de determinadas armas que los guardias de seguridad pueden usar, que son la pistola calibre (cal) 9 milímetros (mm), revólver cal 30 mm o escopeta cal 12 mm.

Los que custodian carros blindados pueden llevar también una subametralladora calibre 9 mm.

Cuatro personas contratadas por una urbanización del norte de Guayaquil se turnan para regular el paso por la única garita de acceso a un conglomerado de unas 300 casas.

Lo hacen uniformados y sin un arma a la vista. Su labor incluye el control de la entrada con paseos esporádicos en las calles internas custodiadas por cámaras.

“Gano el básico, quisiera trabajar en otra cosa, no soñé convertirme en guardia de seguridad, pero es lo que puedo conseguir hasta el momento”, indica uno de ellos cuya edad bordea los 30 años.

El otro que también estaba de guardia recalca que no tiene afiliación a la seguridad social y que el máximo adiestramiento recibido fue sobre el uso del tolete.

”Si hay alguna anomalía lo que hacemos es ir juntos, como cuando desalojamos a algún hachero (consumidor de heroína), si es algo más grave pues ya toca llamar a la policía”, reconoce este otro joven de 25 años.

Ambos dicen que intentaron en su momento ingresar a una compañía de seguridad privada, pero afirman que no los contrataron.

“Uno aquí se arriesga, no sé si al guardia al que le pusieron la bomba (el jueves pasado en el sector de Sauces 9, en Guayaquil) estaba capacitado, pero ante una situación como esa es difícil mantener la calma. Acá los dueños de las casas asumo que saben que no somos guardias, pero igual nos dan su confianza”, agrega este joven.

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El primer curso de 120 horas para ser guardia acreditado cuesta $ 300. El segundo nivel, que incluye el manejo de armas, vale desde $ 200.

Una encuesta de Cedatos Gallup realizada a 130 empresas de Quito y Guayaquil refiere que el 20 % de estas destina entre el 10 % y 30 % de su gasto anual en salvaguardar su patrimonio.

Y el 20 % de las encuestadas señaló que gasta más de un millón de dólares al año en seguridad.

Fernando Carrión, experto en esta temática, indica que “hay una tendencia al incremento de la violencia en el país, que está produciendo fuertes impactos en la calidad de vida de la población (más de 4.000 asesinados en 2022), en los procesos de desinstitucionalización del Estado (credibilidad institucional) y en la crisis de la economía nacional (costos de la violencia). Esta suma de situaciones ha conducido a que el problema central del país sea, sin duda alguna, la inseguridad”.

Las armas de contrabando se ofrecen y venden a través de redes sociales

La venta de armas que ingresan de contrabando al país se pacta en redes sociales, como en grupos de marketplace de Facebook, a precios mucho más bajos de los que se consiguen en el mercado formal.

Una traumática que dispara cartuchos de caucho y que es importada de manera legal cuesta $ 1.200, pero en esta red se puede adquirir hasta en $ 300.

La medida de bajar el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) del 300 % al 30 % tiene el objetivo de equiparar los costos en el comercio legal de armas.

El auge de los hechos delictivos y la violencia actual se dio en medio de una política de porte y tenencia de armas restringida.

Los permisos de porte de armas en el caso de las personas naturales solo se entregaban a los camaroneros y ganaderos que viven en zonas donde no hay presencia del Estado en un radio de acción considerado de 30 kilómetros, es decir, a las personas que viven en el campo, que requieren defenderse y no hay policías en los alrededores, indica Mario Bonilla, jefe de Control de Armas en Guayas.

Los que tenían el permiso de porte de arma antes de las restricciones establecidas durante el correísmo podían renovar con el de tenencia (que habilita dejarla en un lugar determinado sin trasladarla).

La política de porte y tenencia está en revisión por el actual régimen de Guillermo Lasso, tras el anuncio gubernamental del sábado 1 de abril último.

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Cada año aumenta el número de armas ilícitas decomisadas en Ecuador

Las armas ilícitas han proliferado en el país, en medio de las restricciones para el porte y tenencia legal.

Solo entre enero y febrero de este año se han decomisado 1.722 armas ilícitas, mientras que durante el año pasado se incautaron un total de 9.553. Es un número que va en aumento.

Los revólveres (36,69 %), pistolas (25,12 %), cartucheras (10,62 %), escopetas (10,44 %), carabinas (7,52 %), subametralladoras (2,27 %) y fusiles (1,91 %) son las armas de fuego ilícitas más decomisadas entre enero y febrero de este año en Ecuador.

La mayor parte son encontradas en medio de los delitos contra la seguridad pública, en contra del derecho a la propiedad privada, tráfico de sustancias ilícitas y en contra de la inviolabilidad de la vida.

Las provincias de Guayas (539), Manabí (176), Esmeraldas (127), Los Ríos (126), Pichincha (126), El Oro (106), Santo Domingo de los Tsáchilas (101) y Sucumbíos (84) son donde más se las incautaron en los operativos realizados durante este año en el país, según el Ministerio de Gobierno. (I)