A 377 kilómetros de distancia de Guayaquil, en una calle sin pavimento ni adoquines del nuevo Quinindé (Esmeraldas) está la casa de Andrea. En los brazos, un pequeño -que el pasado 25 de noviembre cumplió cinco meses- se aferra al delgado cuerpo de la joven de 16 años que no puede contener las lágrimas cuando habla de la forma en que llegó su hijo al mundo. Sí, su hijo, es una niña convertida en madre por la fuerza, por la cruel indolencia de un hombre que hasta ahora no ha tenido castigo.

La Fiscalía registra 2.241 casos de violación sexual a menores de edad desde enero del 2017 hasta septiembre pasado

El 25 de junio de 2021, muy por la mañana, Andrea se quejaba de un fuerte dolor y su hermano corrió a buscar a su madre. “Mami, me voy a morir, me voy a morir”, repetía, relata Diana, la mamá.

En una moto la llevaron al hospital. Por la casa de Andrea es difícil conseguir un carro y la moto del esposo de Diana era la única opción. “Me voy a morir, me voy a morir”, insistía la adolescente en el trayecto de 10 minutos, desde la vivienda hasta la casa de salud.

Diana, de 35 años, cuenta que su hija entró a un baño en el hospital y ahí mismo nació Álvaro. De inmediato el bebé y la joven fueron trasladados a un quirófano ante el asombro de la madre, quien asegura que no fue hasta el momento en que los médicos la increparon que supo que la tercera de sus hijos estuvo embarazada.

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Nueve meses antes, aproximadamente a las 20:00, Andrea salió a la tienda. Debía caminar dos cuadras en una calle sin luminarias. A lo largo de la polvorienta calle hay cuatro terrenos baldíos, sin cerramiento, en uno se observa un par de matas de verde, los otros están llenos de monte y basura.

Las lágrimas ruedan por el rostro fino de Andrea, quien hace un largo silencio, su voz se ahoga. “Que lo encuentren y lo castiguen”, suplica con los ojos cubiertos por el brillo de las lágrimas.

Me pusieron algo en la boca, afirma, pero las lágrimas le ganan. Aquella noche que fue a la tienda la violaron sin piedad y fruto de esa violación nació Álvaro.

Cuando llegó a casa se bañó, su madre estaba en el trabajo. Andrea no dijo nada. Confiesa que tenía miedo de que la culpen, de que la regañen y prefirió callar. Tampoco sabía que estaba embarazada, asegura que su vientre no creció, que a veces amanecía con la barriga hinchada, pero ni siquiera sospechó que podía estar esperando un hijo: “Si supiera le hubiera dicho a mi mamá”.

El 28 de abril de 2021 la Corte Constitucional de Ecuador dictaminó la inconstitucionalidad de los artículos 149 y 150 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que permitían el aborto solo en caso de peligro para la madre o violación a una mujer con discapacidad y penaban con cárcel la interrupción del embarazo en todos los demás supuestos.

La resolución dispuso borrar la frase “persona con discapacidad mental” del punto 2 del artículo 150 del COIP. Con ello la posibilidad de aborto por violación quedó abierta.

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“Yo no lo mataría”, dice Andrea cuando se le pregunta qué hubiera hecho en el caso de haber tenido quién le hable de este marco legal y en consciencia de su estado de gestación.

En la provincia de Esmeraldas una joven de 16 años se esfuerza por criar a su hijo, fruto de una violación.

En el colegio a la joven le habían explicado lo que es un embarazo. “También nos habían dicho que nadie podía tocar nuestro cuerpo y que debíamos decirle a la gente si eso pasaba, que no hay que quedarse callado”.

¿Y por qué Andrea no habló?: “Porque me hicieron daño y tenía miedo de que me juzgaran las personas”.

Según una publicación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) se estima que el 58 % de las niñas y los niños en América Latina sufrieron abuso físico, sexual o emocional en el último año. Datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) de 2017 registran que más de un millón de niñas y adolescentes son víctimas de violencia sexual en América Latina y el Caribe.

Sentada en el comedor de la casa de cemento, de una planta, la madre de Andrea habla de “la juventud destruida” de su hija, pero ella recoge los pedazos rotos de sus sueños y los transforma en proyectos a pesar de su corta edad, ella quiere ser agrónoma y no ha dejado los estudios, aunque nadie en el colegio sabe que es madre. Otra vez dice que tiene miedo que la señalen, que la juzguen por algo de lo que no es responsable.

“Quisiera que cogieran a esa gente mala y que no hagan daño a nadie más como yo”, insiste la joven mientras aprieta los dedos de las manos.

En el Código Orgánico Penal (COIP) se establecen penas de hasta 26 años por delitos sexuales, en el artículo 171 se impone una sanción privativa de libertad de diecinueve a veintidós años de prisión en casos de violación cuando la víctima se halle privada de la razón o del sentido, o cuando por enfermedad o por discapacidad no pudiera resistirse; cuando se use violencia, amenaza o intimidación; cuando la víctima sea menor de catorce años. Hay agravantes por vínculo familiar (violación incestuosa), edad de la víctima y otros.

En todos los casos, si se produce la muerte de la víctima de violación se sancionará al agresor con prisión de veintidós a veintiséis años, señala el COIP.

Pero Andrea no sabe quién la violó, asegura que no ha vuelto a ver ese rostro de maldad de su verdugo y tampoco lo recuerda bien porque “me pusieron algo en la boca”, no hay denuncia, nadie busca al responsable del daño del que habla la jovencita delgada, de tez trigueña, que mide 1,55, aproximadamente.

La joven no ha recibido ayuda psicológica. En soledad, sostiene, a veces llora y piensa: “me hicieron mucho daño y lo miro al bebé y creo que tiene la culpa –sus lágrimas vuelven a rodar y hace una pausa larga–, pero yo quiero al bebé”.

Como ahuyentando los malos pensamientos cambia el tema. En sus palabras, quiere salir adelante estudiando con su hijo, a quien un día le gustaría ver convertido en médico.

En la provincia de Esmeraldas, donde vive Andrea, en 2018 hubo 18 denuncias de violación sexual a menores, en 2019 fueron 9, en 2020 el mismo número y en lo que va de 2021 van 5, según la Fiscalía.

Diana, la abuela de Álvaro, afirma que ella y su esposo, que crio desde los 2 años a Andrea y a otra de sus hijas huérfanas de padre, la apoyan en lo que está a su alcance. No obstante, aboga porque la menor, quien reconoció con su apellido al niño, sea considerada como beneficiaria de un bono del Estado, ese Estado que según la Constitución y las leyes debe garantizar los derechos fundamentales de menores de edad como Andrea.

En Quinindé el periódico El Libertador realizó una cruzada para dotar a la menor de edad de lo básico para el bebé, poco después de su nacimiento, pero el niño va creciendo y con ello las necesidades. Su director, Patricio Aguilar, cree que la ayuda deber ser sostenida y coincide en la demanda al Ministerio de Inclusión Social (MIES) de considerar a la joven madre para un programa en favor de las víctimas de violencia de género.

*Los nombres de la víctima y sus padres han sido protegidos, pero tenemos sus contactos en la provincia de Esmeraldas para instituciones interesadas en ayudar a esta menor de edad y su hijo.

Es importante conservar las evidencias en casos de violación

Quien ha sido víctima de violación sexual no solo debe tener claro que no es culpable y denunciarlo, sino que es necesario conservar la evidencia. El Consejo Nacional de Igualdad de Género en su página web explica cómo hacerlo.

La víctima debe evitar bañarse hasta después del examen médico legal, tampoco debe cambiar la ropa que llevaba puesta.

La entidad recomienda acudir a una unidad de salud o puesto de auxilio cercano (Policía, Bomberos, UVC, teniente político). Añade que quien fue violada en su hogar debe buscar un refugio seguro y pedir ayuda a una persona de confianza.

Si la víctima fue forzada a tener sexo oral, debe evitar tomar líquidos o alimentos antes de que recojan las muestras.

Si acude a una casa de salud debe informar que fue violada y permitir que la médica o médico la examine para que registren evidencias, curen heridas y se aplique tratamiento para prevenir infecciones de transmisión sexual. Una víctima de violación sexual puede exigir la pastilla de anticoncepción de emergencia, su eficacia es antes de 72 horas. La casa de Salud debe notificar a la Fiscalía para que se recepte la denuncia.

Una víctima también puede denunciar directamente ante el Ministerio Fiscal (Policía, Comisaría de la Mujer, Comisaría, Tenencia Política, Fiscalía). No necesita de un abogado, ni de ningún documento de identidad para realizar su denuncia por violación sexual. Los trámites son gratuitos.