‘Estamos en una situación crítica’, afirma activista indígena sobre actividad minera ilegal en territorio cofán

Por luchar contra una mina de oro en Ecuador, los criadores ilegales de gambas en Indonesia o un proyecto petrolero en Uganda, Álex, Daniel y Abdulaziz han sido blanco de violencia y represión.Días después de que la oenegé Global Witness reportara casi 200 asesinatos de activistas medioambientales el año pasado, en su mayoría en Sudamérica, la AFP recoge los testimonios de tres personas que arriesgan sus vidas por defender el planeta.Álex Lucitante, un líder del pueblo indígena cofán en la frontera entre Ecuador y Colombia, ganó en 2018 un caso judicial contra empresas mineras en la Amazonía que anuló 52 concesiones para la extracción de oro.Con esa victoria histórica se granjeó la concesión hace dos años del Premio Medioambiental Goldman, considerado el Nobel de los defensores del planeta.Pero aunque puso en marcha un sistema de patrullas y de vigilancia con drones, no ha podido evitar que los buscadores de oro continúen violando su territorio.“Actualmente estamos en una situación bien crítica”, afirma Lucitante, quien evoca la actividad de minería ilegal, deforestación o las amenazas de grupos armados.“Esto pasa frente a la vista de las instituciones de Gobierno, a la vista de la fuerza pública, y que no están haciendo absolutamente nada”, denuncia este activista.El militante llama a los líderes globales a escuchar “las voces de los territorios” y atender a su trabajo por “defender estos espacios de vida”.Daniel Frits Maurits Tangkilisan fue atacado, arrestado y perseguido por su activismo para proteger un parque nacional en Indonesia, pero su compromiso se mantiene firme.“¿Por qué tener miedo? ¿Por qué echarse atrás? Tu hogar debería defenderse”, afirma a la AFP este hombre de 51 años desde Yakarta, donde espera una nueva sentencia en los procedimientos legales contra él.Nacido y criado en la capital indonesia, “se enamoró a primera vista” del remoto Parque Nacional Islas Karimunjawa cuando descubrió el lugar en 2011 y decidió instalarse allí.Daniel empezó a notar el impacto cada vez mayor de los criaderos ilegales de gambas, que empezaron a proliferar alrededor de 2017.Los vertidos de estas granjas matan las algas de la zona y expulsan a la fauna marina lejos de la costa en detrimento del sustento vital de las comunidades pesqueras, afirma.En 2022, Daniel ayudó a poner en marcha el movimiento #SaveKarimunjawa (#SalvarKarimunjawa), que pedía prohibir estos criaderos de gambas.Pero su activismo lo convirtió en objetivo: recibió amenazas, fue asaltado e incluso estrangulado. Otros compañeros de lucha también recibieron amenazas de muerte.En diciembre de 2023 fue arrestado bajo una acusación de discurso de odio en una publicación en Facebook en la que criticaba las granjas ilegales de gambas. En abril, un tribunal local lo condenó a siete meses de cárcel.La sentencia fue tumbada en apelación, pero la fiscalía llevó el caso a la Corte Suprema, insistiendo en que Daniel no podía ser reconocido como un activista medioambiental.“Es un precio que tienes que pagar”, dice Daniel sobre las amenazas y las causas judiciales.Pero su lucha también ha brindado algunos éxitos: recientes inspecciones del Gobierno forzaron el cierre de muchos criaderos ilegales.“Tenemos una responsabilidad hacia nuestros niños, nuestros nietos y las futuras generaciones”, asegura. “Si te rindes (...), dices adiós a tu futuro”.Abdulaziz Bweete se crio en Kawempe, una barriada de la capital ugandesa, Kampala. Allí observó de primera mano el devastador impacto del cambio climático en las comunidades más pobres.“Crecí viendo inundaciones a mi alrededor, pero no me interesé en qué causaba las inundaciones”, explica a la AFP .Pero dos hechos infundieron en el joven de 26 años un espíritu de lucha: ir a la universidad y ver la respuesta del Gobierno ugandés a las protestas climáticas.Bweete formaba parte de un grupo de estudiantes que organizaron una marcha hasta el Parlamento en julio con una petición para frenar un proyecto petrolero multimillonario que, según los activistas, impactaría gravemente un delicado entorno.Él y otros jóvenes fueron arrestados, acusados de asamblea ilegal y retenidos en una prisión de máxima seguridad de Kampala hasta agosto. Bweete afirma también que él y otros manifestantes fueron golpeados por la policía.“Todo lo que puedo decir es que la prisión es un infierno en la Tierra”, dice el activista, que ya había sido previamente encarcelado y arrestado por protestas en la capital.“No tenemos libertad de protestar en este país”, afirma, observando inquieto a su alrededor durante una entrevista en el campus de la Universidad Kyambogo.Las manifestaciones en Uganda, gobernada desde hace cuatro décadas con mano de hierro por el presidente Yoweri Museveni, suelen ser respondidas con fuerza por parte de la policía.Para Bweete, la lucha política y contra el cambio climático van de la mano.“Si tenemos buenos líderes, podemos tener buenas políticas climáticas. Esto es una larga lucha, pero estamos determinados a ganar”, afirma. (I)

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