Quedó sentado por escrito que el Ministerio de Salud Pública (MSP) y los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) municipales están legalmente facultados para efectuar convenios que les permitan adquirir vacunas para inmunizar a la población en la lucha contra la pandemia del COVID-19.

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Así expuso la Procuraduría General del Estado en su pronunciamiento oficial, que emitió la noche del martes 16 de marzo, ante dos preguntas referentes al tema que hizo el Ministerio de Salud Pública (MSP), el 13 de marzo, ente sanitario al que le aumentaban los pedidos de los municipios para que el Gobierno ecuatoriano les permita negociar directamente con las farmacéuticas para importar las dosis para sus localidades. A nivel mundial, las firmas productoras solo dialogan con los gobiernos nacionales o con el organismo rector de la salud en cada nación.

Y aunque ya está el aval, hay condiciones que cumplir para efectuar estos convenios, según el pronunciamiento de la Procuraduría, firmado por su titular, Íñigo Salvador Crespo. Una es que todo deberá efectuarse bajo las condiciones del órgano rector, que en este caso es el MSP. Adicionalmente, los municipios deberán contar con el permiso de importación, registro sanitario y otros requisitos establecidos por la autoridad sanitaria nacional, el MSP.

Y, ¿qué sigue ahora?, ¿cuáles son los pasos para lograr aquello?

Autoridades de varios municipios esperaban reunirse para definir las acciones a seguir. En el caso del cabildo de Guayaquil, la alcaldesa Cynthia Viteri planteó una demanda, el martes 16, para exigirle a la farmacéutica estadounidense Pfizer y al MSP que les vendan también las vacunas a los gobiernos seccionales, y ella espera la respuesta de una jueza.

De ahí, antes del pronunciamiento de la Procuraduría, el MSP ya había anunciado tres pasos a seguir para que los municipios puedan acceder a la compra de las vacunas directamente con los laboratorios. Una era la solicitud formal al MSP, con una carta oficial emitida por el productor (farmacéutica/laboratorio) en la que se establezca el tipo de vacuna y la disponibilidad, para continuar con la aprobación de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa).

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Una vez que el cabildo presente la solicitud se daría un procedimiento expedito por parte del Arcsa, del que hasta ayer se desconocía. Voceros locales indicaron, este martes 16, que solo el MSP estaba autorizado como vocero para hablar de todo el tema de vacunación. El MSP no respondió hasta el cierre de esta edición.

Otra de las condiciones es que las vacunas tengan la aprobación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de la Agencia de Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) o de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA). Y, por último, que las vacunas sean gratuitas para toda la población.

¿Para qué sirve el pronunciamiento de la Procuraduría?

“La Procuraduría establece varios condicionamientos, que es la novedad. Los condicionamientos son la rectoría de las políticas y la regulación de los planes de vacunación que hagan los GAD, tienen que estar a cargo del organismo rector que es el Ministerio de Salud Pública (MSP), es decir, los GAD tienen que subordinarse en cuanto a regulación y en cuanto a emisión de política de vacunación a lo que diga el MSP, lo cual efectivamente es así”, afirma Stalin Raza, abogado constitucionalista, quien sostiene que aquello de efectuar convenios estaba también establecido claramente en la Constitución y en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial (Cootad).

Con estos pasos y acciones que deben cumplir los municipios, él no sabe qué tanto interés les pueda quedar a los cabildos para seguir adelante con la importación de las vacunas.

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“Lo que sí podría decirse que es interesante de este pronunciamiento de la Procuraduría es que le dicen a los municipios que pueden además utilizar los recursos públicos que están destinados en sus presupuestos, en los de los GAD, para (el rubro de) ayuda social, los pueden destinar (ahora) a la compra, a la adquisición de vacunas y esto sí solventa un problema que tenían los GAD, porque al tener una planificación presupuestaria, si los municipios invierten para rubros que no estaban previstos en el presupuesto, eventualmente estarían incluso cometiendo delito quienes disponen que esos fondos se empleen así. Así que eso sí les abre una posibilidad, pero siempre bajo la rectoría del MSP”, sostiene Raza.

El médico Fernando Sacoto, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública del Ecuador y director de la Maestría de Salud Pública de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), dice que hay un problema de fondo que no se está tomando en cuenta en estos momentos.

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“Me parece que no se está identificando con toda claridad que hay una situación mundial en la que usted tiene una sobredemanda mundial y tiene una limitada capacidad de oferta. En este contexto tan restrictivo, ni siquiera es si es que en un momento dado diversas instancias pueden o no acceder a las vacunas. El asunto es si hay la disponibilidad de producción de la vacuna, porque la totalidad de la producción del año 2021 fue ya negociada con anterioridad con países con mayor poder económico y eso es un problema de desigualdad en cuanto a la salud pública del acceso a la vacunación, que es un bien de salud pública”, sostiene Sacoto.

Él y otros médicos consultados por este Diario dicen que los municipios se han visto obligados a pedir importar vacunas por su cuenta ante las “negociaciones tardías”, fallas y la poca transparencia e información que se ha mostrado hasta el momento en el proceso de vacunación, donde todavía “no hay un calendario concreto” de la llegada de vacunas y “que no esté sujeto a cambios”.

Por ello, expertos médicos y constitucionalistas indican que es momento de aunar esfuerzos y no pelear o de presentar recursos o demandas internacionales a las farmacéuticas, ya que incluso el Estado ecuatoriano podría salir afectado, pues las firmas podrían parar o dejar de lado la negociación ya existente. (I)