En Ecuador, los ciudadanos podrían enfrentar juicios de coactiva, un proceso legal mediante el cual instituciones públicas pueden cobrar deudas pendientes sin necesidad de iniciar un juicio ordinario en tribunales.

Este procedimiento es utilizado por entidades del Estado para recuperar valores adeudados por impuestos, multas, créditos o aportes. Sin embargo, las personas que enfrentan un proceso de coactiva también tienen derechos y alternativas para resolverlo.

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Entre las entidades que pueden iniciar este proceso están, por ejemplo:

  • El Servicio de Rentas Internas (SRI)
  • El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)
  • Municipios y gobiernos locales
  • Empresas públicas y bancos del Estado

Cuando una persona o empresa no paga una obligación dentro del plazo establecido, la institución puede iniciar la coactiva para recuperar el dinero.

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Aunque la coactiva es un mecanismo de cobro, los ciudadanos no pierden sus derechos dentro del proceso. Entre los principales están:

  1. Derecho a ser notificado: La institución debe notificar formalmente el inicio del proceso y detallar la deuda.
  2. Derecho a revisar la deuda: La persona puede solicitar información sobre el origen, monto e intereses de la obligación.
  3. Derecho a presentar reclamos o recursos: Si se considera que la deuda es incorrecta o injustificada, se pueden presentar impugnaciones o recursos administrativos.
  4. Derecho a solicitar facilidades de pago: Muchas instituciones permiten acuerdos de pago o refinanciamiento de la deuda.

¿Cómo se puede solucionar una coactiva?

Para solucionar un juicio de coactiva, una de las opciones más directas es pagar la deuda, lo que permite cerrar el proceso de forma inmediata. Si la persona no puede cancelar el monto completo, también puede solicitar un convenio de pago, ya que muchas instituciones públicas permiten acordar cuotas para facilitar la regularización de la obligación.

Otra alternativa es impugnar la deuda si se detecta algún error o si la obligación ya fue cancelada anteriormente, mediante un reclamo administrativo o judicial.

También es recomendable revisar si la deuda ha prescrito o si existen errores en el cálculo, ya que en algunos casos los valores reclamados pueden contener inconsistencias que deben ser corregidas. (I)